“El padrón municipal es el registro administrativo en el que constan todos los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, gestión y custodia corresponden a cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos existentes”, asegura Ana Jurado, subdirectora General de Censos y Padrón del Instituto Nacional de Estadística. Tiene reconocido valor científico también para medir la evolución de la población y las migraciones y es la base para elaborar el censo.

No ha habido discusión hasta ahora sobre su funcionamiento y naturaleza. Fue Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas quien dictó en julio de 1997 una instrucción para la inscripción automática de inmigrantes en situación irregular y el PP no ha planteado hasta ahora dudas sobre su naturaleza y funcionamiento. No lo hizo ni siquiera en el reciente trámite de la nueva Ley de Extranjería en las Cortes.

La resolución dictada por Rajoy era tan tajante como que aseguraba que “la misión del padrón es constatar el hecho de la residencia, y no controlar los derechos de los residentes. Y justamente porque ésta es la finalidad del padrón, el artículo 18.2 de la Ley de Régimen Local determina que la inscripción padronal no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función”. Eso decía Rajoy hace 12 años, cuando era ministro.

Sí ha habido responsables políticos que en los últimos años han expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas del padrón y han planteado la necesidad de actualizar su metodología para evitar errores o fraudes.

Por ejemplo, el pasado 17 de junio, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la Comisión Constitucional del Congreso: “No resulta muy difícil empadronarse sin vivir realmente en España; de hecho ocurre con muchísima frecuencia. El empadronamiento se produce hasta por Internet, esa es la realidad, y la conclusión a la que hemos llegado todos después de hacer muchos estudios sobre cómo funcionan los datos que tenemos, que desde luego no son buenos, para reflejar una situación real del fenómeno, tendremos que mejorar esos elementos estadísticos”.

El 9 de octubre de 2008, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo casi lo mismo en el Congreso: “El número de personas empadronadas da cuenta del número de personas que se han empadronado, pero no del número de personas que residen en nuestro país. Una persona puede estar empadronada aquí y ni siquiera haber vivido alguna vez aquí, por una ley que procede de hace muchos años. Deberíamos reflexionar aquí conjuntamente sobre si para poder empadronarse se necesita que una persona vaya físicamente a hacerlo y no lo haga a través de Internet”. De ahí no pasó, admitiendo que es posible que alguien “no haya pisado suelo español” y pueda estar empadronado.

La base legal del padrón es el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local que asegura que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón municipal del municipio en el que resida habitualmente”. Y el 18 aclara expresamente que “la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.

Un informe de los Servicios Jurídicos de la FEMP concluye que “el padrón municipal es una institución de naturaleza estadística”. Añade que “la finalidad básica del padrón no es otra que la de contener la relación de todas las personas que viven efectivamente en el término municipal”.

El Tribunal Constitucional falló en 2003, como consecuencia de un recurso del PSOE, que todas las personas, sean inmigrantes legales o no, tienen derecho en España a asistencia básica, es decir, sanidad y educación. El único sistema de control meramente estadístico y de capacidad es la inscripción en el padrón. Dando por hecho que esa inscripción es posible para residentes legales y para irregulares.

Y sobre la supuesta contradicción entre estar inscrito en el padrón y ser expulsado por estar en situación irregular, el responsable de la Abogacía del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, asegura en el informe emitido esta semana que “la inscripción, tratándose de ciudadanos extranjeros, no acredita la residencia legal de los mismos en el territorio español”.

Es decir, que los municipios pueden conocer sus estadísticas de población con el padrón, pero, al no generar derechos esa inscripción, pueden ser expulsados aunque consten en el padrón. La ley de extranjería precisa que esa inscripción sólo sirve para la prestación de servicios básicos, no para generar derechos de estancia y mucho menos de nacionalidad.

Y el Tribunal Supremo ha fallado en varias sentencias que el empadronamiento no es muestra de arraigo. “No puede afirmarse que el empadronamiento acredite el arraigo”, asegura el alto tribunal en dos sentencias de 2003 y “no puede ser tomado en consideración como acreditativo del arraigo el empadronamiento”, en otra de 2007. Esa reiterada doctrina ha marcado el camino a otras resoluciones de tribunales superiores de justicia para avalar expulsiones de extranjeros irregulares, pese a estar empadronados. Otro ejemplo: el Tribunal Superior de Castilla y León, en una sentencia redactada por el magistrado Francisco Javier Pardo en 2008, asegura tajante que “no es suficiente a los efectos de apreciar el arraigo el mero empadronamiento en un municipio”. Hay sentencias similares en Madrid y Valencia, entre otras comunidades.

Ocasionalmente, algunos tribunales han dado por bueno el empadronamiento para probar el arraigo, pero siempre que esté ligado a otros factores como el puesto de trabajo acreditado.

La otra duda que provoca el registro del padrón es hasta qué punto es una simple inscripción automática o si los ayuntamientos tienen capacidad de poner condiciones o investigar o fiscalizar si se cumplen las exigencias legales. Esa polémica está en el origen de la actuación del consistorio de Vic, avalada por un informe jurídico del despacho de Miquel Roca, que sostenía que los ayuntamientos pueden decidir si el inmigrante es irregular o no. O, mucho más claro, en Torrejón (Madrid) donde se impide inscribirse a extranjeros con visado de turista o a los que señalan como vivienda las que tengan menos de un número determinado de metros cuadrados por persona.

El PP, apoya esta última posición, porque, según su portavoz de inmigración, Rafael Hernando, entiende que con la legislación actual los ayuntamientos tienen margen de comprobación. Por ejemplo, si la ley obliga a empadronar a residentes, no lo puede ser un extranjero que tiene visado de turista.

También, según Hernando, para evitar los “pisos patera” o los falsos domicilios utilizados para empadronamientos masivos. Cita el caso del ayuntamiento de Roquetas (Almería) que detectó cómo una ONG empadronaba en una misma vivienda a centenares de extranjeros irregulares. Explica el portavoz del PP que ese empadronamiento resulta a la larga fundamental como requisito para probar el arraigo y, por tanto, los ayuntamientos deberían establecer ese control.

Esa tesis, no obstante, es rebatida por la doctrina de las reiteradas sentencias citadas.

Esa opinión del PP no la comparte tampoco el jefe de la Abogacía del Estado que sostiene que “en ninguno de los preceptos legales relativos al padrón municipal se impone a los servicios de la corporación local respectiva la comprobación o constatación de la residencia legal del extranjero en territorio español como requisito necesario para su inscripción en el padrón y ello por entender, obviamente, que no es competencia de las corporaciones locales dicha comprobación a los efectos de empadronamiento de personas extranjeras”. Hasta la propia resolución dictada por Rajoy en 1997 como ministro de Administraciones Públicas dice: “El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal. Y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”.

El problema que sí subyace en los empadronamientos es el de la financiación local, ya que los ayuntamientos tienen que asumir como competencias impropias la asistencia a los extranjeros registrados en sus municipios, sin recibir financiación extra del Estado. En cambio, las comunidades sí reciben mayor financiación por incremento de la población empadronada, según el último sistema aprobado, es decir, se benefician de la permisividad en las inscripciones en los municipios.

Ana Jurado, subdirectora General de Censos y Padrón del Instituto Nacional de Estadística, explica que “los datos obligatorios que contiene el padrón municipal se establecen por ley y son nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del documento que lo sustituya”.

Jurado añade en un artículo en la revista Índice que “pocos países en el mundo disponen de registros similares, con la población exhaustiva y actualizada residente en el país, salvo cuando realizan los censos de población, y que permite además disponer de flujos migratorios permanentemente actualizados”.

El modelo más parecido al español sobre el padrón y la inscripción de extranjeros es el de Reino Unido, donde los ilegales pueden estar inscritos en el censo, porque éste pretende saber cuánta gente reside, al margen de su estatuto legal. Tienen acceso a la educación porque Naciones Unidas así lo exige y las escuelas no están obligadas a comprobar si son ilegales. Y, aunque no tienen derecho a atención sanitaria, en la práctica el Gobierno no lo impide.

En Italia, los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse en los padrones municipales. El Paquete de Seguridad redactado por la Liga del Norte y aprobado en agosto de 2009 determina que sólo pueden registrarse los inmigrantes con permiso de residencia que demuestren residir en una vivienda certificada por el municipio con condiciones, entre ellas la surrealista imposición de un antebaño, además de un número mínimo de metros por persona. En Bélgica no hay un sistema unificado de padrón y, como en Holanda, sólo se registra a los legales.

Censo e inmigración en Europa:

- Italia. Los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse en el padrón. La ley deja a los sin papeles y sus familias sin acceso a la sanidad y la educación.

- Alemania. Los irregulares no se pueden empadronar. Si lo intentan, el organismo comunica sus datos a la oficina de extranjería. Ni las consultas ni las ONG de médicos están obligadas a denunciar; los hospitales o las escuelas sí.

- Francia. No es necesario estar registrado para acceder a los derechos sociales. En el caso de la asistencia médica, los irregulares están cubiertos por un dispositivo especial que les permite acudir al médico y cuyo coste asumen las autoridades.

- Bélgica. No existe el empadronamiento como en España. Cada comuna tiene un sistema de registro distinto. La norma general es que sólo pueden registrase los inmigrantes legalizados.

- Holanda. No censa a inmigrantes ilegales. Éstos tienen garantizado el uso de servicios médicos de urgencia, pero no los médicos de cabecera. Tienen acceso a la educación hasta los 16 años.

- Reino Unido. Los irregulares pueden estar inscritos en el censo porque este pretende saber cuánta gente reside, al margen de su estatuto legal. Tienen acceso a la educación y, aunque no tienen derecho a atención sanitaria, en la práctica el Gobierno no lo impide.

- Portugal. Los inmigrantes irregulares no figuran en el padrón. Sin embargo, tienen derecho a todas las prestaciones sociales.

“Permitir la inmigración, tanto entre países como en su interior, tiene el potencial de aumentar la libertad de las personas y mejorar la vida de millones de habitantes” de todo el mundo, afirmó el PNUD en su informe titulado ‘Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos’ difundido este lunes.

Una de cada siete o lo que es igual, 1.000 millones de personas de todo el mundo, son migrantes, afirma el PNUD, para el cual “la migración puede mejorar el desarrollo humano de quienes se desplazan, de las comunidades de destino y de quienes permanecen en su lugar de origen”.

El documento, publicado en momentos en que las economías más desarrolladas empiezan a mostrar señales de recuperación tras la crisis financiera y económica, considera que “la recesión debe tomarse como una oportunidad para instaurar un nuevo trato hacia los inmigrantes que beneficie a los trabajadores en el lugar de origen y en el extranjero”.

Pero que “al mismo tiempo los resguarde contra una reacción proteccionista”, consideró Jeni Klugman, una de las principales autoras del informe, efectuado con datos de 182 países miembros de la ONU.

“Con la recuperación, volverán a aparecer muchas de las mismas tendencias básicas que han estado impulsando el desplazamiento durante los últimos 50 años e incentivarán a más gente a trasladarse”, dice el texto.

La crisis también afectó a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en sus países de origen y que en muchos casos, superan la ayuda oficial al desarrollo.

Según el PNUD, las remesas a los países en desarrollo bajarán de 308.000 millones de dólares en 2008 a 293.000 millones en 2009.

Por ejemplo, en 2007, América Latina y el Caribe recibieron 63.408 millones de dólares en remesas, indica el PNUD.

El informe propone un “entorno normativo” que permita aprovechar los beneficios de la inmigración, pero también quiere corregir algunos “conceptos erróneos” y “estereotipos negativos” sobre este fenómeno como aquel de que los migrantes “nos quitan el empleo” o “viven a costa de nuestros impuestos” que “abundan en los medios de comunicación”.

“La mayoría de los inmigrantes no atraviesa fronteras nacionales, sino más bien se desplaza dentro de su propio país: 740 millones de personas son migrantes internos y casi cuadruplican la cifra de migrantes internacionales”, dice el informe.

Cada año cinco millones de personas cruzan las fronteras internacionales poara ir a vivir a un país desarrollado, dice el informe.

Según el PNUD, en 2010 habrá 188 millones de migrantes internacionales, es decir el 2,8% de la población mundial. En 1960, esa cifra era de 74,1 millones, equivalente al 2,7% del total de habitantes de entonces.

Sostiene que “contrariamente” a las opiniones imperantes “lo migrantes suelen aumentar el producto económico y dan más de lo que reciben”.

El informe destaca que los países del sur de América Latina “se encuentran en proceso de crear zonas de libre movimiento para promover un intercambio más autónomo y al mismo tiempo incrementar los beneficios de la migración”.

“Los amplios mercados laborales creados en estas regiones pueden traducirse en considerables beneficios para los migrantes, su familia y su comunidad”, afirma.

El informe “no sugiere una liberalización generalizada” de la migración pero “sostiene que existen muchos argumentos a favor de aumentar el acceso en sectores de gran demanda laboral, incluido para trabajadores con bajas calificaciones”.

También menciona el caso de los países de origen que restringen y “controlan rigurosamente” la salida de sus habitantes, como Cuba.

En cambio saluda los acuerdos “supranacionales” que pueden “influir de manera considerable en los flujos migratorios” como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuyos efectos entre los países firmantes “han sido considerables”.

Entre las reformas que propone el PNUD destacan: abrir los canales de entrada disponibles para mas trabajadores; reducir los costos de transacción de la migración; facilitar la migración interna; incorporar la migración a las estrategias de desarrollo de los países de origen y garantizar los derechos humanos básicos para los migrantes.

Para la responsable del PNUD, Helen Clark, “muchas de estas reformas son más viables de lo que se pensaba (…) no obstante requieren bastante voluntad política”.

Para muchos estudiosos de la migración, esta brecha ha sido el origen de los conflictos ocurridos en países europeos con las segundas generaciones, como Francia o Gran Bretaña. A pesar de todo, el informe destaca que “no perciben gran rechazo y confían en la existencia de oportunidades”. Asimismo, el estudio encuentra diferencias significativas entre los alumnos de colegios concertados y los de colegios públicos, que tienen unas expectativas “significativamente más bajas”. En los primeros, el 63% del alumnado hijo de inmigrante quería llegar a la universidad, cuando en los segundos, “sólo la mitad” se lo plantea. Lo mismo ocurre de cara al mundo laboral. Según la investigación, un 26% de los alumnos de colegio público seleccionó entre sus aspiraciones trabajos de nivel bajo o medio, y poco más de un tercio manifestó confiar en llegar a ocupaciones gerenciales o profesionales.

Sin embargo, la mitad de la muestra de colegio concertado seleccionó ocupaciones de más alto nivel. No obstante, los autores inciden en que no se puede atribuir esta brecha a la calidad de la educación en cada centro, sino a la predisposición familiar: en general, los padres con mayores niveles de educación, medios económicos y ambición para sus hijos les llevan a colegios concertados, y esto se refleja en las aspiraciones de los adolescentes “independientemente de la enseñanza que reciban”. Pese a ello, los estudiantes de concertados tienen “una opinión aún más positiva de sus profesores y la disciplina escolar”, emplean de media más tiempo a los deberes académicos y dedican menos horas a ver la televisión que sus compañeros de colegios públicos. De hecho, el 40% de éstos pasa tres horas o más cada día delante de la tele.

¿Se sienten discriminados?

El estudio incide en las diferencias en el entorno escolar, porque mientras una mayoría de los estudiantes en colegios públicos reporta la existencia de pandillas y frecuentes peleas interraciales o interétnicas en los centros, estas situaciones son “significativamente menores” en los colegios concertados. No existen variables respecto al tipo de colegio cuando se habla de discriminación. Los autores explican que “pese a las frecuentes alusiones” públicas al fenómeno, más de la mitad de los hijos de inmigrantes declara que nunca se ha sentido discriminado, aunque existe un 5% que la ha padecido “muchas veces”. Sin embargo, el 70,8% del total cree que los españoles se sienten superiores a los extranjeros.

Asimismo, el estudio destaca que para el 85% del colectivo es más importante su identidad nacional que religiosa, y concluye que sólo un tercio de esta segunda generación de inmigrantes se considera español, mientras que el resto se identifican más con sus nacionalidades de origen. En este sentido, el informe explica que la “relativa escasez de la autoimagen española y la fuerza de identidades y redes sociales étnicas reflejan, fundamentalmente, el carácter reciente de la migración, lo que conlleva que la mayoría de los hijos de inmigrantes actuales sean, ellos también, extranjeros”.

No en vano, menos de la cuarta parte de la muestra declara que “no hay mejor país para vivir que España”, mientras que el 76% de los encuestados está en desacuerdo con esta afirmación. Además, cuatro de cada diez nuevos españoles (más del 40%) no tienen interés en quedarse en el país y prefieren trasladarse a Norteamérica u otra zona del mundo desarrollado. Sólo un 27% quiere permanecer en España cuando sean mayores.

Además, Madrid ostenta otro récord: ocupa la séptima posición mundial en destinar sus remesas a Iberoamérica, después de seis estados de EE.UU.. Así, en 2007 envió 1.131 millones del total de 2.020. Ecuador fue el país más beneficiado, con 418 millones, seguido de Rumanía, con 303, y Colombia, con 190. Así lo revela el estudio «El precio de las remesas en Europa», elaborado por el profesor Íñigo Moré, presentado ayer por el consejero de Inmigración Javier Fernández-Lasquetty. El informe, realizado en enero, se elaboró en base a los datos comparativos de cinco países europeos y todas las regiones españolas.

El papel de los locutorios

En el volumen de transferencias influye el coste del sistema, sensiblemente más barato en la región madrileña que en otras, tanto españolas como europeas. La gran oferta de empresas, contribuye a ello, ya que, de las 61 operadoras del país, 50 están en la región.

El menor precio que pagaron los inmigrantes por remitir su dinero les supuso unos beneficios de, entre 6 y 16 millones respecto a Europa, y de 4, sobre nuestro país. O, lo que es igual, les salió un 3% más barato que si lo hubieran hecho en Italia, el país más económico de la UE, y un 0,18% menos que la media nacional. Por contra, pagaron 62 millones menos que en Alemania, el más caro.

Respecto a la media europea, el ahorro fue de 6,6 millones para los envíos a Colombia; de 16,4 millones, a Ecuador y de 9,2 millones, a Rumania. Así, por un giro de 150 euros se pagaron de media 11,7 euros, un 7,8% del total. Esto, en el caso del país más barato y principal destinatario, Ecuador, la cifra se redujo a un 6,03% (unos 9 euros) y llegó al 6,62% (casi 10) en el segundo, Rumanía.

Las remesas son enviadas por un 75% de los inmigrantes; realizan nueve anuales en cada una de las cuales mandan un promedio de 374 euros, el 24,7% de su salario anual. El sistema utilizado para remitir el dinero es el de los locutorios, elegidos por el 76% (en la región hay 2.574 registrados en el Banco de España). Otro 15,5% lo hace por transferencia bancaria.

El desarrollo y el alcance de esta medida ha sido polémico desde el inicio por la decisión del Gobierno de incluirla en la Ley de Memoria Histórica y de limitar el acceso a la nacionalidad a quienes lo sean de personas que «perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio». Finalmente, el Ejecutivo ha decidido que se presumirá la condición de exiliado a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

La posibilidad de obtener la nacionalidad española de origen para nietos de emigrantes y exiliados estará limitada en el tiempo. La declaración de opción a la nacionalidad deberá formalizarse en un plazo máximo de dos años a partir de hoy. La norma contempla la posibilidad de que ese plazo se amplíe un año más, pero pasado ese tiempo ya no será posible conseguir la nacionalidad por esta vía.

Sin renuncia a la anterior.

Las personas que ejerciten el derecho a hacerse españoles no tendrán que renunciar a la nacionalidad anterior a la que tuvo que acogerse el emigrante que lo origina. Si el otro país lo permite, será posible por tanto disponer de la doble nacionalidad. Tampoco se establece en la nueva ley límite alguno de edad para hacerse español.

Todas las personas que ejerciten este derecho adquirirán la condición plena de españoles de origen, por lo que una vez que sean incluidas en el censo correspondiente podrán participar en todos los procesos electorales que les correspondan. Fuentes del Ejecutivo y de la Xunta reconocieron que será muy difícil que quienes pidan ahora la nacionalidad por esta vía puedan votar en las próximas elecciones gallegas porque no habrá tiempo para concluir el trámite.

El acuerdo contará hoy con el apoyo de Convergència i Unió pese a que no incluye una de las principales peticiones de esta formación: que los inmigrantes deban pasar una prueba para demostrar su nivel de integración y de catalán. El tripartito, los sindicatos y las ONG lo rechazaron por completo.

Los nacionalistas tampoco ven con buenos ojos las facilidades para otorgar derecho de voto a los inmigrantes y la demanda que se hace al Gobierno central para que facilite la obtención de la nacionalidad, al rebajar a cinco años el tiempo de residencia para acceder al pasaporte español.

El pacto ha provocado tensiones en el tripartito en los casi dos años de gestación que ha tenido. En un principio, Esquerra Republicana quería que todos los inmigrantes tuvieran que pasar por un curso denominado “proceso de acogida” para demostrar su conocimiento de catalán y su nivel de integración. El PSC se negó a ello. Finalmente, este curso será optativo, aunque en la práctica hacerse con un certificado de asistencia a estas clases será la fórmula más fácil para que los ayuntamientos reconozcan la voluntad de arraigo de los inmigrantes. Comisiones Obreras y el PP no firmarán el documento.

Las asociaciones, Rumiñahui, Atime y Karibú, que ofrecen atención y apoyo a inmigrantes, critican la “criminalización” a la que se ve sometido el colectivo, “cuyos miembros son equiparados a la categoría de delincuentes”. Junto a ello, muestran su disconformidad ante el reciente “endurecimiento” de la política de inmigración del Gobierno socialista. También el Consejo de la Juventud indica que la nueva Directiva de Retorno de inmigración en la Unión Europea, aprobada por el Parlamento el pasado 18 de junio, supone una amenaza para los Derechos Humanos de los inmigrantes, al contemplar la retención de hasta 18 meses en centros de internamiento, incluso por la comisión de faltas administrativas.

Según informó el CJE, esta iniciativa no favorece la integración de las personas que emigran y considera que debajo de ella “subyace la voluntad de establecer a personas en la subcategoría de ser humano ilegal, con la consiguiente equiparación de la inmigración a la delincuencia”.

El portavoz de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, se muestra de acuerdo ya que cree que la sociedad española “no termina de entender el fenómeno como una oportunidad, en vez de como un problema”. Además, indica que la crisis económica “está generando una actuación en las instituciones que les perjudica mucho”.

Según Jiménez, los Estados “se están deshaciendo de mano de obra barata que ya no necesitan”, especialmente en el sector de la construcción y los servicios, “dejando sin trabajo a muchos inmigrantes que, al no disponer de redes sociales de apoyo, se encuentran desamparados”.

Asimismo, el representante de la Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, señala la multiplicidad de asignaturas pendientes que tiene el Estado en este aspecto. “Hace falta que se garantice la plena participación política de los inmigrantes y que la igualdad de derechos se convierta en una realidad definitiva”, se queja Rahmouni.

Por otra parte, la ONG de apoyo al pueblo africano, Karibu, critica que la situación de los subsaharianos es la “más alarmante”, pues son un grupo de inmigrantes “marginado” en la aplicación de políticas que resulten efectivas para su asentamiento en el país. Así, su director, Antonio Díaz, denunció el “vacío” existente en la aplicación de la Ley hacia el inmigrante africano, razón que, según Díaz, explica su escaso índice de regularizaciones. Finalmente, Díaz destacó la “gravedad” del caso subsahariano, debido a la elevada tasa de muertes que se produce por el naufragio de cayucos y por la falta de un protocolo adecuado de actuación.

Pero a un puñado de subsaharianos el temporal les brindó ayer la ansiada oportunidad de penetrar en la ciudad de sus sueños. No lo hicieron pisando los hierros de la valla derruida, sino a través de un arroyo.

Otros podrían intentarlo en los próximos días, pero esta vez saltando sin esfuerzos la verja derrumbada. De ahí que la Guardia Civil haya reforzado su despliegue en los nuevos puntos débiles aparecidos en la valla.

Unos 65 sin papeles intentaron, primero, entrar en tromba en Melilla, poco después de las seis de la madrugada, a través de la frontera convencional, pero fueron repelidos por la policía y la Guardia Civil.

Tenían un plan alternativo. Se arrojaron al cercano arroyo Mezquita y corrieron por el agua, que tenía medio metro de profundidad, hasta Melilla. Horas antes había superado los cuatro metros. Nada menos que 105 litros de agua por metro cuadrado cayeron en la ciudad el domingo.

Los emigrantes corrieron entonces hacia dos compuertas excepcionalmente abiertas por la Guardia Civil para que el lodo y las piedras que arrastraba el agua no las rompiesen.

De los 65 clandestinos, una veintena no consiguieron pisar suelo español y 17 fueron apresados en las compuertas fronterizas por unos guardias, que se echaron también al agua para perseguirles. Esos detenidos podrán ser devueltos rápidamente a Marruecos.

Alrededor de 27 lograron, en cambio, entrar en la ciudad. Primero deambularon por el barrio del Real y después, poco a poco, casi todos acudieron a la Jefatura Superior de Policía. Desde allí fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

El fin del aislamiento de Melilla -el domingo estuvieron cerrados el aeropuerto, el puerto y la frontera- permitió a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, viajar a una ciudad cuyos comerciantes quitaban ayer, cepillo en mano, el agua y lodo del suelo de sus tiendas.

Salgado se reunió con el presidente melillense, Juan José Imbroda, y anunció que el Consejo de Ministros del viernes aprobará ayudas -cuya cuantía no precisó- para paliar los daños causados por el temporal.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo anoche que a partir del quinto año de residencia una persona ya forma parte de la sociedad española y ‘en esos momentos la familia extensa me parece bien que se reúna’.

En 2007, se solicitaron 144.584 reagrupaciones familiares, de las que se concedieron 128.162 y se denegaron 20.455.

De las aprobadas, según las asociaciones consultadas por Efe, son muy escasas las que corresponden a padres, ya que mayoritariamente la intención de los inmigrantes es el reencuentro con sus hijos y cónyuges.

La responsable de políticas de Interior de Amnistía Internacional (AI), Virginia Alvarez, ha explicado a Efe que la propuesta de Corbacho es ‘una muestra más del recorte de derechos que sufren los inmigrantes en España y en el resto de Europa’.

‘Muchas veces el discurso de los políticos es preocupante, como usar la inmigración como excusa a otros problemas y, en este caso (el de la reagrupación), no es ni mucho menos un problema. Vivir en familia es un derecho fundamental y su restricción no es deseable’, ha añadido Alvarez.

En parecidos términos, el presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos, Santiago Morales, ha discrepado de las medidas que impulsa Corbacho, que -a su juicio- ‘está buscando problemas donde no los hay y ha cambiado toda la política de inmigración de la anterior legislatura’.

La reagrupación supone un porcentaje ‘mínimo y en ningún caso genera una superpoblación de inmigrantes en España’, ha añadido Morales, quien ha subrayado que las últimas palabras del ministro sólo crean ‘incertidumbre y desconcierto’ entre los inmigrantes.

El presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo (Aculco), Alvaro Zuleta, ha dicho a Efe que el Gobierno ‘está adoptando medidas de endurecimiento frente a la inmigración, y, además, ‘no mantiene un diálogo con los actores sociales’.

‘Sólo le pedimos que, al menos, tenga un diálogo con las asociaciones de inmigrantes y no se tomen medidas de escritorio, resulta muy fuerte que el PSOE, el partido que ha hecho política social en España, no tenga en cuenta’ al movimiento asociativo.

A su vez, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes, Víctor Sáez, ha indicado que la propuesta no se justifica por el número de peticionarios, dado que es muy reducido, y ha anunciado que si la propuesta llegara a materializarse, esta Federación acudirá al Defensor del Pueblo.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz explicaron que la embarcación “de juguete” fue detectada gracias al Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a la 1:00 de ayer, cuando fue interceptada por una embarcación de la Guardia Civil.

A bordo viajaban las cinco personas, que se encontraban en buen estado de salud, aunque algunos presentaban síntomas de hipotermia, por lo que fueron trasladados al puerto de Tarifa, donde fueron atendidos por Cruz Roja.

En los últimos días, un total de 52 inmigrantes fueron interceptados en diversos puntos de la costa gaditana en tres embarcaciones. Desde las seis y media de la mañana del uno de agosto, efectivos de Salvamento Marítimo buscaron una patera procedente de Tánger con un número indeterminado de inmigrantes a bordo que se encontraba a la deriva en aguas del Estrecho. Finalmente, la lancha neumática fue interceptada a dos millas al norte del puerto de Algeciras, cuando fue avistada por un barco al que se solicitó que permaneciese en la zona para protegerla del viento hasta que fue remolcada por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar El Puntal, con base en Ceuta, y una semirrígida de la Guardia Civil. En la patera viajaban 28 inmigrantes subsaharianos, de ellos 14 varones, 12 mujeres, una de ellas embarazada, y dos bebés.

Lin aún recuerda el momento desgarrador de la separación. “Es muy difícil vivir sin él, pero mi marido y yo no tenemos opción. Trabajamos en una tienda desde primera hora de la mañana hasta pasadas las diez de la noche y no tenemos con quien dejarlo. Además, sé que con mis padres estará bien”. Ahora, esta mujer cuenta los días que faltan para poder tomarse las primeras vacaciones en varios años. “Estoy muy contenta. Dentro de poco iré a China y podré ver por fin a mi niño”, cuenta feliz tras el mostrador del comercio en el que trabaja.

Pese a ser muy poco conocida en el resto de la sociedad, la práctica de las familias chinas de mandar a los bebés a su país de origen está sumamente extendida entre el colectivo asiático que vive en España. Los niños son enviados o bien con los padres o bien con algún familiar que viaje a China y no regresan hasta que tienen 3 o 4 años. De hecho, cifras de extranjería muestran que de enero a junio de este año, al menos 300 niños chinos enviados a su país de bebés han regresado a Barcelona.

“Para los emigrantes chinos, el trabajo es lo primero. Vienen aquí a fundar un negocio. Son conscientes del precio que hay que pagar para conseguir un futuro en España. Para lograrlo, están dispuestos a trabajar todas las horas que haga falta”, explica una mediadora española experta en esta comunidad.

“En la fase de asentamiento, cuando llegan a España, los chinos asumen que deben trabajar para otros chinos casi en régimen de explotación para poder ahorrar y más tarde abrir su propio negocio”, añade esta experta, quien explica que, en esas condiciones, hacerse cargo de un bebé les es casi imposible: “Cuando el marido y la mujer trabajan desde por la mañana hasta pasada la medianoche, es inviable cuidar de un bebé”.

“Para los chinos, lo primero es el trabajo”, coincide Zhou, una china que reside en Barcelona, donde dirige una pequeña empresa de importación y exportación. Ahora, a esta mujer las cosas le van bien. Pero ella también vivió la separación. “Estuve 10 años sin poder ver a mi hijo”, explica, y recuerda: “Yo llegué a España a las doce del mediodía de un sábado. A las siete de la tarde de ese mismo día ya entré a trabajar en un restaurante chino”. Esta empresaria explica que muchas mujeres chinas o bien desconocen la existencia de la baja por maternidad o bien temen pedirla por si pierden el empleo.

Así, ante unos padres abducidos por el trabajo, la única opción de las familias son los abuelos. Algo parecido a lo que sucede con muchas parejas catalanas, con la única diferencia es que, en este caso, los abuelos están en China. “Los chinos creen que sus bebés van a estar mejor con sus abuelos. Es una relación de reciprocidad. Los nietos quedan al cuidado de unos abuelos que viven gracias a las remesas que les envían sus hijos”, comenta la mediadora.

Al menos así lo fue para Tarek. Un joven marroquí, natural de Rincón, que ayer era localizado oculto entre los amasijos de hierro y los autos de choque de una de las atracciones. Este inmigrante había conseguido lo más difícil, superar el primer control que realiza la Policía en la feria, registrando uno por uno los camiones que, cargados de atracciones, se dirigen hacia el puerto. Allí, la odisea de Tarek chocó con la tecnología. La máquina de detección de latidos de corazón que montó la Guardia Civil en la explanada portuaria fue metódica. Tras pasarla por el vehículo, cazó a Tarek. Asustado, convertido en «objeto mediático» ante las decenas de periodistas que se congregan para seguir la «operación Feriante», Tarek fue trasladado al furgón en compañía de los demás indocumentados que, como él, habían pretendido servirse de la finalización de las fiestas locales para conseguir una huida a la península sin pasar por el peaje que marcan las mafias.

En Ceuta cada vez resulta más complicado que los inmigrantes alcancen con éxito la Península en el transcurso de esta operación. El freno lo ponen las nuevas tecnologías y la impermeabilización de la frontera del Tarajal, que durante estos días ha mantenido controles férreos impidiendo la entrada de aquellos marroquíes que no podían demostrar un cierto poder adquisitivo. Esta combinación ha frenado el volumen de detenidos de anteriores épocas en las que se superaban los 400 arrestos.

Según la Delegación del Gobierno, al término de la operación se logró la detención de 87 inmigrantes, entre ellos seis menores, un 40 por ciento menos que el año pasado. Los arrestados serán expulsados a Marruecos, salvo aquellos que no sean marroquíes, que deberán ser ingresados en el CETI, que en estos momentos no supera las 500 plazas de ocupación. Curiosamente veinticinco de los detenidos ya estaban en el CETI y, hartos, decidieron probar fortuna.

Mientras, los inmigrantes siguen utilizando las vías clásicas para llegar a España. Ayer fue interceptada la última patera, avistada a unas 12 millas al sur de Alborán. A bordo viajaban 34 subsaharianos, entre ellos tres bebés y cuatro mujeres. A media tarde llegaron al puerto de Melilla. Nada más pisar el suelo de las instalaciones aeroportuarias, los inmigrantes fueron asistidos por miembros de la Cruz Roja, aunque sólo uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital.

Los inmigrantes muestran cierta movilidad laboral según la encuesta. De los que ahora llevan más de tres años en España, sólo el 19% conserva el empleo que obtuvo al llegar. El 14,3% cambió de trabajo en el mismo sector y el 32,4% se pasó a un empleo en un sector diferente. El 15% no tuvo trabajo al llegar ni lo tenía en el momento de la encuesta. Para los parados extranjeros el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha diseñado un plan de retorno voluntario.

La ayuda para el retorno, que se aprobará en septiembre, consiste en el pago en dos veces del subsidio por desempleo acumulado por los inmigrantes que se hayan quedado en paro. La idea del ministro es que este dinero sirva para costear el viaje de vuelta y la apertura de un negocio en el lugar de origen.

Pero la mayoría de los inmigrantes encuestados por el INE no parecen interesados en irse. Corbacho ya admitió esta semana las dificultades para que su plan tenga aceptación entre aquellos a los que se dirige.

Asociaciones de inmigrantes y ONG muestran ahora su rechazo. ‘Cuando todo iba bien y hacía falta mano de obra nos abrían las puertas. Ahora que las cosas se han puesto feas, somos los primeros invitados a marcharnos’ dice Ahmed Khalifa de la Asociación Marroquí de Málaga. Marroquíes y africanos son los más reacios a dejar el país, según Carmen Castellano, portavoz de la ONG Andalucía Acoge, en vista de la situación algunos latinoamericanos comienzan a planteárselo. Aunque con reservas. Para Raúl Jiménez, de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, el plan está ‘mal diseñado’ y el dinero no es suficiente: ‘la mitad se irá en el viaje y con el resto no da para establecerse de nuevo en Ecuador’.

Sectores con gran ocupación de inmigrantes, como la construcción y los servicios han sido muy afectados por el frenazo económico. Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, publicada esta semana, el paro entre trabajadores extranjeros ha aumentado un 15% en los últimos tres meses y un 55%.

La mayoría de los emigrados pretende traer a su familia.

Otra de las ideas del ministro Celestino Corbacho choca frontalmente contra las pretensiones de los trabajadores extranjeros. El 81,7% de ellos tienen intención de traer a España a los familiares que han dejado en sus países de origen, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del INE.

Una cifra que contrasta con los planes del Gobierno para limitar la reagrupación familiar. El Ministerio de Trabajo e Inmigración planea prohibir la reagrupación con familiares ascendentes (padres y suegros). Esta medida pretende reducir en un 40% el número de inmigrantes. Además Corbacho quiere imponer ‘requisitos socioeconómicos’ para permitir la reagrupación.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el gabinete socialista estudió el informe sobre dicho Plan, De la Vega advirtió que la mayor parte de los extranjeros que estarían en esa situación proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque hay hasta 19 países que podrían ser beneficiarios de la medida, que son aquellos con los que España mantiene convenios bilaterales de Seguridad Social.

Los inmigrantes que hayan perdido su empleo y deseen volver a su país, podrán acogerse a este plan que les permitirá cobrar, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida. El pago se hará en dos plazos: primero en España, por el 40 por 100 de su importe, y el resto en su país, al mes siguiente. Si desean volver, deberán dejar pasar tres años para solicitar de nuevo la autorización de residencia y trabajo; y si han pasado cinco años desde que se fueron tendrán derecho preferente.

De los 2,2 millones de extracomunitarios que viven en España, unos 170.000 están desempleados. El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí.

Este plan para trabajadores en paro no anula otros planes de retorno, “que van a seguir en vigor”, dijo De la Vega.

Además, la vicepresidenta aseguró que se trata de una medida “justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro” y que “se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno”, precisó.

El Gobierno ha informado ya de este plan a los interlocutores sociales, al Parlamento y a las comunidades autónomas.

El número de inmigrantes que vive en España se ha visto bruscamente incrementado en los últimos diez años, pasando de 500.000 en 1996 a unos 5,22 millones de personas, del total de 45 millones de habitantes en la actualidad.

España ha registrado un fuerte crecimiento económico en la última década, atrayendo a los extranjeros, pero ha sufrido una brusca desaceleración en los últimos seis meses, que se ha traducido en un aumento del desempleo, especialmente en la construcción, que afecta especialmente al colectivo de trabajadores inmigrantes, cuya tasa de paro se situó en el 14,65% en el primer trimestre de 2008 frente al 8,73% de los españoles, según las cifras hechas públicas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este informe, elaborado entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 con entrevistas presenciales a 15.500 personas de todas las comunidades en colaboración con el anterior Ministerio de Trabajo y la Universidad Complutense, apunta que hay 2,16 millones de hogares (el 13,5% del total) en los que al menos uno de sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España. En torno a un millón lo forman sólo inmigrantes, y el resto, extranjeros y españoles. El tamaño medio de los hogares en los que reside al menos un inmigrante es de 3,4 miembros, aunque en el caso de los mixtos se eleva a 3,7 personas.

Aunque la mayor parte de los inmigrantes (40,3%) vive de alquiler, un 38,1% es propietario, mientras que el 19,3% vive en casas cedidas.

Entre los propietarios, casi la mitad ha pagado ya la hipoteca y el resto tiene abonos pendientes. Las viviendas suelen disponer de instalaciones y servicios básicos como agua corriente y caliente, electricidad y baño, pero el 43,7% carece de calefacción. El 36,6% vive con pareja e hijos, en tanto que el 33,8% lo hace solo, si bien casi siempre en casas compartidas. El 12,3% de los inmigrantes sin pareja ni hijos comparte vivienda como mínimo con seis personas. El 81,2% de los encuestados con parientes en el extranjero tiene intención de traerlos a España. Precisamente éste es el principal motivo que señala el 39% de las mujeres para trasladarse a España, frente a un 26% de los hombres.

En cuanto a la formación, el 22,5% de los ocupados con más de tres años de residencia es titulado superior, y el 38% tiene ahora un empleo diferente del primero que encontró, mientras que el 73,1% de los que comenzaron en la construcción permanece en este sector.

Los expertos, entre ellos el ex ministro Manuel Pimentel o el ex rector de la Complutense Rafael Puyol, quisieron desterrar las interpretaciones catastrofistas en materia de inmigración apoyándose en datos demográficos, económicos y sociales. La inmigración en España es un fenómeno «estructural, no coyuntural» y resulta clave para mantener nuestra economía en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico o la atención a dependientes. La relación del fenómeno con la evolución demográfica es directa: la caída de la natalidad provoca que el mercado laboral no se abastezca por la base y a ello hay que unir el envejecimiento.

Casi seis millones.

«No hay soluciones para las consecuencias económicas del envejecimiento sin contar con la inmigración», alertó Pujol. A partir de 2020 se jubilará la generación del «babyboom» y el relevo tendrá que llegar de la mano de los inmigrantes. Entre 2005 y 2020 se producirá una «transformación radical de la población residente» en España; los individuos de 16-39 años pasarán de 15,8 a 11 millones y los de 40 a 64 años crecerán en casi tres millones.

Puyol, demógrafo y actual vicepresidente de la Fundación Instituto Empresa, cifró el número de inmigrantes que viven entre nosotros en 5.800.000 personas, lo que representaría el 13 por ciento de la población total. Su cálculo surge de sumar los 4,5 millones empadronados, las 600.000 personas en supuesta situación irregular que él estima —«los del PSOE son a la baja y los del PP al alza»— más otros 700.000 extranjeros que se han nacionalizado en los últimos años y ya son españoles. Con estos datos se entiende que entre el 20 y el 25 por ciento del total de mano de obra sea inmigrante, una cifra que alcanzará el 35 por ciento en el horizonte de 2020. Según el documento presentado ayer, la mitad del crecimiento del PIB de los últimos cinco años se puede atribuir a la inmigración.

El programa Empresa e Inmigración tiene como objetivo inspirar políticas públicas relacionadas con los extranjeros,sobre todo en el sector empresarial, y cuenta con 23 socios, entre ellos los principales Bancos y Cajas así como algunas de las empresas más activas del país. Los seis miembros del grupo de Reflexión coincidieron en el mensaje constructivo y rechazaron cómo se ha abordado el papel de los extranjeros en la campaña electoral.

El ex ministro Pimentel abogó por una Ley de Inmigración en lugar de la vigente de Extranjería, por la regulación de flujos y una política de integración adecuada. Recordó que los inmigrantes han generado un superávit histórico en las cuentas públicas y criticó a quienes se rasgan las vestiduras por que ciudadanos extranjeros cobren prestaciones de desempleo. «Cualquiera que haya cotizado tiene derecho. Ya está bien de mensajes alarmistas», señaló el presidente del Grupo Almuzara.

En la misma línea, el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver explicó que «los inmigrantes se pagan su estancia en España, incluso los que están en situación irregular». La edad de esta mano de obra explica que no consuman proporcionalmente ni en sanidad ni en educación lo que aportan, mientras que en pensiones el gasto es inexistente.

En el debate sobre las ocupaciones salió a relucir el parón en la construcción: 655.000 extranjeros se emplean en este sector, según el INE. Los expertos señalan que este frenazo no debe generar alarma social ni por el posible desempleo ni en términos de seguridad ciudadana. «Una parte de los que dejen de trabajar en la construcción lo harán en otras actividades que seguirán necesitando mano de obra». La incertidumbre económica, apunta el documento, ayudará a «mitigar el efecto llamada y a reducir la inmigración irregular».