“En los dos últimos meses, varios indicadores habían mostrado una cierta mejora”, certifica Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid. Pese a todo, la debilidad de la recuperación había polarizado el pronóstico de los expertos, que no se ponían de acuerdo sobre si esta vez se había salido de la recesión. Unas dudas alimentadas porque Rodríguez Zapatero ya había anunciado en otoño que la economía “estaba a punto de comenzar a crecer”. Al final, el cuarto trimestre de 2009 se saldó con un retroceso de una décima en el PIB respecto al trimestre anterior. Entre enero y marzo, la décima cayó del lado positivo, según la primera estimación del Banco de España. Y el vaticinio de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, resultó certero.

“Acertar en si el PIB avanzó o no una décima es como pedirle al hombre del tiempo que nos diga si el 23 de junio a las 10.05 va a llover en una calle de Barcelona”, ejemplifica Espasa, quien recalca que los dos resultados (+0,1% o -0,1%) están dentro del margen de error en que incurre cualquier cálculo de probabilidades que se haga sobre la evolución de la tasa trimestral del PIB. Aun así, este catedrático de la Carlos III, cree muy probable que los datos confirmen la primera estimación del Banco de España. “Los últimos datos de producción industrial son esperanzadores, ahí sí que podría hablarse de un brote verde”.

“El índice de producción industrial de marzo ha sido buenísimo, ni los más optimistas preveíamos algo así”, coincide José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, quien destaca que la mejora no sólo se ha notado en la fabricación de automóviles, dopada por las subvenciones a la compra de turismos, sino que se ha extendido a otras ramas (industria alimentaria, textil, fábricas de papel) muy vapuleadas por la crisis. Y ha alcanzado incluso a la industria auxiliar de la construcción, que ya no cae a plomo.

La producción industrial registró en marzo la primera subida interanual (5,4%) desde que comenzó la crisis. Es uno de los índices más seguidos por los expertos para tomar la temperatura al crecimiento económico. Y, sin embargo, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato el pasado miércoles, no cosechó ni una línea en los principales periódicos (incluido éste). La tempestad en los mercados de deuda pública lo inunda todo.

Los datos de la industria se suman a otros (consumo de energía eléctrica, ventas de comercios, exportaciones, pernoctaciones en hoteles) que cuentan la misma historia. Juan Rubio-Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Duke (Estados Unidos), resalta que “la serie más positiva es la de la afiliación a la Seguridad Social, que frena su evolución negativa”. Es una señal de que la destrucción de puestos de trabajo (dos millones en menos de dos años) es cada vez menor. “Quien niegue los síntomas de crecimiento es que está ciego”, recalca Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Dicho esto, todos los expertos creen que se ha prestado demasiada importancia a si los pronósticos del Gobierno eran o no acertados. “Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas del PIB”, abunda Juan José Méndez, del Centro de Predicciones Económicas. Méndez admite que hay una “mejora del ritmo de crecimiento”, pero señala también “un desfase con relación a la eurozona, o más aún, con Estados Unidos”.

“Lo que los mercados están mirando es la capacidad de crecimiento a medio plazo y si seremos capaces de ajustar el déficit”, coincide Manuel Balmaseda, que dirige el servicio de estudios de la multinacional Cemex. Balmaseda opina incluso que dar por terminada la recesión es prematuro: “En Estados Unidos, que llevan tres trimestres con crecimientos superiores al 0,5%, tienen en cuenta otros factores y aún no creen que haya acabado”.

“Se ha confundido la discusión, nos hemos centrado en qué pasa hoy y lo importante es lo que ocurrirá el día después de la crisis, no hemos interiorizado que nos queda mucho trabajo por hacer en los próximos cinco o seis años”, insiste Josep Oliver. Una “asimetría”, en palabras del catedrático de Economía, que se ha manifestado en todo su esplendor en las últimas semanas.

De golpe, el castigo de los mercados a la deuda pública ha traído al presente más acuciante retos para los que se exige soluciones inmediatas. Ahora, un periodo de uno o dos años para reconducir el déficit o consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico se antoja un mundo a los ojos de los inversores. “Tras la crisis griega, es cierto que ha habido mucha especulación sobre determinados países como España, pero también es cierto que si no hay argumentos en los que apoyar las apuestas a la baja, al especulador que lanza el ataque nadie le seguiría”, advierte Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Las reticencias de Alemania a acudir al rescate de Grecia han exacerbado las dudas sobre qué pasaría si otro país de la zona euro pasara dificultades similares. Y, en las últimas semanas, España ha sido protagonista de datos, previsiones y artículos en la prensa internacional, que pasados por el tamiz de la especulación, arrojan un resultado desasogante.

Porque al mismo tiempo que varias estadísticas de la economía real daban el banderazo de salida a la recuperación, el mercado laboral daba fe de que el impacto brutal de la crisis en el empleo sigue ahí. “No somos del todo conscientes de que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron casi 1,4 millones de empleos, es una destrucción de puestos de trabajo de una magnitud histórica”, recuerda Josep Oliver. Hace poco más de una semana, el Instituto Nacional de Estadística confirmó que la tasa de paro supera ya el 20% de la población activa, un dato que compromete cualquier pronóstico de crecimiento económico vigoroso en los próximos años y de recuperación de los ingresos públicos vía impuestos. Más aún cuando los vaticinios del Gobierno sobre el mercado laboral -que la tasa de paro ha alcanzado su nivel máximo, que se creará empleo a partir del verano-, no convencen. “Lo más probable es que la tasa de paro quedará estancada alrededor del 19,7% este año y el próximo”, sostiene Antoni Espasa.

El Instituto Flores de Lemus tampoco predice creación de empleo hasta 2011, un pronóstico en el que coincide con el servicio de estudios del Banco de España. Las últimas proyecciones del organismo supervisor español, divulgadas hace poco más de un mes, son similares a las de los servicios de estudios privados y coinciden a grandes rasgos con lo que el FMI y la Comisión Europea publicarían poco después: Salgado y su equipo habrían hecho un vaticinio ajustado sobre la evolución del PIB este año (un -0,3% en tasa interanual) y del déficit (un recorte del 11,2% al 9,8% del PIB). Pero a partir de 2011, según esta visión, la estimación oficial patina.

Donde el Gobierno ve crecimientos del PIB cercanos al 2% el próximo año y al 3% en 2013, el resto ven un avance anémico, que dificulta el recorte del déficit, como también se aprecia en todas las previsiones menos la del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor?s llevó esta línea argumental al extremo para rebajar la calificación de la deuda soberana española, lo que puso a los títulos del Tesoro en la línea de fuego de los especuladores. Y las dudas sobre la solvencia del Estado español -pese a que el nivel de deuda pública, aunque creciente, es inferior al de la mayoría de países europeos-, se extendieron como una mancha de aceite. Artículos en The New York Times, Financial Times o el Wall Street Journal, ponían altavoz a la incertidumbre.

En suma, en la semana en la que se ha anunciado que la economía española salía de la recesión, la Bolsa perdía más de un 10% y el diferencial de los títulos españoles con los bonos alemanes a 10 años, la referencia para estimar el sobrecoste de colocar la deuda pública, llegaba a su máximo en más de una década. Hasta los gestos delatan qué es ahora lo importante, qué es lo prioritario. Elena Salgado se perdió este viernes buena parte de la primera conferencia de prensa programada tras la publicación de los datos sobre la salida de la recesión, absorbida por los trabajos previos a la reunión del Eurogrupo, que debatió el plan de rescate a Grecia unas horas más tarde.

“Creo que las reacciones de los mercados en los últimos días se corresponden más a un efecto contagio que a una lectura real de la economía española”, opina el profesor Juan Rubio-Ramírez, coordinador para la fundación Fedea de un índice que trata de sintetizar los datos más recientes sobre crecimiento económico. “En pocas palabras, España no es Grecia, no va a desembocar en una situación de bancarrota, al menos a corto plazo”. Otra cosa, sostiene el profesor de la Universidad de Duke, son “compromisos de gasto a largo plazo, como las pensiones y la sanidad”, en su opinión “claramente insostenibles”.

“No es la solvencia del Estado español lo que se ponía en duda en la primera línea del informe de Standard&Poor?s, sino las consecuencias de un crecimiento muy débil para el pago de la deuda privada. Las familias y empresas españolas han acumulado un nivel de deuda enorme y la mayoría está en manos de acreedores extranjeros”, puntualiza Oliver. Sin embargo, Francisco Pérez, del Ivie, cree que aquí, si el ajuste de precios en el sector inmobiliario se acelera, puede haber una tabla de salvación. “No es lo mismo endeudarse para comprar activos financieros dudosos o para financiar el consumo, que para invertir que es lo que ha hecho la economía española, aunque sea cierto que mucho ha ido al ladrillo”.

Si la desconfianza sobre la deuda pública española sigue creciendo no sólo se encarece el coste de los títulos del Tesoro, también será mucho más difícil refinanciar la deuda acumulada por las empresas o las cédulas hipotecarias en las que los bancos y cajas españoles titulizaron los préstamos de las familias. Según Méndez, las dudas sobre el recorte del déficit aumentan “cuando el ritmo de crecimiento económico es bajo y no hay claras posibilidades de estimularlo”, una trampa en la que podría haber caído la economía española. En ese escenario, la lógica de los mercados financieros impone el recorte del gasto público: no hay miramientos para los riesgos de una recaída por la retirada de estímulos públicos y el debate sobre quién originó la crisis y quién se lleva las consecuencias queda arrinconado.

“El programa de ajuste que ha presentado el Gobierno español es cuantioso y creíble, pero debe aplicarse ya”. Es lo que afirmó esta semana una portavoz del FMI, es lo que ha dejado entrever el comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, es lo que repitió este mismo viernes un informe del banco de inversión Goldman Sachs. Otra vuelta de tuerca que los mercados traducirán en más presión.

“Estoy convencido de que habrá más precisión en las medidas de ahorro, de que sindicatos y patronal llegarán a un acuerdo sobre la reforma laboral, de que habrá cambios en la función pública para hacerla más eficaz, cualquier otro camino nos pondría en una situación muy difícil”, señala Oliver. Balmaseda pone la cosa más cruda: “A medio plazo, soy optimista sobre la economía española, pero antes habrá que elegir si hacemos nosotros el ajuste, con nuestras prioridades, o dejamos que nos lo haga el Fondo Monetario Internacional, como ha ocurrido con Grecia”.

Tras el crash de 1929, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de Herbert Hoover, entonces presidente de Estados Unidos, de retirar las ayudas públicas a la economía sólo unos meses después agravó la crisis económica y dio pie a la Gran Depresión. Es pronto para calibrar las consecuencias de la tardanza y las exigencias alemanas respecto al plan de rescate a Grecia o de la resistencia del Banco Central Europeo a fabricar dinero para comprar deuda pública. Lo que sí queda claro es que han acelerado una nueva fase de la Gran Recesión de 2009, la crisis fiscal. Y que a España le ha cogido a contrapié.

Francisco Pérez presta una metáfora: “Este río ya no se puede cruzar por un puente, sólo quedan unas pocas piedras y hay que saltar con cuidado”. En esa travesía, la ansiada salida de la recesión es ya sólo un bastón en el que apoyarse.

El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la “responsabilidad contable” puede derivarse de “la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida”.

El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar al despacho de abogados Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, hacía falta “asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE UU”.

La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE. El objetivo del acuerdo con el lobby era asesorarle “para reforzar sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de EE UU encargándose de las acciones y actividades adecuadas”.

El acuerdo con el lobby se hizo efectivo el 30 de diciembre de 2003 y el Gobierno de Aznar aceptó pagar una retención de dos millones de dólares en 20 plazos mensuales de 100.000 dólares. Según el acuerdo, se efectuó un pago del 35% del total de la retención, 700.000 dólares, en el momento de ejecución del mismo.

El 2 de marzo de 2004, Piper Rudnick envió un informe al embajador de España en Washington, Javier Rupérez, en el que le relataba el plan de acción concertado en enero de ese año. Los asuntos tratados incluían la preparación del discurso de Aznar ante la sesión conjunta del Congreso de EE UU, la resolución autorizando la entrega de una Medalla de Oro del Congreso para Aznar y la evaluación de la reacción de ciertos departamentos del Gobierno ante la iniciativa económica del ex presidente. El informe añadía que los miembros de la firma asistieron a un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de EE UU en honor de Aznar.

El auto del Tribunal de Cuentas, firmado por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida “podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato”.

El auto detalla el alcance de la investigación: “Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar si los servicios se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto”.

La denuncia que origina la investigación del Tribunal de Cuentas fue presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón. Los tribunales ordinarios desestimaron en su día una denuncia similar de Mazón. El fiscal del juzgado número tres de Madrid recomendó a los denunciantes acudir al Tribunal de Cuentas, al que compete fiscalizar el uso de los fondos públicos y su posible restitución. En el Tribunal, ni el fiscal ni el Abogado del Estado apoyaron la admisión de la denuncia y pidieron, sin éxito, su archivo. Mazón es un abogado conocido. Entre sus acciones figura una querella contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Mazón consiguió que el Supremo condenara a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 500 euros por rechazar un recurso de amparo sin estudiarlo. También llevó la denuncia contra el juez Calamita, expulsado de la judicatura por impedir a un matrimonio de lesbianas adoptar a una niña.

El PP mostró ayer su “confianza y respaldo” a Aznar y a la labor desarrollada en su etapa de Gobierno. En un comunicado, los populares se mostraron convencidos de que “la actuación del Tribunal de Cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa”.

Según una encuesta de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), el 61% de los españoles opina que el cine español es “bueno”, frente al 20% que lo califica de “malo”. Para ellos (y ese 19% que ni supo ni contestó) se estrena Spanish movie, irónico repaso a los últimos éxitos del cine hecho aquí: “Se escogieron películas que hayan podido ver los potenciales espectadores del género spoof [Agárralo como puedas, Scary movie…]“, explica el actor Carlos Areces, que en la cinta parodia distintos personajes célebres de Javier Bardem. Además de nombres reconocibles (Almodóvar, Amenábar…), nuestro cine cuenta con argumentos tópicos que casi adquieren entidad de género [ver despiece abajo]. Aunque Javier Ruiz, director de Spanish movie —que parodia los recientes y obvia, por ejemplo, la temática guerracivilista—, matiza: “Muchas películas sobre la Guerra Civil son aburridas, pero otras son necesarias”. Eso sí, el propio Ruiz y otros directores como Borja Cobeaga (Pagafantas) o Miguel Ángel Lamata (Tensión sexual no resuelta) achacan el sambenito de los argumentos manidos a gente que no ve cine español. Areces ironiza a su manera: “Muchos directores llevan años riéndose del cine español sin darse cuenta”.

Claro que una cinta que reuniera los últimos taquillazos de nuestro cine contaría los primeros picores de un niño transexual puesto de pastis en un orfanato paranormal de la Guerra Civil. Suena bien.

ESTEREOTIPOS ‘MADE IN SPAIN’

1. Ya están aquí… El fantástico/terror parecía desterrado de nuestro cine, quizá por películas como Tuno negro (un truño que mucha gente cree haber soñado). El éxito de Los otros, El orfanato o REC (parodiadas en Spanish movie), además de meternos miedo y revalorizar los caserones aislados en el campo, sirve para sacar pecho, como confirma Javier Ruiz: “Las producciones españolas de terror son las más exportables ahora mismo”. Suelos de madera, ruidos nocturnos, cerraduras antiguas y cambios de plano subrayados con efecto musical. Y habrá más, aunque el tráiler de La herencia Valdemar meta miedo, pero no por terrorífico.

2. La Guerra Civil a través de los ojos de un niño. Por mucho que le pese a José Luis Cuerda, el cansino espectador medio español cataloga, por pura acumulación, las películas ambientadas en nuestra Guerra Civil y su posguerra como todo un subgénero ibérico con varios elementos comunes: ausencia de escenas bélicas, preadolescentes salidos, tristeza vital, algún curilla, graves penurias y Maribel Verdú. Borja Cobeaga propone una renovación: “De igual manera que ya se hizo comedia en La vaquilla, un realizador de 21 años al que se la sople quién era Millán Astray debería hacer una barbaridad con la batalla del Ebro”.

3. Hola, soy marginal y lo paso muy mal. El interés de muchas películas por plasmar dramones de tinte social no es patrimonio de nuestro cine (que se lo digan a Ken Loach), aunque también tenemos peculiaridades: la omnipresencia del chándal, la familia desestructurada, el ambientazo poligonero, el abuso del botellín o un Fernando León con los huevazos de hacer una película sobre putas y titularla Princesas (¿por qué no al revés?). Los parados de Spanish movie, protagonistas de Los lunes, alcohol (parodia, claro, de Los lunes al sol), no sueñan con Australia, pero tienen visión de rayos X. No pregunten.

4. Hace ya muchos años… Ropajes de época, reyes soberbios, reverencias innecesarias, peleas entre espadachines, intrigas de palacio y un afán por trascender no ya la historia en sí, sino la historia del cine en mayúsculas, parecen gobernar las cintas de este género. Juana la Loca, Alatriste, Los Borgia y Ágora carecen, respectivamente, de humildad, dicción, realismo o sencillez, pero ¿quién ha dicho que la historia sea simple? Lamata: “Este furor por el cine histórico obedece a algo, es saludable. Igual que esas miniseries que se interesan por nuestra historia reciente, aunque, claro, es más barato contar eso que un suceso de hace siglos”.

5. ¿Drogas? ¡Sí, todas!

Aldous Huxley decía que las drogas abren las puertas de la percepción, pero las recaudaciones en taquilla dicen que las drogas abren las puertas del cine. Desde aquellas dramáticas 27 horas o las ya lejanas Historias del Kronen protagonizadas por pijos temerarios (ambas, de Montxo Armendáriz), el cine español ha propuesto diversos acercamientos al droguerío patrio; de la calculada comercialidad postransgresora de Mentiras y gordas a la metafísica juerga rayada de After. “Las hay más realistas, pero esa fascinación por ver a gente metiéndose rayas es un poco chorra”, añade Cobeaga.

6. No es país para viejunos. No son pocos los directores europeos que han seguido rodando sin prejuicios sobre su avanzada edad (Rohmer, Chabrol, Manoel de Oliveira y otros muchos). Mientras esperamos con interés las películas que hagan con 70 años Juan Antonio Bayona, Javier Fésser o Álex de la Iglesia (¿era Los crímenes de Oxford un ensayo de lo que hará con esa edad?), tenemos, entre otros, al entrañable José Luis Garci (Sangre de mayo), al verdoso Vicente Aranda (Tirante el Blanco) o al incompresible Antonio del Real (La conjura de El Escorial), que siguen filmando para asombro de propios y extraños.

Los cambios bruscos en la clasificación son difíciles porque los índices se refieren a comportamientos relacionados con políticas de largo recorrido (por ejemplo, es complicado que varíe significativamente de un año para otro el número de alfabetizados). El Índice de Desarrollo Humano de España ha crecido un 0,41 desde 1990 (fecha en la que empezó a presentarse el informe), frente a un 0,32 en que lo ha hecho Alemania.

España se encuentra, con 0,955 puntos, en la media de países “muy ricos”. En cuanto a expectativa de vida, ocupa el noveno puesto con 80,7 años de media, frente a los 82,7 de Japón, cabeza de la lista. En salario per cápita, desciende, sin embargo, al puesto 27 con 31.560 dólares anuales por habitante (21.625 euros), cuando el primer lugar le corresponde a Liechtenstein (85.382 dólares) y él último a la República Democrática del Congo (289).

Los datos fueron recopilados en 2007, antes del estallido de la crisis económica mundial, por lo que Naciones Unidas admite que las distorsiones respecto a la situación actual pueden ser importantes. La repercusión de la crisis en los factores que componen el índice es, en países como España, relativamente reducida porque el sistema de educación o sanidad ya están consolidados, pero en países más débiles, enfrentados además a una crisis alimentaria, es dramática.

El devastador informe -elaborado por la verde danesa Margrete Auken- fue aprobado por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos ya habían sido escuchados hasta la saciedad en la Comisión de Peticiones. Sólo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.

La resolución no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a “todas las administraciones, central, autonómicas y locales” responsables de un “desarrollo insostenible” con gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos. Remata todo el cuadro “la falta de confianza generalizada (…) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia”.

El informe pide cambios ya pedidos infructuosamente en 2005 y 2007. Para que las autoridades se lo tomen esta vez en serio insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento a hacer pagar a España en caso de nuevo desentendimiento. Recuerda Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que “la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales” a los Estados que incumplan la legislación comunitaria y que el Parlamento “puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa”.

Una primera línea unirá el puerto de Nantes-Saint Nazaire, en el Atlántico, con el puerto de Gijón, que será explotada por el grupo de armadores Louis Dreyfus y el grupo italiano Grimaldi.

Una segunda línea unirá los puertos de Le Havre, Nantes, al norte del país galo, y Vigo, para extenderse hasta Algeciras (Cádiz) en el segundo año. Esta vía será propuesta al operador Acciona Trasmediterránea.

“Esperamos obtener una firma con motivo de la cumbre franco-española de Madrid el 28 de abril” y someter el proyecto al Parlamento “en el año 2009″ para que se concrete “a finales de año”, indicó el secretario de Estado francés para los Transportes, Dominique Boussereau, durante la ceremonia de la firma en Francia.

“Hemos decidido un monto de subvención de 30 millones de euros, repartidos de manera igual” entre Francia y España, precisó la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Este proyecto permitirá transportar 100.000 camiones por año a través del mar y “crear una alternativa para evitar la congestión actual en los Pirineos”, destacó la ministra.

Por otra parte, otros proyectos similares podrían concretarse, según los dos responsables. “Trabajamos entre Francia, Italia y España para extender este proyecto”, declaró la ministra Álvarez. “Francia tiene un grupo de trabajo con Portugal” sobre el tema y Marruecos y Túnez podrían ser asociados a un proyecto en el marco de la Unión Mediterránea, destacó Boussereau.

El procedimiento por déficit excesivo es un mecanismo automático que la Comisión está obligada a poner en marcha con los países díscolos en materia presupuestaria, y España ya sabía que sería objeto de expediente, tal y como reconoció la semana pasada el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

El Gobierno justificó entonces el sobregasto por las medidas de choque contra la crisis y por el aumento de las prestaciones por desempleo. Pero Bruselas estima que esos argumentos son insuficientes: «No se puede decir que el déficit [español] sea el resultado de un brusco descenso económico, porque el crecimiento del PIB [en el 2008] todavía era positivo. El exceso sobre el 3% tampoco es temporal», asegura la Comisión, que augura que el desfase presupuestario llegará al 6,2% este ejercicio (el Gobierno espera que no sobrepase el 5,8%) y que seguirá en el 2010 en el entorno del 5,7% (el 4,8%, según las previsiones del Ejecutivo español).

Salidas a la crisis.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Joaquín Almunia, instó ayer a España, y también a Francia, que se encuentra en una situación similar, a tomarse el 2009 como «un año de estímulo», para que en el 2010 puedan «consolidar» la salida de la crisis.

A juicio de su departamento, las medidas adaptadas hasta ahora por el Gobierno español, «que incluyen recortes de impuestos, proyectos de inversión que alcanzan el 2,2% del PIB en el 2009, así como una serie de reformas estructurales», están en la línea de las recomendaciones comunitarias y del Plan de Recuperación Económica pactado por los Veintisiete en diciembre pasado.

Sin embargo, Almunia hace varias recomendaciones a España, entre ellas que ejecute esas medidas sin agravar la situación presupuestaria prevista para este año; que emprenda el planeado ajuste estructural previsto para el 2010; y que controle la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento. Almunia presentará estas recomendaciones a los Veintisiete en un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se celebrará a principios de abril en Praga, y España deberá asumirlas si el resto de socios así lo aprueban.

Multas.

En el caso de que un país no siga las instrucciones para salir del sobredéficit, la Comisión puede proponer a los Veintisiete que le castiguen con cuantiosas multas económicas. Pero Almunia advirtió ayer que, vista la situación de crisis que atraviesan prácticamente la totalidad de los Estados miembros, «nadie está pensando en sanciones». «En una recesión, el pacto no se refiere solo a las sanciones. Por favor, no expliquen a los ciudadanos que para implementarlo estamos hablando de sanciones», dijo a los periodistas.

De este modo, la economía creció un 1,1% durante el año pasado, rebajando las últimas previsiones del Ejecutivo. Solbes presentó este mismo mes el nuevo Programa de Estabilidad Presupuestaria, en el que anunciaba un incremento del PIB del 1,2% en el 2008 y una reducción del 1,6% en el 2009.

Pero la caída es aún más llamativa y preocupante cuando se compara con la cifra del mismo período del 2007, cuando -de octubre a diciembre- la economía creció un 3,7%. En términos interanuales, esta «sustancial desaceleración» se tradujo en una contracción del PIB del 0,8%, que el Banco de España achaca principalmente al «rápido debilitamiento» de la demanda nacional, «especialmente de la de las familias» (consumo privado e inversión residencial), que disminuyó un 2,4% en los últimos doce meses y que no ha logrado compensar la contribución positiva de la demanda exterior, que repuntó un 1,7%.

Desplome del consumo.

La «debilidad» del consumo de las familias responde tanto a la pérdida de confianza de los consumidores, por el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y por la «delicada» situación de los mercados financieros internacionales, como a la creciente destrucción del empleo -la tasa de paro en la última EPA frisa el 14%- y la inflación. Ello repercutió negativamente en la renta bruta disponible de los hogares, «a pesar de la tónica de elevado crecimiento salarial», que el Banco de España no ve con buenos ojos.

La inversión empresarial y en bienes de equipo también retrocedió, mientras que por el lado de la oferta, el «frenazo del gasto» golpeó a todos los sectores, especialmente a la industria y la construcción.

Pero en el análisis se apuntan también algunos aspectos positivos, como que el sector exterior creció por primera vez desde 1997 o que, precisamente la caída del consumo, unida a la menor inflación y precio del petróleo y al efecto de medidas como la devolución de 400 euros del impuesto de la renta, propició la «rápida recuperación» de la tasa de ahorro de los hogares, que se elevó hasta el 11,9%.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso, afirmó que «el Gobierno combate la recesión con las mejores medidas tomadas en todo el mundo», mientras que Mariano Rajoy sostuvo que era el resultado de la «inutilidad» de Zapatero.

El Consejo aprobó dos acuerdos internacionales que permitirán votar en las próximas elecciones municipales a unos 256.000 inmigrantes colombianos y a 127.000 peruanos, siempre que tengan permiso de residencia permanente (cinco años seguidos de estancia legal en España). El decreto del Gobierno no precisa si, además del derecho al voto, los inmigrantes peruanos tendrán también derecho a ser candidatos.

Yolanda Villavicencio, representante de la Asociación España América Solidaridad y Cooperación-Colombia (AESCO), reconoció que, aunque los inmigrantes colombianos no podrán presentar candidaturas propias, sí podrán hacerlo las personas de ese origen que hayan adquirido la nacionalidad española.

Por su parte, Juvenal Urtecho, responsable del Centro Peruano César Vallejo, vaticinó que varias candidaturas andinas concurrirán a los comicios, ya que en España existen “células legalmente constituidas de partidos políticos peruanos” que tienen “una amplia” representación entre la emigración, como el Partido Aprista Peruano (APRA), del presidente Alan García, o Perú Posible, “el que aglutina más” adeptos en España y que encabeza el ex mandatario Alejandro Toledo.

Además, el Consejo de Ministros adoptó acuerdos en relación con las retribuciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado, para las que prevé un aumento adicional del 1% sobre la subida de todos los funcionarios, del 2%.

En cuanto a las retribuciones de las Fuerzas Armadas, el Gobierno acordó que los militares de complemento percibirán trienios según su adscripción y estableció la asignación por disponibilidad que percibirán mensualmente de los 45 a los 65 años. El reglamento fija la prima que recibirán los militares que pasen a la reserva con carácter forzoso o anuente antes del paso obligatorio. Su cuantía depende de los empleos y años de servicio y se percibirá multiplicada por los años que resten servicios hasta el pase obligatorio a la reserva.

Con el recorte de hoy, el euribor completa su trigésimo séptima jornada consecutiva de descensos.

El pasado viernes cerró la sesión en el 3,951%, un retroceso que envió la media mensual de noviembre al 4,350%, un nivel que permitirá el primer abaratamiento de las hipotecas desde septiembre de 2005.

Esta tendencia bajista podría acelerarse el próximo jueves, cuando tendrá lugar la reunión del Banco Central Europeo (BCE). Su presidente, Jean-Claude Trichet, ha sugerido la posibilidad de un recorte de tipos en la zona euro (actualmente en el 3,25%) tras el fuerte retroceso experimentado por la inflación.

Los analistas especulan con la posibilidad de que la rebaja de tipos pueda ser de hasta tres cuatros de punto.

Este porcentaje es aún más elevado entre los mayores de 65 años: alcanza el 28,5%. Además, más del 30% de los hogares considera que tiene no capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Nueve de cada diez hogares se muestra satisfecho en general con la vivienda en la que residen. Sin embargo, el 18% padece problemas de delincuencia y vandalismo en su zona de residencia, el 15,7% de contaminación y un 25,7% sufre ruidos procedentes de vecinos o de la calle.

Todo ello a pesar de que los ingresos por familia han experimentado un incremento del 4,6% respecto al estudio anterior. Más concretamnete, asciende a 24.525 euros de media. Aunque en las casas donde el sustentador principal es un hombre esta cifra se incrementa, como también lo hace cuando la persona de referencia tiene estudios superiores.

La causa, la brecha que separa los salarios entre hombres y mujeres para un mismo puesto de trabajo, así como en una disminución del número de féminas en puestos de poder. Las primeras posiciones en cuanto a igualdad de sexos las ocupan los países nórdicos, por este orden: Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia.

España ha cedido siete posiciones en la tabla global de igualdad hasta colocarse en la posición 17 de la lista elaborada anualmente por el Foro Económico Mundial. El organismo internacional considera que el país ha logrado eliminar un 72,81% la brecha entre los hombres y las mujeres, una calificación afectada por la ligera diferencia en los salarios pagados en trabajos similares.

La puntuación sitúa a España por debajo de naciones como Suiza (73,60%) y Francia (73,41%). El listado lo encabezan cuatro países nórdicos. Noruega a la cabeza con una disminución de la brecha de género del 82,39%. Le siguen Finlandia (81,95%), Suecia (81,95%) e Islandia (79,99%).

Otros países que con anterioridad ocuparon puestos privilegiados, como Alemania, Reino Unido y España cedieron también terreno en el índice, pero han logrado mantenerse entre los 20 primeros. Por su parte, Países Bajos, Letonia, Sri Lanka y Francia han progresado considerablemente.

Los resultados del Índice de Disparidad entre Géneros puede interpretarse como la tasa en que se ha reducido la disparidad entre hombres y mujeres. Los tres primeros clasificados han reducido algo más del 80% la disparidad entre géneros, mientras que el país clasificado en última posición sólo ha disminuido un poco más del 45% de su disparidad.

De los 128 países analizados, más del 75% han mejorado sus resultados generales, sugiriendo un progreso global hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres. A nivel global, se ha progresado en la reducción de la disparidad a nivel educacional, poder político y participación económica, al tiempo que se ha ampliado en salud.

“Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en gobiernos y entidades financieras es vital tanto para hallar soluciones a la crisis económica actual, como para evitar turbulencias futuras.”, ha señalado Klaus Schwab, fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. España ha salido bien parada en este rubro logrando la séptima posición, gracias a las nueve ministras del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“El Informe pone de relieve que el progreso no sólo es factible, sino posible en un periodo relativamente corto de tiempo: vemos que países como Chile, España, Turquía y Finlandia han reducido entre 5 y 10 puntos porcentuales sus respectivas disparidades entre géneros en los últimos ocho años. Si interpretamos estos cambios porcentuales a nivel social, vemos que cientos de miles de vidas se ven afectadas por ello, y a nivel económico, vemos un enorme potencial de aumento de la competitividad” explica Saadia Zahidi, Directora de los Constituyentes del Foro Económico Mundial.

EUROPA CEDE PUESTOS.

Catorce de los veinte primeros puestos de la lista pertenecen a naciones europeas, de las cuales España no es la única en ceder posiciones. Alemania, que en 2006 ocupaba la quinta posición se encuentra ahora en la undécima. El Reino Unido también ha caído por tercer año consecutivo hasta el puesto 13. Los autores explican que estas bajadas pueden ser atribuidas a que se tiene la percepción de que los salarios pagados por trabajos similares son diferentes y al descenso de mujeres en los parlamentos y ministerios.

Suiza y Francia son, en cambio, los países que más posiciones han escalado. París ha avanzado 36 posiciones tras disminuir las brechas de los salarios e incrementar las figuras femeninas en todos los escenarios políticos franceses, sobre todo el gabinete del presidente Sarkozy, que lo coloca en el cuarto nivel mundial.

Entre el resto de países, China ha conquistado 17 puestos por la reducción de desigualdades “en la educación, la economía y la política”, mientras que EEUU, ha avanzado hasta el puesto 27 debido al mayor número de mujeres en puestos de decisión.

El estudio, realizado en 130 países y sobre el 92% de la población mundial, deja en la cola a los países musulmanes. En concreto, Yemen ocupa el puesto 130; Arabia Saudí, el 128; Pakistán, el 127; Marruecos, el 125; Egipto, el 124, y Turquía, el 123. El Foro Económico Mundial, sin embargo, detecta avances significativos en Túnez, que ocupa el puesto 103; Jordania, que se sitúa en el 104, y los Emiratos Árabes Unidos, en el 105.

En declaraciones a Europa Press TV, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, afirmó que “a pesar de la crisis económica que había hecho que se ralentizase el número de rupturas, éste se ha vuelto a disparar”.

De esta manera, si se suman los datos en los 6 primeros meses del año ya se han superado las 70.000 rupturas matrimoniales y la cifra del segundo trimestre significan un crecimiento del 12,5% con respecto al primer trimestre de 2008.

Hertfelder apuntó que este fenómeno se debe principalmente a que “en España las administraciones no han implantado ni los mecanismos de orientación familiar, ni las leyes para ayudar a las familias a superar este tipo de crisis”. Además, Hertfelder añadió que “también hay que culpar a leyes regresivas como la ley de divorcio express” aprobada en 2005 que “incrementa y potencia el número rupturas”.

Finalmente, explicó que los matrimonios que más se rompen son los que “llevan menos de cinco años casados o más de veinte” y sobre todo los matrimonios que “no tienen hijos, ya que estos dan un plus de estabilidad”.

Entre las comunidades autónomas, Andalucía es la que figura a la cabeza con el mayor número de rupturas, 13.206 en los 6 primeros meses, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció hoy que ocho empresas españolas recibieron el visto bueno de las autoridades chinas para exportar jamón deshuesado y productos porcinos, aunque todavía no embutidos.

España ha sido el único país del mundo que logró negociar con China, dentro del mismo protocolo, el jamón, la carne, los despojos y los productos curados durante más de 330 días, lo que excluye a los embutidos. “Quedan apenas unas certificaciones veterinarias pendientes, pero de las 15 empresas inspeccionadas en España ocho han sido ya autorizadas por el Ministerio de Comercio chino”, dijo hoy el ministro español en conferencia de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Sebastián leyó a los periodistas la lista de las empresas autorizadas a exportar los productos porcinos a China: Mataderos Industriales Soler de Málaga, Patel SA de Barcelona, El Pozo de Murcia, Carnes Selectas 2000 de Burgos, F. Costa Brava de Gerona, Montesano Extremadura de Badajoz, e Ibéricos Torreón y Jamón de Salamanca, ambas de Salamanca.

De las siete restantes ya inspeccionadas en España serán autorizadas algunas de ellas sin nueva inspección una vez subsanen algunos aspectos.

El también titular de Turismo, que se encuentra en Pekín para asistir con Moratinos mañana a la inauguración de los JJOO, se reunió hoy con el ministro de Comercio chino, Chen Deming, y mañana lo hará con el de Industria y Tecnologías de la Información, Li Yizhong, en ambos casos junto al titular de Exteriores.

Sebastián explicó que el déficit comercial entre España y China se va reduciendo poco a poco pero todavía es demasiado alto. Ambos ministros escucharon de los empresarios españoles en China cómo las consecuencias de la celebración del Año de España en China han sido multiplicar por seis la inversión española y pasar de 100 millones de euros a 600 millones de euros, duplicando las exportaciones. “La exportación de jamón es un símbolo pues vendemos 2.000 millones de euros a China, el doble que hace cuatro años, y le compramos 19.000 millones de euros. Es decir el déficit es todavía el más alto de la Unión Europea (UE)”, dijo Sebastián. Para encontrar el equilibrio, dijo, “las dos partes queremos trabajar para corregir (el déficit)”.

“Estamos en un buen momento para que los productos españoles se conozcan, para que nuestras empresas salgan a los mercados más emergentes, y contarán con ello con el apoyo del Gobierno español”, subrayó.

Sebastián se reunió hoy con touroperadores chinos y «aunque no hay un diagnóstico compartido ambos sabemos que hay dificultades», entre ellas la falta de vuelo directo.

Para minimizar costes, apuntó, “haremos un plan de trabajo que presentaremos en octubre con el objetivo de agilizar la llegada de más turismo a España”.

Según Sebastián, España busca atraer parte de los 200 millones de chinos con capacidad de salir al exterior, aunque sólo 2 millones viajan a la UE.

En el 2008 España prevé recibir 60 millones de turistas y solo recibe del orden 20.000 a 30.000 chinos, por lo que “tenemos que trabajar y confiamos mucho en este plan”.

Fuentes del Ministerio luso de Sanidad explicaron hoy a Efe que a principios de julio llegarán a Portugal los quince médicos uruguayos para incorporarse al Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM).

Aunque la prensa lusa ha informado de un éxodo de cientos de médicos españoles, oficialmente el Ministerio asegura que desde enero pasado sólo tiene constancia de que han abandonado Portugal 39 y no considera que se esté produciendo una salida generalizada de estos profesionales.

No obstante, el Ministerio apenas dice tener registrados 450 médicos españoles que realizan su trabajo adscritos a ese departamento, mientras la Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP) calcula que, en las instituciones de todo el país, ascienden a 1.800.

El presidente de la APSEP, Xoan Gómez, dijo a Efe que el número de profesionales que están regresando a España no es tan preocupante como ha difundido la prensa lusa y lo sitúa en un máximo de 200.

Gómez atribuye el retorno de los médicos a los mejores salarios vigentes ahora en España, entre un 15 y 20 por ciento por encima de los aplicados en Portugal, que hace una década eran más altos.

Según el Ministerio luso de Sanidad, los médicos uruguayos que van a trabajar en Portugal pasarán por un periodo de formación de dos meses, tras el que firmarán contratos de entre dos y tres años de duración.

Las fuentes del Ministerio aclararon que otros 20 galenos uruguayos llegarán en breve a Portugal para recibir formación en el área de trasplantes renales y hepáticos, aunque no está previsto inicialmente que ejerzan en territorio luso actividad laboral alguna.

De momento, las autoridades no tienen prevista oficialmente la llegada a Portugal de otros contingentes de profesionales latinoamericanos que suplan la salida de médicos españoles.

El anterior ministro de Sanidad luso, Antonio Correia de Campos, señaló en la prensa hace un año que serían en total 100 doctores uruguayos quienes reforzarían el servicio de vehículos médicos de emergencia y reanimación (VMER).

Correia de Campos justificó en ese momento la iniciativa en la calidad de la escuela médica del país sudamericano.

La corona islandesa ha perdido casi un tercio de su valor desde que empezó la tormenta en agosto; la inflación de la isla se disparó en abril al 11,8% (el 28% anual); y el Banco de Islandia ha elevado los tipos de interés hasta el 15,5%, por encima de Turquía.

Frente al bamboleo islandés, España (al margen de problemas como el de la construcción) atraviesa el temporal con relativa placidez gracias, en buena medida, a que un 2 de mayo de 1998 se embarcó en un proyecto llamado euro. Aquel sábado de hace 10 años también fue tumultuoso por la disputa entre el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente francés Jacques Chirac, sobre el nombramiento del primer presidente del Banco Central Europeo.

Al final, un acuerdo de madrugada nada caballeroso optó por el holandés Wim Duisenberg como quería Alemania… a condición de que a mitad de mandato cediese su puesto al francés Jean-Claude Trichet.

Superada esa primera crisis, la nave zarpó y acoge ya a más de 320 millones de pasajeros de 15 países. Y todos ellos disfrutan de unos tipos de interés en mínimos históricos (4% a pesar de la escalada de precios de las materias primas) y de una divisa que vale más de 1,5 dólares. ‘Algunos comentaristas se apresuraron a sembrar dudas’, recuerda estos días el actual comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia. ‘Algunos decían que nunca llegaría a existir; otros, que duraría un par de años’. Almunia no oculta su satisfacción al comprobar que esas predicciones no se han cumplido. Y califica al euro como ‘un enorme éxito económico’.

Tras una dura disputa, el 2 de mayo de 1998 marcó el punto de partida de la Unión Monetaria

La Comisión Europea destaca como elemento positivo la creación de más de 16 millones de puestos de trabajo en Europa en la última década. El crecimiento del empleo en España superó en un 30% la media europea.

La nueva divisa también ha impuesto la disciplina fiscal. Y desde un déficit público de dos dígitos en algunos países se ha pasado a una media del 0,6% del PIB en 2007.

La inflación, además, ha caído en picado, lo que ha permitido un abaratamiento histórico del crédito. ‘Los tipos hipotecarios oscilaban entre el 8% y el 14% a principios de los años 80′, recuerda el departamento de Economía de la CE. ‘Ahora, de media, son del 5%, lo cual supone un ahorro de entre 170 y 750 euros al mes para un préstamo de 100.000 euros’. Las empresas también han salido beneficiadas al desaparecer el riesgo de tipo de cambio entre los principales mercados europeos. Bruselas calcula que con una divisa por país, el coste se elevaría a 20.000 millones de euros anuales.

A pesar de este brillante balance, las autoridades comunitarias reconocen que todavía no se ha explotado todo el potencial del euro. La moneda común corre el riesgo de convertirse en el chivo expiatorio de gobiernos populistas, si las dificultades económicas arrecian. El presidente galo, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro electo italiano, Silvio Berlusconi, han abierto la veda y entre sus víctimas propiciatorias figuran el euro y el BCE.

‘La amenaza más obvia para una moneda única surge habitualmente por un control o coordinación imperfectos de las políticas fiscales nacionales’, señalan Michael Bordo y Harold James en un reciente estudio publicado por la Comisión. Almunia asegura que el euro no ha reportado los incrementos de PIB y productividad que se esperaban. Y subraya que aún existe un amplio margen para mejorar el dinamismo económico de la zona euro.

El comisario presentará sus propuestas para lograrlo el próximo 7 de mayo, arranque oficial de la celebración del décimo aniversario de la moneda europea.

Entre las medidas que planteará figura el refinamiento del sistema de vigilancia presupuestaria, para poder llamar a la atención a los países con escaladas inflacionistas o desequilibrios en la cuenta corriente. España parece una candidata ideal para estrenar ese apercibimiento. Aún así, el toque de atención siempre será más benigno que la sacudida que hubiera sufrido si continuara con la peseta.

En marzo había 15,99 millones de personas desempleadas en la UE, de las que 10,93 millones estaban en la eurozona. En el último año, estas cifras se han reducido en 1,4 millones y en 0,6 millones, respectivamente.

De los 27 países miembros, en 23 ha disminuido el paro en el último año y en cuatro ha subido. El mayor incremento se ha producido en España, donde ha pasado del 8,1% al 9,3%, y en Irlanda (del 4,6% al 5,6%). Las mayores bajadas corresponden a Polonia (del 10,3% al 7,7%), Bulgaria (del 7,5% al 5,9%) y Eslovaquia (del 11,3% al 9,8%).

Baja la inflación.

Por su parte, la tasa de inflación interanual en la eurozona bajó en abril hasta el 3,3%, desde el 3,6% en que se había situado en marzo, según un cálculo preliminar. El dato definitivo será publicado el próximo 15 de mayo.

Pese a este retroceso de tres décimas, la inflación en la zona euro permanece en niveles históricamente elevados debido al encarecimiento del petróleo y los alimentos, ya que el objetivo oficial del Banco Central Europeo (BCE) es un IPC interanual del 2%.

En España, la inflación bajó el mes pasado cuatro décimas, hasta el 4,2%, según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). De confirmarse este dato, el diferencial de inflación con la eurozona sería de 0,9 puntos.

La encuesta, realizada sobre 2.500 entrevistas, revela que los españoles no suelen compartir mucho tiempo libre con sus mayores, y eso que un 40 por ciento convive con una persona que supera los 65 años. Así, la encuesta registra cifras como que el 39 por ciento de los encuestados ‘Nunca’ ha acompañado a sus mayores al cine, de compras o a otro tipo de espectáculo, mientras que un 40 por ciento nunca comparte las tareas domésticas. Además, el 32,3 por ciento asegura que no les ayuda en el cuidado personal. Todos estos números contrastan con al opinión mayoritaria (del 75 por ciento) que considera que los hijos deben ocuparse de los problemas de sus padres cuando éstos llegan a cierta edad, una teoría que no se cumple.

A lo que sí parecen estar dispuestos los españoles es a pasear, una actividad que practican junto a sus mayores, una práctica que realiza una cuarta parte de los encuestados, al menos dos veces por semana. Conversar es la otra opción más elegida por los encuestados. De hecho, cuatro de cada diez personas aseguran que hablan todos o casi todos los días con sus familiares mayores de 65 años. De ahí que casi un 77 por ciento consideren que los mayores dan buenos consejos ante las decisiones importantes.

De la encuesta se desprende que los propios españoles no están conformes con su comportamiento hacia sus mayores. Haciendo autocrítica, sólo una cuarta parte de los preguntados señalaron que la sociedad se comporta bien con los ancianos, frente a un 46 por ciento que cree que se les trata ‘Regular’ y un 16,2 que opina que ‘Mal’. Aun así los españoles entienden que compartir momentos con este sector de población es “un motivo de satisfacción”, porque los ancianos aportan a la sociedad principalmente experiencia y sabiduría.

Un dato a destacar es que la mayoría de los encuestados considera que una persona entra en la vejez a partir de los 70 años y tan sólo una cuarta parte considera ancianos a los mayores de 60, lo que se debe a que la inmensa mayoría considera que la situación que vive ahora este sector de la población es mejor que la de hace 40 años.

Dentro de esta mejora de su situación, el 58,7 por ciento cree que este colectivo se siente la mayor parte del tiempo “solo”. Los españoles también ven a los ancianos “temerosos ante la enfermedad y la dependencia”, además de “tristes” y “melancólicos”.

Asimismo, la legislación española prevé que los impuestos percibidos por los trayectos marítimos entre un puerto español y otro extracomunitario «no se beneficien de ninguna bonificación» y sean «más elevados que los obtenidos por el tráfico entre los puertos españoles y comunitarios».

Bruselas considera que estas «discriminaciones son, en principio, contrarias a las disposiciones del reglamento» sobre la libre prestación de servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros y entre los mismos con países terceros (4055/86), y sólo pueden «justificarse por razones imperiosas de interés general».

«Cohesión territorial».

Para justificar este trato diferenciado a favor de ambos archipiélagos así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las autoridades españolas alegan el principio de «cohesión territorial». Sin embargo, a jucio de los servicios comunitarios, Madrid «no ha aportado pruebas suficientes para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las medidas de bonificación», en particular, teniendo en cuenta las «compensaciones» ya aplicadas a favor de Canarias y las otras zonas implicadas, en base a las «obligaciones de servicio público».

En un `dictamen motivado´ (segundo y último apercibimiento escrito), el Ejecutivo comunitario «expone claramente y con carácter definitivo las razones por las que estima que ha habido infracción del derecho comunitario y exige al Estado miembro que cumpla con sus obligaciones en un plazo determinado, que es generalmente de dos meses». Si no lo hace, la Comisión puede decidir recurrir al Tribunal de Justicia, que determinará si hay «infracción del Tratado».