Pero no es una fecha tope, ya que a la vez el acuerdo incluye que «se deberán tener en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros». En sus conclusiones sobre la estrategia de salida de los planes de relanzamiento económico y la vuelta al equilibrio presupuestario, el Ecofin considera que además de la supresión de las incitaciones económicas y fiscales, se necesita un esfuerzo importante en las políticas de saneamiento de las finanzas publicas, para frenar el crecimiento de la deuda y volver a tener unas cuentas sanas.

Por otro lado, la mejora de las finanzas públicas debe ir a la par con la intensificación de las reformas estructurales, que debería favorecer el potencial de crecimiento de la producción.

El ministro sueco, que presidía la reunión, Anders Borg, explicó que «la recuperación por ahora es frágil y necesita de apoyos, pero también tenemos que preparar las estrategias de salida de esta situación». El Ecofin cree que la actividad económica ha dejado de caer de manera brusca, los mercados financieros se han estabilizado y renace la confianza.

Por lo tanto, aprobó que esa estrategia de salida de los estímulos se realice de manera coordinada, junto a la supresión en el momento oportuno de los estímulos económicos. Teniendo en cuenta los desafíos futuros, el Ecofin acordó que esos planes de saneamiento deben ser ambiciosos y superar «por lo menos el 0,5% del PIB por año». El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que sustituyó a la ministra Elena Salgado, explicó a sus colegas que «España ya esta tomando las medidas adecuadas para corregir la situación», refiriéndose a los Presupuestos que presentó ayer Salgado.

La norma afectará a todos los países de la UE, como ocurre en la actualidad. Formará parte del cambio de base de la contabilidad nacional, que ahora se denomina SEC-95 (Sistema Europeo de Cuentas). Son ajustes que los institutos de estadística realizan para incorporar nuevas actividades y criterios.

En el caso de la economía ilegal, algunas estimaciones sitúan su valor en dos o tres puntos del PIB. Es decir, una vez que se incluyan esas actividades, el volumen del PIB de los países de la UE subirá en torno a ese porcentaje. Ello tendrá implicaciones, por ejemplo, en la contribución que los países hacen al Presupuesto de la UE en base al denominado cuarto recurso (renta nacional bruta). Al elevarse el PIB, la contribución aumentará, aunque en otras ocasiones en que se ha producido una revisión, los efectos han sido neutros. En la actualidad, la contabilidad nacional se calcula con la base 2000. La siguiente será la base 2008, que incluirá, además de la economía ilegal, datos que España ya calcula, como precios de importación y exportación.

El devastador informe -elaborado por la verde danesa Margrete Auken- fue aprobado por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos ya habían sido escuchados hasta la saciedad en la Comisión de Peticiones. Sólo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.

La resolución no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a “todas las administraciones, central, autonómicas y locales” responsables de un “desarrollo insostenible” con gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos. Remata todo el cuadro “la falta de confianza generalizada (…) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia”.

El informe pide cambios ya pedidos infructuosamente en 2005 y 2007. Para que las autoridades se lo tomen esta vez en serio insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento a hacer pagar a España en caso de nuevo desentendimiento. Recuerda Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que “la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales” a los Estados que incumplan la legislación comunitaria y que el Parlamento “puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa”.

Topolanek, que tiene previsto hoy presentar su dimisión de la jefatura del Gobierno tras perder el martes una moción de censura en el Parlamento checo, calificó de “camino hacia el infierno” el nuevo plan de reactivación económica estadounidense.

La polémica dejó en un segundo plano incluso su promesa de hacer todo lo posible para que su país ratifique el Tratado de Lisboa de la UE.

La perplejidad de los europarlamentarios se vio además acrecentada por el hecho de que la política económica de Washington recibiera el mismo martes un elogio masivo del primer ministro británico, Gordon Brown, anfitrión de la cumbre del G-20 que tendrá lugar la semana que viene en Londres.

“Nunca en los últimos años tuvimos un Gobierno estadounidense que se esforzara tanto, en todos los niveles, por cooperar con Europa para lograr la estabilidad financiera”, valoró entonces el premier.

Justo lo contrario de la dura crítica con que Topolanek asumió la política de crisis impulsada por Washington. Las ayudas del Gobierno de Barack Obama terminarán por socavar la estabilidad de los mercados financieros de todo el mundo, y el dinero necesario para financiarlas saldrá de la venta de armas, denunció.

Después de sólo tres meses de presidencia de la UE, el político de dos metros de alto y 52 años recibió una dura respuesta por parte del Parlamento.

“No refleja el nivel con el que la UE debe actuar ante Estados Unidos”, le dijo un irritado Martin Schulz, presidente de la facción socialdemócrata, que no dudó en acudir a un ataque más personal: “Usted no habla en nombre de la UE, habla por sí mismo”, le espetó. “No ha entendido cuál es la tarea de la presidencia del Consejo de la UE”.

El conservador checo Topolanek evitó una escalada de respuestas mutuas: “No cometeré el error del señor Silvio Berlusconi”. Hace seis años, el jefe de Gobierno italiano dijo en tono de broma a Schulz que tenía el perfil ideal para encarnar un papel en una película de campos de concentración, lo que desató otro considerable escándalo en el Parlamento Europeo.

Topolanek no pudo informar a los europarlamentarios qué ocurrirá con la presidencia del bloque después de perder la moción de censura en Praga. El tiempo que su coalición de centroderecha pueda seguir en el Gobierno depende ahora sobre todo del presidente euroescéptico Vaclav Klaus.

En todo caso, la caída de un Gobierno que ocupa la presidencia rotativa de la UE no representa una situación del todo nueva: ya ocurrió en 1993 con Dinamarca y en 1996 con Italia.

Respecto al Tratado de Lisboa, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, urgió “a todos los líderes políticos del país a no tomar como rehén el Tratado de un conflicto de política interna”.

El viceprimer ministro checo, Alexandr Vondra, reconoció en ese mismo marco que la crisis política en su país “complica” la ratificación del Tratado de Lisboa y advirtió de que su aprobación en el Senado de Praga “no va a ser ni mucho menos fácil”.

Para el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, la caída del Gobierno de Topolanek ha hecho la situación “más difícil”, pero confió en que el primer ministro “hará su trabajo” y permitirá que salga adelante el Tratado.

“Sería trágico para Europa que el Tratado fracasara”, subrayó Pöttering.

“Ya hubo cambios de Gobierno en otras presidencias europeas. Yo no veo todo tan negro”, recordó por su parte Topolanek.

El procedimiento por déficit excesivo es un mecanismo automático que la Comisión está obligada a poner en marcha con los países díscolos en materia presupuestaria, y España ya sabía que sería objeto de expediente, tal y como reconoció la semana pasada el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

El Gobierno justificó entonces el sobregasto por las medidas de choque contra la crisis y por el aumento de las prestaciones por desempleo. Pero Bruselas estima que esos argumentos son insuficientes: «No se puede decir que el déficit [español] sea el resultado de un brusco descenso económico, porque el crecimiento del PIB [en el 2008] todavía era positivo. El exceso sobre el 3% tampoco es temporal», asegura la Comisión, que augura que el desfase presupuestario llegará al 6,2% este ejercicio (el Gobierno espera que no sobrepase el 5,8%) y que seguirá en el 2010 en el entorno del 5,7% (el 4,8%, según las previsiones del Ejecutivo español).

Salidas a la crisis.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Joaquín Almunia, instó ayer a España, y también a Francia, que se encuentra en una situación similar, a tomarse el 2009 como «un año de estímulo», para que en el 2010 puedan «consolidar» la salida de la crisis.

A juicio de su departamento, las medidas adaptadas hasta ahora por el Gobierno español, «que incluyen recortes de impuestos, proyectos de inversión que alcanzan el 2,2% del PIB en el 2009, así como una serie de reformas estructurales», están en la línea de las recomendaciones comunitarias y del Plan de Recuperación Económica pactado por los Veintisiete en diciembre pasado.

Sin embargo, Almunia hace varias recomendaciones a España, entre ellas que ejecute esas medidas sin agravar la situación presupuestaria prevista para este año; que emprenda el planeado ajuste estructural previsto para el 2010; y que controle la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento. Almunia presentará estas recomendaciones a los Veintisiete en un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se celebrará a principios de abril en Praga, y España deberá asumirlas si el resto de socios así lo aprueban.

Multas.

En el caso de que un país no siga las instrucciones para salir del sobredéficit, la Comisión puede proponer a los Veintisiete que le castiguen con cuantiosas multas económicas. Pero Almunia advirtió ayer que, vista la situación de crisis que atraviesan prácticamente la totalidad de los Estados miembros, «nadie está pensando en sanciones». «En una recesión, el pacto no se refiere solo a las sanciones. Por favor, no expliquen a los ciudadanos que para implementarlo estamos hablando de sanciones», dijo a los periodistas.

La legislación vigente, que data del año 2002, no obliga a indicar el origen de este tipo de aceites sino que establece que se puede hacer voluntariamente. Bruselas considera que esto ha demostrado ser “insuficiente para evitar que los consumidores sean engañados sobre las auténticas características y origen de ciertos productos”.

Como resultado de las tradiciones agrícolas y de las prácticas locales de extracción y mezcla, este tipo de aceites pueden tener diferente sabor y calidad dependiendo de su origen geográfico, según destacó la Comisión. Por ello, Bruselas considera imprescindible indicar el origen del aceite en las etiquetas.

La norma aprobada exige que los aceites procedentes de un solo país lleven el nombre del Estado miembro, o del país tercero donde se produce o de la UE. Las mezclas deberán etiquetarse como “mezcla de aceites de la UE”, “mezcla de aceites de fuera de la UE” o “mezcla de aceites comunitarios y extracomunitarios”.

Algunos términos como afrutado, verde, maduro, suave o equilibrado –que han sido recientemente definidos por el Consejo Internacional de la Oliva– también podrán usarse en las etiquetas del aceite de oliva virgen o virgen extra si respetan las correspondientes definiciones.

La nueva normativa, destacó la comisión, completará las reglas para los aceites protegidos por denominaciones de origen y su objetivo es dar más garantías a los consumidores de que lo que compran se corresponde con sus preferencias o expectativas.

El Ejecutivo comunitario propone reforzar la competitividad al considerar que una parte del precio de los alimentos se debe a causas poco acordes a la unidad de mercado que Europa propugna: restricciones normativas, competencia insuficiente y especulación. Estima que de esta forma contribuirá a que los consumidores se puedan beneficiar de los descensos cuando se producen y no cuando les conviene a los intermediarios. Quiere por ello que se eliminen las restricciones a la implantación de supermercados, la prohibición de todo género de prácticas que permiten a industriales y distribuidores limitar la competencia y la desaparición de los límites fijados para la reventa a pérdida. Las primeras propuestas concretas tomarán carta de naturaleza a comienzos del próximo año.

La propuesta se produjo horas antes de que la UE encare hoy y mañana en Bruselas una cumbre complicada de los jefes de Estado o de Gobierno en la que se abordará el plan de relanzamiento económico de 200.000 millones de euros, la aprobación del paquete legislativo de la energía y el cambio climático y la solución a los problemas creados por el ‘no’ irlandés al Tratado de Lisboa.

Los medicamentos genéricos son copias de otros cuyas patentes expiraron y se venden a precios inferiores de los “originales”, por lo que su uso constituye un argumento de peso para tratar de aliviar el déficit de los sistemas sanitarios europeos.

Cada europeo gastó una media de 430 euros en medicamentos en 2007, es decir un mercado total para la Unión Europea (UE) de 214.000 millones de euros anuales.

Teniendo en cuenta que el costo de un tratamiento se reduce al menos un 20% si se utilizan medicamentos genéricos, el ahorro podría ser de magnitud.

“La entrada de las empresas de genéricos en el mercado y la producción de nuevos medicamentos más asequibles se ven a veces obstaculizadas o retrasadas, provocando costos sustanciales en los sistemas de salud, los consumidores y los contribuyentes”, afirmó la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.

Con estas palabras, Kroes sacaba las primeras conclusiones de una investigación en el sector farmacéutico lanzada a mediados de enero con operativos en diferentes grandes grupos, entre ellos el francés Sanofi-Aventis, el suizo Sandoz y los británicos GlaxoSmithKline y AstraZeneca.

Bruselas envió luego cuestionarios detallados a muchos actores del sector, desde laboratorios que fabrican los medicamentos hasta las farmacias que los venden, pasando por médicos, pacientes y autoridades sanitarias.

Sobre una muestra de 219 moléculas examinadas, el lanzamiento más rápido de genéricos habría permitido ahorrar 3.000 millones de euros en el período 2000-2007, según la Comisión Europea, que critica “estrategias defensivas en materia de patentes”.

Ganar unos meses más de exclusividad puede aportar grandes ingresos, en particular para un ‘blockbuster’, como se conoce a los medicamentos que venden por más de 1.000 millones de euros anuales.

Por ello, todos los medios son buenos, denuncia Bruselas, enumerando el depósito de múltiples patentes para una misma molécula, recursos judiciales abusivos, presiones sobre las autoridades nacionales para impedir la autorización de un genérico e incluso pagos para convencer a un competidor de renunciar al mercado.

“Si estoy en una situación privilegiada y sé que usted va a entrar en mi jardín, entonces trato de llegar a un acuerdo: usted obtiene un poco de dinero y se queda fuera de mi jardín”, resumió Neelie Kroes, al explicar esas prácticas.

Estas acusaciones fueron rechazadas desde la Federación Europea de Industria Farmacéutica, que habló de “viejos mitos”.

Se trata de aplicar el principio de reciprocidad, que significa que si una empresa extranjera quiere tomar una participación en una red energética europea debe permitir que las compañías europeas puedan a su vez comprar también sus redes de transporte. El objetivo de esta cláusula es garantizar la seguridad del suministro. Este acuerdo del Consejo está pendiente todavía de su ratificación por parte del Parlamento Europeo.

El comisario europeo para los Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, precisó ayer sus declaraciones del jueves en las que no se opuso a la entrada de la petrolera privada en Repsol, siempre que se den “condiciones de reciprocidad” y “condiciones financieras o estratégicas que se puedan aceptar”. Almunia señaló que la petrolera rusa debe recibir un “trato de igualdad”, del mismo modo que los inversores españoles deben ser tratados en otros países. “Es lógico que haya trato de igualdad para unos inversores y otros”, “también para los inversores españoles cuando van a otros países”.

El portavoz de Energía, Ferrán Tarradellas, manifestó ayer que, “en este momento” la Comisión no ve “problemas de seguridad de suministro en Repsol, aunque se está “estudiando atentamente el caso”. En cualquier caso precisó que “la cláusula se aplica a las redes de transporte de energía y no a las empresas que producen o venden energía”.

De todas maneras, en la posible compra de Repsol por parte de Lukoil puede ser perceptiva la autorización de la Comisión Europea, si la operación supone el control de la compañía adquirida, (mayoría de capital o del consejo) dado que el volumen de negocio conjunto de ambas empresas en el mundo supera los 5.000 millones de euros.

Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia están configuradas en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC), que entró en vigor en 1997 y se complementó en 2005 con cuatro espacios comunes (economía; libertad, seguridad y justicia; seguridad exterior e inversión educación y cultura). La UE y Rusia quieren sustituir este acuerdo por otro más ambicioso que refleje la creciente interdependencia entre Rusia y la UE sobre todo en energía y economía. Las negociaciones se “aplazaron” el pasado verano a raíz de la guerra de Georgia pero a mediados de noviembre la UE acordó su reanudación. La primera reunión está prevista para el 2 de diciembre.

Las relaciones de comercio e inversión entre la UE y Rusia son sustanciales y crecientes y forman parte del interés mutuo su mantenimiento. Rusia es el tercer socio comercial más importante de la UE con unos intercambios que crecen a un ritmo del 20% anual. Por una parte la dependencia energética europea de Rusia es significativa (23% del consumo de gas; 24% de petróleo; 12% de carbón y 35% de uranio enriquecido).

A su vez, la Unión es el mayor inversor extranjero de Rusia, hasta el punto de que la inversión acumulada representa el 80% del total. Sin embargo, en el caso del gas la dependencia ha descendido sustancialmente desde los años 80.

Las importaciones de Rusia han pasado del 80% al 40% actualmente, según un estudio del European Council on Foreigns Relations.

Sin duda, la interdependencia en el campo de la energía (importancia del suministro para Europa y relevancia de los ingresos para la economía rusa) son el núcleo central de las relaciones entre ambos socios. Estas relaciones serían mucho más claras y fluidas para ambas partes si Rusia hubiera ratificado la Carta de la Energía que firmó en 1994.

La Carta de la energía garantiza un marco claro y fiable para las inversiones recíprocas y permite el uso de las respectivas redes de transporte entre los países firmantes.

Según los cálculos de Eurostat, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro se contrajo en el tercer trimestre un 0,2 por ciento, después de haber registrado un retroceso idéntico en el segundo trimestre.

Esta situación, según la agencia de noticias Bloomberg, allana el camino a nuevas reducciones de tasas de interés e impuestos en medio de la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión.

Los dos trimestres de contracción -consecuencia del aumento del costo del crédito de este año, así como del fortalecimiento del euro y del precio del petróleo- marcan la primera recesión desde que se introdujo la divisa única hace casi 10 años.

Los consumidores y las empresas están sintiendo los efectos en momentos en que se deterioran las ventas, las ganancias y las contrataciones, lo que ha obligado al Banco Central Europeo (BCE) a embarcarse en la ronda de reducción de tasas más veloz de su historia y llevado a los gobiernos a presentar programas de estímulo fiscal.

Dado que las economías de Asia y los Estados Unidos también enfrentan dificultades, los gobernantes de los países más grandes del mundo se reúnen mañana en Washington para analizar formas de limitar el impacto de la caída.

La contracción durante dos trimestres consecutivos es considerada por expertos como una recesión técnica, según un despacho de la agencia alemana de noticias DPA.

La contracción fue mayor en Alemania, el motor económico de la zona euro.

Después de un descenso de 0,4 por ciento en el segundo trimestre, la economía alemana decreció en el tercer trimestre en un 0,5 por ciento, sobre todo por el descenso de las exportaciones.

Esto ya había sido confirmado ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas con sede en Wiesbaden.

Las cifras son iguales en el caso de Italia (un retroceso del 0,4 por ciento en el tercer trimestre y del 0,5 en el segundo) y los expertos pronostican un estancamiento económico para 2009.

Por el contrario, el PIB de Francia, otra de las economías de peso en Europa, creció un 0,1 por ciento en el tercer trimestre, después de una caída de 0,3 por ciento en el segundo.

“Ésta es una buena noticia”, sostuvo la ministro de Economía francesa Christine Lagarde, para quien los datos del PIB muestran que “las políticas que puso en marcha el gobierno están comenzando a tener efectos”.

Según los datos que proporcionó Lagarde, los motores del crecimiento en el tercer trimestre fueron el consumo privado, que subió un dos por ciento en el tercer trimestre, y la inversión de la empresas. Ellas se encargaron de que Francia se enfrente de una mejor manera que, por ejemplo, Alemania o Gran Bretaña.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) Francia tampoco podría salvarse de una recesión y señalaron que la economía francesa caerá en 2009 en un 0,5 por ciento.

La economía española, la cuarta en envergadura, se contrajo por primera vez en los últimos 15 años, en un 0,2 por ciento, tal como informó hoy desde Madrid el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según los expertos, la tendencia a la baja persistirá. La causa de la caída sería el desplome del consumo, como así también la persistente crisis financiera.

Durante el año pasado, la economía española había crecido un 3,8 por ciento. Los expertos atribuyeron la recesión al colapso de la industria de la construcción en el país ibérico.

En el caso de Reino Unido, fuertemente golpeada por la crisis financiera, Eurostat informó que su PIB cayó un 0,5 por ciento en el tercer trimestre. Sin embargo, Gran Bretaña no pertenece a la eurozona.

Sólo la economía eslovaca creció en el tercer trimestre en un 1,5 por cierto en relación con el trimestre anterior, aunque el país pasará a formar parte de la zona euro sólo a partir de 2009.

Aunque el PIB europeo creció en un 0,7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2007, las cifras fueron inferiores a las de los meses anteriores.

En el segundo trimestre de 2008, la zona euro había crecido en un 1,4 por ciento en relación con el año pasado, y en un 2,1 por ciento en el primer trimestre.

En el conjunto de los 27 países miembros de la UE, el PIB del tercer trimestre se contrajo, igual que en la zona euro, en un 0,2 por ciento.

Eurostat había estimado un estancamiento económico del cero por ciento en el segundo trimestre. Estonia, con una caída de uno por ciento, fue el país más afectado.

La tasa de inflación de la zona euro en octubre subió un 3,2 por ciento, estimó Eurostat. En comparación con el año pasado, los precios subieron en septiembre en un 3,6 por ciento. En toda la UE, la inflación bajó del 4,2 por ciento en septiembre al 3,7 por ciento en octubre, debido sobre todo a la caída de los precios de petróleo.

El Parlamento alemán acaba de aprobar un paquete de estímulos económicos por 12.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) propuesto por la canciller alemana Ángela Merkel en medio de las preocupaciones de que el deterioro económico continúe durante 2009.

Asimismo, el Comisionado de asuntos monetarios y económicos, Joaquín Almunia, advirtió el pasado 3 de noviembre que hay riesgos de que el crecimiento económico se mantenga en el cuadrante negativo como consecuencia de la crisis financiera y el deterioro del mercado inmobiliario europeo.

También hoy, la UE aprobó los planes de rescate financiero bosquejados por los gobiernos de Italia y Finlandia, incrementando a once el número de este tipo de planes de rescate que han recibido el apoyo de Bruselas.

El real decreto que traspone la directiva europea REACH (siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) establece que las empresas que incumplan esta obligación podrán ser multadas con 1,2 millones de euros. Las responsables de las investigaciones y sanciones serán las comunidades autónomas.

Con la nueva reglamentación, se cierran algunos agujeros que había en el control de estos productos, que van desde aditivos a pinturas, pasando por fármacos, fertilizantes y cualquier otra sustancia “no natural”. Hasta ahora, el registro y su control sólo había que hacerlo en el país en el que se fabricaba o empleaba primero, y los demás Estados de la UE aceptaban ese control. En España, Sanidad sólo intervenía si se utilizaban más de 10 kilogramos (una cantidad imposible de alcanzar en el caso, por ejemplo, de algunos aditivos de los que se usan menos miligramos por unidad de producto final). Ahora ya no será así.

El real decreto es consecuencia de una directiva europea aprobada hace casi dos años. Sin embargo, la iniciativa, que sufrió una fortísima contestación por parte de las empresas químicas, perdió durante su tramitación un aspecto que las organizaciones de consumidores y ecologistas consideraban fundamental. En los primeros borradores, aparte del registro y control se obligaba a los fabricantes y a quienes usaban los compuestos a buscar sustitutos menos nocivos para el medio ambiente o las personas, y, si los había, a reemplazarlos.

Pero esa cláusula de seguridad se eliminó del texto final, que se limita a establecer que, lógicamente, la cantidad máxima segura no podrá ser superada, pero evita la comparación con otras alternativas que tuvieran menos riesgos. Por ejemplo, si un conservante tiene un efecto secundario en grandes cantidades, y había otro que servía para lo mismo pero sin esa contraindicación, el texto original obligaba a cambiarlo, aunque fuera más caro.

El ejecutivo de la UE instó a los países a tomar medidas urgentes para estimular la demanda y el empleo, así como iniciativas para apoyar a las familias y a los más perjudicados por la crisis, y les pidió que lo hagan de manera coordinada.

Bruselas también aprovechó la ocasión para recordar al Banco Central Europeo que la política monetaria puede contribuir a incentivar la demanda, una vez que se han moderado las tensiones inflacionistas.

La Comisión presentará el próximo 26 de noviembre un “plan de recuperación” de amplio alcance, con medidas que pueden entrar en vigor rápidamente, para facilitar a Europa la vuelta al crecimiento, pero hoy ya adelantó algunas de sus propuestas.

“Nuestra prioridad es minimizar el impacto en los empleos, el poder de compra y la prosperidad de los ciudadanos”, señaló en rueda de prensa el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

Entre otras ideas, Bruselas plantea impulsar la inversión pública, para compensar la caída de la privada, con especial atención a las infraestructuras de transporte, energía y tecnología.

Para ello, los países pueden usar, en primer lugar, sus presupuestos nacionales, siempre dentro de las reglas del Pacto de Estabilidad -que establece que la política presupuestaria debe orientarse a la estabilidad y fija un límite del 3% del PIB para el déficit público-.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, incidió en que el Pacto ofrece la suficiente flexibilidad para responder a coyunturas difíciles como la actual, sobre todo tras el saneamiento llevado a cabo en la mayoría de países en la anterior fase de bonanza.

“Nos acercamos a una crisis profunda”, ha reconocido Almunia, pero “partimos de la situación presupuestaria más saludable de los últimos diez años, con una media (de déficit público) cercana al equilibrio en la Eurozona y la UE”.

Explicó que, en caso de que el déficit supere el umbral del 3% del PIB y antes de abrir un procedimiento sancionador, la Comisión estudiará si se ha producido por “circunstancias excepcionales” -como la contracción económica actual- y si la desviación es “pequeña y temporal”.

Además del recurso a las arcas públicas nacionales, Bruselas recordó que la UE cuenta con un presupuesto de 350.000 millones de euros para políticas de cohesión para el periodo 2007-2013 y se inclinó por acelerar la ejecución de los programas previstos, así como los pagos a los Estados miembros, para combatir la crisis.

También destacó el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones para aumentar el crédito disponible en el mercado y abogó por incrementar su capital.

Por otra parte, el presidente de la Comisión advirtió de que la lucha contra el cambio climático no puede ser sacrificada por el contexto de crisis e insistió en que la reducción de las emisiones y el aumento de la eficiencia energética son “parte de la solución” a los problemas actuales de la economía.

Propuso, en esa línea, seguir impulsando los vehículos “limpios” y el uso eficiente de la energía en las nuevas construcciones, así como la introducción de incentivos fiscales para fomentar la demanda de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.

Asimismo, para minimizar el efecto de la crisis sobre el mercado laboral, Bruselas propuso ampliar el alcance del Fondo de ajuste a la globalización -destinado, en principio, a facilitar la reinserción de los trabajadores que pierden su empleo por los cambios en los flujos de comercio mundial- e incluso aumentar su dotación.

La Comisión también consideró conveniente elevar hasta 25.000 millones de euros, desde los 12.000 millones actuales, la asistencia financiera (en forma de crédito) que la UE puede ofrecer a un Estado miembro en apuros.

Hungría ha sido el último país en obtener fondos a través de este mecanismo, en su caso por 6.500 millones de euros.

El asunto se trató en un consejo de ministros de Medio Ambiente a petición de Holanda, explicó el titular francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, cuyo país preside la UE este semestre.

Los ministros hablaron de permitir entre 2012 y 2015 el cumplimiento progresivo de los objetivos fijados (rebajar a 130 gramos de CO2 por kilómetro el máximo que los coches nuevos pueden emitir) y de fijar una meta más ambiciosa, para un futuro más remoto (95 gramos por kilómetro).

“Todos hemos reconocido que si no adoptamos ninguna medida en el tema de los vehículos, mal podemos cumplir los objetivos post-Kioto porque somos conscientes de que la mayor parte de las emisiones que tenemos en los países proceden de los gases de los automóviles”, dijo a Efe la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Espinosa señaló que todavía quedan puntos que resolver sobre esta propuesta, como las sanciones a los fabricantes, y la flexibilidad para cumplir los objetivos y facilitar así un acuerdo, algo que apoya España.

La Comisión Europea quiere que ningún coche nuevo emita más de 120 gramos de CO2 por kilómetro a partir de 2012, frente a los 160 gramos actuales, de los que los fabricantes llegarían a 130 gramos con mejores en la tecnología de los motores.

Los 10 gramos adicionales se lograrían con el mayor uso de biocombustibles o avances en otras tecnologías no relacionadas directamente con los fabricantes.

Francia plantea que ese cumplimiento afecte al 60 por ciento de los vehículos de cada fabricante en 2012, y que el porcentaje se incremente progresivamente cada año, hasta obligar a todos los coches nuevos en 2015.

La normativa que limitará las emisiones de los coches exige el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que aún tiene que pronunciarse sobre ella en el pleno.

La propuesta se ha votado ya en las comisiones de Medio Ambiente y de Industria de la Eurocámara, que se pronunciaron, respectivamente, en favor de mantener la fecha de 2012 y aplazarla a 2015.

Los objetivos del triple 20 para 2020 se mantienen, lo mismo que la idea de definir una estrategia comunitaria en la cumbre de diciembre, pero ahora se ha añadido expresamente que el acuerdo deberá tener en cuenta la situación de cada país. El italiano Silvio Berlusconi y el polaco Donald Tusk añadieron por su cuenta que la decisión deberá ser adoptada por unanimidad.

Nicolas Sarkozy aspiraba a lograr en este Consejo Europeo un acuerdo sobre el ritmo a seguir para hacer bueno en 2020 el propósito europeo de recortar en un 20%, con respeto a 1990, las emisiones de dióxido de carbono; conseguir que el 20% de la energía consumida sea de origen renovable, e incrementar en un 20% la eficiencia energética de la UE.

Un total de 10 países se alzaron contra los detalles del plan francés (Alemania, Italia y ocho de la ampliación encabezados por Polonia) por considerarlos insoportablemente gravosos para sus economías. Tusk mantenía ayer el dramatismo de sus razones: “Queremos que haya un plan que permita sobrevivir a los países más pobres de la UE”.

Soluciones apropiadas.

Las conclusiones de la cumbre, reducidas a la mínima expresión de un devaluado párrafo, insisten en la voluntad de mantener los ambiciosos objetivos y dan cuenta de que se ha encargado a la Comisión trabajar a fondo para que en diciembre se pueda decidir sobre las soluciones apropiadas “teniendo en cuenta la situación específica del Estado”.

“El desafío climático es tan importante que no se le puede abandonar por la crisis financiera”, insistió Sarkozy. “Los objetivos siguen siendo los mismos y el calendario, el mismo. Hay que encontrar soluciones para los países que han expresado inquietudes”.

Berlusconi dejó Bruselas aparentemente confortado con esa promesa, a la que añadió la de que había acuerdo para que nada se hiciera en diciembre sin consenso, lo mismo que dijo Tusk, erigido en portavoz de los ocho nuevos socios con grandes reservas.

El análisis publicado ayer por el organismo internacional, que aglutina a 30 economías avanzadas, confirma que en 2006 la presión fiscal en España superó por primera vez la media de estos países. Y que el año pasado siguió creciendo a buen ritmo, hasta situarse en el 37,2% del PIB. Con datos homogéneos (hay que descontar a Australia, Grecia, Japón y Polonia, sin cifras en 2007), la presión fiscal en España aumentó seis veces más (0,6 frente a 0,1 puntos porcentuales) que en el promedio de la OCDE.

Los datos son similares a los que ya publicó el Gobierno, pero es la comparación internacional la que pone en su sitio el avance experimentado por la presión fiscal en España. A diferencia de la última legislatura del PP, en la que el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB apenas repuntó (del 34% al 34,6%), la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó un incremento significativo (del 34,6% al 37,2%). Entre las grandes economías, sólo Italia y EE UU se acercan al aumento de presión fiscal experimentado por España entre 2004 y 2007, superado únicamente por Corea del Sur, Islandia y Portugal entre los miembros de la OCDE.

El organismo advierte que los resultados del informe deben ser interpretados con cautela. La máxima que se ha impuesto en el debate político, que relaciona más impuestos, y por tanto, más presión fiscal con economías menos competitivas no siempre se cumple, resalta la OCDE: “El peso de impuestos y cotizaciones sociales en el PIB son un reflejo de la elección de los Gobiernos en política fiscal, que tiene una función redistributiva”.

Así, Dinamarca se mantiene como el país con una mayor presión fiscal, equivalente al 49% de su PIB. Y es también una de las economías más abiertas del mundo, con una tasa de paro mínima y una gran flexibilidad laboral. Un modelo que se sustenta en la amplia cobertura pública de subsidios de desempleo y otro tipo de ayudas y en el abultado presupuesto destinado a las políticas de orientación laboral.

“Pese a la elevada carga fiscal, las encuestas reflejan regularmente la satisfacción de los daneses con su sociedad igualitaria”, destaca el informe de la OCDE, que contrapone este ejemplo con el caso opuesto: “La baja presión fiscal de México [20,5% del PIB] muestra una falta de políticas redistributivas y dificulta la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructuras necesarias”.

Ese mismo punto de vista relativiza el incremento de la presión fiscal en España. Es cierto que ha aumentado a una velocidad significativa, pero también lo es que está aún muy por debajo del promedio de las economías de su entorno: en la UE, el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB se acerca al 41%. Y los expertos relacionan este dato con las carestías del Estado del Bienestar español.

Recorte de impuestos.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, opone a estas cifras que el alza de la presión fiscal no se debe a nuevas normas del Ejecutivo, sino a que el crecimiento económico ha desbordado los objetivos de recaudación, sobre todo en IRPF (el empleo creció la pasada legislatura un 3% de media) y en el impuesto de sociedades (por el mejor resultado de las empresas). De hecho, el aumento de la recaudación por los impuestos sobre los ingresos y los beneficios explican casi todo el incremento de la presión fiscal en 2007.

El dinamismo económico neutralizó en buena parte el resultado de las reformas del IRPF y el impuesto de sociedades, para las que el Gobierno había estimado un recorte de recaudación de 4.500 millones de euros. Las reformas empezaron a aplicarse en 2007, aunque parte del efecto se retrasa porque la primera liquidación de impuestos tras su aplicación se produce este año. Pero ahora lo importante son los efectos de la crisis económica: el crecimiento del PIB casi se ha estancado, pero la recaudación está en caída libre, lo que augura también un parón en el aumento de presión fiscal.

El polémico punto fue apoyado por 445 votos. Otros 178 eurodiputados -entre ellos los europarlamentarios españoles del PP- rechazaron la declaración antitrasvase. La práctica totalidad votó en contra del párrafo 8, con la excepción del catalán Alejo Vidal-Quadras, quien apoyó el documento y el punto. Los 178 votos en contra que recibió la mención a los trasvases no fueron suficientes para eliminarla del texto, por lo que la delegación popular española rechazó el informe en su conjunto. Para la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez-Cortines, el mensaje de la Eurocámara “genera incertidumbre para el desarrollo económico del Mediterráneo”.

El Grupo Socialista Europeo dio el visto bueno a la resolución, con la excepción de Raimon Obiols, que rechazó el punto antitrasvase. La eurodiputada socialista Pilar Ayala aseguró que el informe del Parlamento Europeo sigue, en el asunto de los trasvases, la línea expresada por la Comisión Europea, que en su último texto con recomendaciones para combatir la sequía consideraba que los trasvases y otras grandes infraestructuras deben ser “la última opción”.

La aprobación del informe echa un jarro de agua sobre la política hídrica que defienden el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y su partido. El informe, sancionado por la Eurocámara, propone mayores tarifas para el agua, “que podría animar a los consumidores a utilizar este recurso de forma más responsable”. El Parlamento Europeo alerta en el informe de que en la UE se podría ahorrar hasta el 40% del agua que se utiliza.

El sondeo, que analiza cuestiones relativas a Europa, refleja que a más de la mitad de los ciudadanos (58 por ciento) le interesan poco o nada los asuntos relacionados con la UE, si bien casi dos tercios (62 por ciento) dice tener una actitud positiva hacia ella.

El documento, entregado al Congreso al día siguiente de la ratificación por parte de esta Cámara del Tratado de Lisboa, también refleja que el paro y la economía siguen a la cabeza de las principales preocupaciones de los españoles.

Además de considerar que ha habido un efecto perjudicial para los precios por estar en la UE, un 54,2 por ciento opina que lo ha sido también para los salarios.

Por el contrario, tres de cada cuatro consultados cree que la Unión modernizado de la sociedad española y ha reforzado el papel de España en el mundo (65,9 por ciento), además de ser beneficioso para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas (48,9).

Madrid y Barcelona, sin embargo, se encuentran entre las 50 ciudades del mundo con más calidad de vida, de acuerdo a otro estudio presentado por el mismo grupo. Las ciudades españolas han caído una posición en la clasificación de este año hasta ocupar los puestos 43 y 42 respectivamente, pero se encuentran mucho más abajo, 69 y 66, en la clasificación que mide la seguridad ciudadana.

La consultora, especializada en Recursos Humanos e inversiones ha realizado estas dos clasificaciones. La primera está dedicada a la calidad de vida en general, mientras que la segunda mide la seguridad ciudadana basándose en parámetros como la estabilidad interna, el índice de criminalidad, la efectividad de la ley y las relaciones con otros países.

El documento sobre seguridad ciudadana puntúa un total de 215 ciudades. A la cabeza se encuentra Luxemburgo, mientras que Bagdad es la peor. Madrid se encuentra empatada con otras siete ciudades, entre ellas Londres, mientras que Barcelona se mantiene por debajo de París (62), Kuala Lumpur (64) y Milán (65).

Ocho de los primeros diez sitios corresponden a ciudades europeas, de las cuales tres son suizas (Berna, Génova, Zurich). Singapur y Auckland, la capital de Nueva Zelanda, se encuentran en la posición nueve y diez, respectivamente.

Zurich encabeza por segundo año consecutivo la lista de la mejor ciudad para vivir. En el otro extremo Bagdad se coloca como la peor urbe. El informe analiza 39 factores relacionados con el entorno social, cultural, económico y político, además de la sanidad, la educación, los servicios públicos y el transporte, el ocio, los bienes de consumo, la vivienda y el medio ambiente.

Las ciudades europeas lideran el ranking de las urbes con mejor calidad de vida. Suiza y Alemania son los países con ciudades que tienen la mejor calidad de vida, cada uno tiene tres ciudades entre las 10 primeras.

La suiza Berna ocupa el noveno puesto por detrás de Zurich y Ginebra, situadas en primera y segunda posición. Dusseldorf, en sexta posición, y Munich y Frankfurt, ambas en el puesto número siete, son las representantes alemanas mejor posicionadas. A pesar de que la lista ha tenido pocos movimientos en el último año, la sorpresa la da Milán, que ha escalado ocho posiciones para pasar de la 49 en 2007 hasta la 41 este año, arrebatando el lugar a Barcelona.

Otras ciudades europeas fuera de las diez primeras posiciones son Copenhague (11), Amsterdam (13), Bruselas (14), Berlín (16) y Luxemburgo (17).En el puesto 25 se encuentra Dublín, la capital irlandesa Dublín, ocupa el puesto 25, seguida por París (32), Barcelona (42) y Madrid (43).

Los datos, basados en las estadísticas de Eurostat, los facilitó ayer el Instituto de Estudios Económicos, vinculado al sector empresarial. De las mismas cifras se desprende que, a pesar del aumento de la presión fiscal, España continúa por debajo de la media de la UE-27 en porcentaje de ingresos fiscales del Estado respecto al PIB. En el 2007 aún estaba 3,9 puntos por debajo de los 44,9% de la media comunitaria y ocupaba el decimoquinto puesto de la lista por este concepto.

En los países de la antigua UE-15 se ha hecho un esfuerzo por reducir la presión fiscal desde el año 2000, aunque en España y Portugal la tendencia ha sido la contraria, con un alza considerable. Los nuevos miembros de la Unión, en cambio, registran en su mayoría un incremento de los ingresos fiscales expresados como porcentaje del PIB.

En el conjunto de la UE, Suecia registró la mayor presión fiscal con el 56%, seguida de Dinamarca (55,1%), Finlandia (52,7%), Francia (49,9%), Bélgica (48,7%) y Austria (47,5%). En todos estos casos la presión fiscal descendió durante el periodo 2000-2007. Por contra, el siguiente de la lista, Chipre (47,2%), lideró el aumento impositivo del periodo, con una subida de 12,5 puntos. Rumanía es el país de la UE con menos peso de los impuestos, el 34%.

Las cifras del último Boletín Petrolero de la UE revelan que el precio de la conocida como euro-súper (de 95 octanos, sin plomo) en España ha crecido el 6,4% desde comienzos de año, porcentaje éste que casi se ve duplicado (el 12,5%) en el caso del gasóleo de automoción, todo ello en precios medios de venta al público.

Ambos porcentajes son los más elevados de los registrados en las principales economías de la UE. Ciertamente, los precios de la euro han crecido más en Lituania, o en Estonia, y el gasóleo A ha sufrido incrementos más importantes este año en Holanda (el 15,7%) o en Bélgica (el 14%), pero Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, es decir, las economías continentales más importantes, observan subidas de los carburantes más moderadas que en España.

Esta peculiaridad -que los precios de los carburantes suban más en este país que en las principales economías de la UE-, constituye una constante histórica. Si en lugar de referir el análisis a comienzos del año en curso nos retrotraemos más, hasta las mismas fechas de hace cuatro años, por ejemplo, encontramos que entre mayo del 2004 y nuestros días, la eurosúper ha subido el 35,3% de precio en España, el diésel de automoción lo ha hecho en el 65,2% y el gasóleo de calefacción ha multiplicado su valor ni más ni menos que por 2,21 veces. En mayo del 2004, el litro de esa gasolina costaba en España (de media) 0,876 euros y ahora está en 1,186. Por entonces, el gasóleo de automoción andaba por los 0,737 euros y ahora se sitúa en 1,218, lo cual no deja de ser un dato a considerar porque refinar gasóleo es más barato que extraer gasolina del crudo.

Especulación

La única explicación plausible de que el gasóleo A esté más caro que la gasolina es la componente especulativa en el mecanismo de fijación de precios que utiliza el sector. Los mercados ’spot’ de crudos y refinados constituyen una referencia -entre otras, pero una referencia a fin de cuentas- para la estrategia de precios de las grandes empresas refineras, como lo son también el estado de los almacenamientos de crudos y refinados en el mundo, (propios y ajenos) las perspectivas de aprovisionamiento, los programas de mantenimiento de instalaciones, etcétera.

Otra tiene que ser la causa de esos precios, que no la que determinan los mercados nacionales, incluso los europeos. Porque el último número del Oil Market Report (OMR) aparecido esta semana da cuenta de una palpable contracción de la demanda, consecuencia de unos precios que están alcanzando cotas desorbitadas. Las previsiones de demanda, tanto para el 2007 como para el 2008, han sido revisadas a la baja. En España, la demanda de petróleo cayó en marzo el 5,8% con respecto al mismo mes del 2007. Las bajadas del gasóleo y la gasolina son aún más importantes: el 11,1% y el 8,7%.

Los países productores aseguran que no están indexando sus precios en función de la evolución del dólar, pero los europeos pagan los carburantes en euros. Cada vez más caros a pesar de que el consumo se retrae por lo prohibitivo del producto y a pesar, también, de que la divisa europea está fuerte con respecto al dólar.

En la extraordinaria ceremonia de la confusión que suele sigue a toda escalada de precios del petróleo, las voces de siempre (las economías desarrolladas y fuertemente dependientes del crudo) están reclamando un aumento de la oferta a la OPEP, para aligerar las tensiones sobre los precios. El OMR de esta semana es, sin embargo, claro: «Los últimos datos y estimaciones sugieren que los mercados de crudo podrían haber estado en posición excedentaria durante los dos últimos meses, y que continuarían así durante el resto de 2008, en tanto en cuanto la OPEP mantenga su producción en los niveles actuales», afirma.

Hay petróleo de sobra en el mercado; el euro está por las nubes con respecto al dólar; la demanda se retrae en Europa y el conjunto de la OCDE; pero los precios siguen subiendo. En España más que en los países principales de la UE.

Mientras, el Ecofin se limita a pedir «transparencia» a los mercados y contención salarial para mantener a raya la inflación. La primera no llega, pero la segunda hace tiempo que está garantizada: los salarios cada vez pesan menos en el PIB, porque la UE transfiere sistemáticamente sobre ellos las desmesuras sucesivas del petróleo.