“En los dos últimos meses, varios indicadores habían mostrado una cierta mejora”, certifica Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid. Pese a todo, la debilidad de la recuperación había polarizado el pronóstico de los expertos, que no se ponían de acuerdo sobre si esta vez se había salido de la recesión. Unas dudas alimentadas porque Rodríguez Zapatero ya había anunciado en otoño que la economía “estaba a punto de comenzar a crecer”. Al final, el cuarto trimestre de 2009 se saldó con un retroceso de una décima en el PIB respecto al trimestre anterior. Entre enero y marzo, la décima cayó del lado positivo, según la primera estimación del Banco de España. Y el vaticinio de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, resultó certero.

“Acertar en si el PIB avanzó o no una décima es como pedirle al hombre del tiempo que nos diga si el 23 de junio a las 10.05 va a llover en una calle de Barcelona”, ejemplifica Espasa, quien recalca que los dos resultados (+0,1% o -0,1%) están dentro del margen de error en que incurre cualquier cálculo de probabilidades que se haga sobre la evolución de la tasa trimestral del PIB. Aun así, este catedrático de la Carlos III, cree muy probable que los datos confirmen la primera estimación del Banco de España. “Los últimos datos de producción industrial son esperanzadores, ahí sí que podría hablarse de un brote verde”.

“El índice de producción industrial de marzo ha sido buenísimo, ni los más optimistas preveíamos algo así”, coincide José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, quien destaca que la mejora no sólo se ha notado en la fabricación de automóviles, dopada por las subvenciones a la compra de turismos, sino que se ha extendido a otras ramas (industria alimentaria, textil, fábricas de papel) muy vapuleadas por la crisis. Y ha alcanzado incluso a la industria auxiliar de la construcción, que ya no cae a plomo.

La producción industrial registró en marzo la primera subida interanual (5,4%) desde que comenzó la crisis. Es uno de los índices más seguidos por los expertos para tomar la temperatura al crecimiento económico. Y, sin embargo, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato el pasado miércoles, no cosechó ni una línea en los principales periódicos (incluido éste). La tempestad en los mercados de deuda pública lo inunda todo.

Los datos de la industria se suman a otros (consumo de energía eléctrica, ventas de comercios, exportaciones, pernoctaciones en hoteles) que cuentan la misma historia. Juan Rubio-Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Duke (Estados Unidos), resalta que “la serie más positiva es la de la afiliación a la Seguridad Social, que frena su evolución negativa”. Es una señal de que la destrucción de puestos de trabajo (dos millones en menos de dos años) es cada vez menor. “Quien niegue los síntomas de crecimiento es que está ciego”, recalca Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Dicho esto, todos los expertos creen que se ha prestado demasiada importancia a si los pronósticos del Gobierno eran o no acertados. “Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas del PIB”, abunda Juan José Méndez, del Centro de Predicciones Económicas. Méndez admite que hay una “mejora del ritmo de crecimiento”, pero señala también “un desfase con relación a la eurozona, o más aún, con Estados Unidos”.

“Lo que los mercados están mirando es la capacidad de crecimiento a medio plazo y si seremos capaces de ajustar el déficit”, coincide Manuel Balmaseda, que dirige el servicio de estudios de la multinacional Cemex. Balmaseda opina incluso que dar por terminada la recesión es prematuro: “En Estados Unidos, que llevan tres trimestres con crecimientos superiores al 0,5%, tienen en cuenta otros factores y aún no creen que haya acabado”.

“Se ha confundido la discusión, nos hemos centrado en qué pasa hoy y lo importante es lo que ocurrirá el día después de la crisis, no hemos interiorizado que nos queda mucho trabajo por hacer en los próximos cinco o seis años”, insiste Josep Oliver. Una “asimetría”, en palabras del catedrático de Economía, que se ha manifestado en todo su esplendor en las últimas semanas.

De golpe, el castigo de los mercados a la deuda pública ha traído al presente más acuciante retos para los que se exige soluciones inmediatas. Ahora, un periodo de uno o dos años para reconducir el déficit o consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico se antoja un mundo a los ojos de los inversores. “Tras la crisis griega, es cierto que ha habido mucha especulación sobre determinados países como España, pero también es cierto que si no hay argumentos en los que apoyar las apuestas a la baja, al especulador que lanza el ataque nadie le seguiría”, advierte Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Las reticencias de Alemania a acudir al rescate de Grecia han exacerbado las dudas sobre qué pasaría si otro país de la zona euro pasara dificultades similares. Y, en las últimas semanas, España ha sido protagonista de datos, previsiones y artículos en la prensa internacional, que pasados por el tamiz de la especulación, arrojan un resultado desasogante.

Porque al mismo tiempo que varias estadísticas de la economía real daban el banderazo de salida a la recuperación, el mercado laboral daba fe de que el impacto brutal de la crisis en el empleo sigue ahí. “No somos del todo conscientes de que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron casi 1,4 millones de empleos, es una destrucción de puestos de trabajo de una magnitud histórica”, recuerda Josep Oliver. Hace poco más de una semana, el Instituto Nacional de Estadística confirmó que la tasa de paro supera ya el 20% de la población activa, un dato que compromete cualquier pronóstico de crecimiento económico vigoroso en los próximos años y de recuperación de los ingresos públicos vía impuestos. Más aún cuando los vaticinios del Gobierno sobre el mercado laboral -que la tasa de paro ha alcanzado su nivel máximo, que se creará empleo a partir del verano-, no convencen. “Lo más probable es que la tasa de paro quedará estancada alrededor del 19,7% este año y el próximo”, sostiene Antoni Espasa.

El Instituto Flores de Lemus tampoco predice creación de empleo hasta 2011, un pronóstico en el que coincide con el servicio de estudios del Banco de España. Las últimas proyecciones del organismo supervisor español, divulgadas hace poco más de un mes, son similares a las de los servicios de estudios privados y coinciden a grandes rasgos con lo que el FMI y la Comisión Europea publicarían poco después: Salgado y su equipo habrían hecho un vaticinio ajustado sobre la evolución del PIB este año (un -0,3% en tasa interanual) y del déficit (un recorte del 11,2% al 9,8% del PIB). Pero a partir de 2011, según esta visión, la estimación oficial patina.

Donde el Gobierno ve crecimientos del PIB cercanos al 2% el próximo año y al 3% en 2013, el resto ven un avance anémico, que dificulta el recorte del déficit, como también se aprecia en todas las previsiones menos la del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor?s llevó esta línea argumental al extremo para rebajar la calificación de la deuda soberana española, lo que puso a los títulos del Tesoro en la línea de fuego de los especuladores. Y las dudas sobre la solvencia del Estado español -pese a que el nivel de deuda pública, aunque creciente, es inferior al de la mayoría de países europeos-, se extendieron como una mancha de aceite. Artículos en The New York Times, Financial Times o el Wall Street Journal, ponían altavoz a la incertidumbre.

En suma, en la semana en la que se ha anunciado que la economía española salía de la recesión, la Bolsa perdía más de un 10% y el diferencial de los títulos españoles con los bonos alemanes a 10 años, la referencia para estimar el sobrecoste de colocar la deuda pública, llegaba a su máximo en más de una década. Hasta los gestos delatan qué es ahora lo importante, qué es lo prioritario. Elena Salgado se perdió este viernes buena parte de la primera conferencia de prensa programada tras la publicación de los datos sobre la salida de la recesión, absorbida por los trabajos previos a la reunión del Eurogrupo, que debatió el plan de rescate a Grecia unas horas más tarde.

“Creo que las reacciones de los mercados en los últimos días se corresponden más a un efecto contagio que a una lectura real de la economía española”, opina el profesor Juan Rubio-Ramírez, coordinador para la fundación Fedea de un índice que trata de sintetizar los datos más recientes sobre crecimiento económico. “En pocas palabras, España no es Grecia, no va a desembocar en una situación de bancarrota, al menos a corto plazo”. Otra cosa, sostiene el profesor de la Universidad de Duke, son “compromisos de gasto a largo plazo, como las pensiones y la sanidad”, en su opinión “claramente insostenibles”.

“No es la solvencia del Estado español lo que se ponía en duda en la primera línea del informe de Standard&Poor?s, sino las consecuencias de un crecimiento muy débil para el pago de la deuda privada. Las familias y empresas españolas han acumulado un nivel de deuda enorme y la mayoría está en manos de acreedores extranjeros”, puntualiza Oliver. Sin embargo, Francisco Pérez, del Ivie, cree que aquí, si el ajuste de precios en el sector inmobiliario se acelera, puede haber una tabla de salvación. “No es lo mismo endeudarse para comprar activos financieros dudosos o para financiar el consumo, que para invertir que es lo que ha hecho la economía española, aunque sea cierto que mucho ha ido al ladrillo”.

Si la desconfianza sobre la deuda pública española sigue creciendo no sólo se encarece el coste de los títulos del Tesoro, también será mucho más difícil refinanciar la deuda acumulada por las empresas o las cédulas hipotecarias en las que los bancos y cajas españoles titulizaron los préstamos de las familias. Según Méndez, las dudas sobre el recorte del déficit aumentan “cuando el ritmo de crecimiento económico es bajo y no hay claras posibilidades de estimularlo”, una trampa en la que podría haber caído la economía española. En ese escenario, la lógica de los mercados financieros impone el recorte del gasto público: no hay miramientos para los riesgos de una recaída por la retirada de estímulos públicos y el debate sobre quién originó la crisis y quién se lleva las consecuencias queda arrinconado.

“El programa de ajuste que ha presentado el Gobierno español es cuantioso y creíble, pero debe aplicarse ya”. Es lo que afirmó esta semana una portavoz del FMI, es lo que ha dejado entrever el comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, es lo que repitió este mismo viernes un informe del banco de inversión Goldman Sachs. Otra vuelta de tuerca que los mercados traducirán en más presión.

“Estoy convencido de que habrá más precisión en las medidas de ahorro, de que sindicatos y patronal llegarán a un acuerdo sobre la reforma laboral, de que habrá cambios en la función pública para hacerla más eficaz, cualquier otro camino nos pondría en una situación muy difícil”, señala Oliver. Balmaseda pone la cosa más cruda: “A medio plazo, soy optimista sobre la economía española, pero antes habrá que elegir si hacemos nosotros el ajuste, con nuestras prioridades, o dejamos que nos lo haga el Fondo Monetario Internacional, como ha ocurrido con Grecia”.

Tras el crash de 1929, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de Herbert Hoover, entonces presidente de Estados Unidos, de retirar las ayudas públicas a la economía sólo unos meses después agravó la crisis económica y dio pie a la Gran Depresión. Es pronto para calibrar las consecuencias de la tardanza y las exigencias alemanas respecto al plan de rescate a Grecia o de la resistencia del Banco Central Europeo a fabricar dinero para comprar deuda pública. Lo que sí queda claro es que han acelerado una nueva fase de la Gran Recesión de 2009, la crisis fiscal. Y que a España le ha cogido a contrapié.

Francisco Pérez presta una metáfora: “Este río ya no se puede cruzar por un puente, sólo quedan unas pocas piedras y hay que saltar con cuidado”. En esa travesía, la ansiada salida de la recesión es ya sólo un bastón en el que apoyarse.

Pero no es una fecha tope, ya que a la vez el acuerdo incluye que «se deberán tener en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros». En sus conclusiones sobre la estrategia de salida de los planes de relanzamiento económico y la vuelta al equilibrio presupuestario, el Ecofin considera que además de la supresión de las incitaciones económicas y fiscales, se necesita un esfuerzo importante en las políticas de saneamiento de las finanzas publicas, para frenar el crecimiento de la deuda y volver a tener unas cuentas sanas.

Por otro lado, la mejora de las finanzas públicas debe ir a la par con la intensificación de las reformas estructurales, que debería favorecer el potencial de crecimiento de la producción.

El ministro sueco, que presidía la reunión, Anders Borg, explicó que «la recuperación por ahora es frágil y necesita de apoyos, pero también tenemos que preparar las estrategias de salida de esta situación». El Ecofin cree que la actividad económica ha dejado de caer de manera brusca, los mercados financieros se han estabilizado y renace la confianza.

Por lo tanto, aprobó que esa estrategia de salida de los estímulos se realice de manera coordinada, junto a la supresión en el momento oportuno de los estímulos económicos. Teniendo en cuenta los desafíos futuros, el Ecofin acordó que esos planes de saneamiento deben ser ambiciosos y superar «por lo menos el 0,5% del PIB por año». El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que sustituyó a la ministra Elena Salgado, explicó a sus colegas que «España ya esta tomando las medidas adecuadas para corregir la situación», refiriéndose a los Presupuestos que presentó ayer Salgado.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, ha reflexionado sobre la necesidad de que el Ejecutivo y a las comunidades autónomas lleven a cabo la reforma impositiva con el objetivo de igualar la presión fiscal española, con una media del 31%, a la de los vecinos de la Unión Europea, donde se sitúa en torno al 50%. “No se puede tener una presión fiscal como Marruecos con unos servicios sociales como Suecia”, ha comentado Castro en una entrevista a la cadena Ser, en la que ha señalado que la decisión del Gobierno de destinar 1.800 millones de euros a las comunidades en compensación por la supresión del impuesto de sociedades no es una solución.

El Ejecutivo, no obstante, tiene ante sí un dilema de difícil solución. Necesita estimular la economía para salir de la recesión, pero a la vez se ve obligado a embridar un déficit que galopa hacia niveles nunca vistos, del 10% del PIB. Y subir impuestos no ayuda precisamente a estimular la actividad económica. “Hay que seguir haciendo un esfuerzo fiscal generoso” para reactivar la economía, aseguró Salgado, que a renglón seguido avanzó el debate central del próximo curso político: “Hay que poner en consideración todas las figuras impositivas, sin apriorismos, teniendo en cuenta que la prioridad es recuperar el crecimiento”.

A la salida de la Comisión de Economía del Congreso, Salgado optó por marcar territorio y desautorizó al número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, que la semana pasada planteó una subida de impuestos para las rentas altas. Blanco “dijo que era una reflexión personal y creo que no es oportuno manifestarme sobre una reflexión personal”, subrayó la ministra, antes de aclarar que en España “las rentas altas ya pagan más impuestos”.

Hacienda se resiste a adelantar qué figuras pueden verse afectadas y ayer se limitó a remitirse a las palabras de Salgado: “Todo, absolutamente todo está en revisión”, aunque “ni tan siquiera hemos hablado aún de subidas”, declaró.

Pero el Ejecutivo ya ha echado a andar ese camino, con la subida de impuestos al tabaco y las gasolinas y el anuncio de la eliminación parcial de la deducción por vivienda. Sobre la mesa están también la posible supresión parcial de la deducción de 400 euros, el cheque-bebé y la posibilidad de cambios en el IRPF y sociedades. Junto con los cambios en el sistema fiscal, Salgado explicó que prepara un Presupuesto “muy centrado en recuperar el empleo y el crecimiento” y con medidas de austeridad, como la contención de la oferta de empleo público. El Ejecutivo negocia además con los sindicatos una mínima subida salarial para funcionarios.

Economía ya ha descubierto incluso parte del argumentario con el que justifica la subida fiscal. Por un lado están las exigencias de Europa: “A medio plazo las cuentas públicas deben volver a los límites impuestos por Bruselas”. Por otro, el hecho de que la crisis haya provocado el desplome de la presión fiscal. Salgado explicó que ese indicador -que mide el peso de los ingresos públicos en la riqueza de la economía- bajó el año pasado al 32,8% del PIB, cinco puntos menos que en 2007, con lo que se sitúa “entre los más bajos de Europa”. “Los ingresos públicos han caído mucho respecto a los niveles anteriores a la crisis”, justificó.

Los cambios en el modelo tributario serán una de las claves en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y pondrán a prueba los apoyos del Gobierno. La polémica ya está en marcha: el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, acusó al Ejecutivo de “preparar una subida de impuestos a las rentas medias”. El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre calificó los posibles incrementos como un “culebrón de verano” y una “broma pesada o de muy mal gusto”, y recordó que el Gobierno tiene un compromiso con la federación nacionalista catalana para no subir los impuestos directos a lo largo de este periodo de sesiones. Y Joan Ridao, de ERC, criticó al Ejecutivo por “especular con subidas impositivas o reformas fiscales, con el riesgo de que eso provoque la desconfianza de la ciudadanía”.

Prácticamente sólo Joan Herrera (ICV) aplaudió esa iniciativa, antes de recordar que es lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno socialista en los últimos años “con la política de cheques universales, la supresión del impuesto sobre el patrimonio y las rebajas de impuestos para las rentas altas”. “Bajar los impuestos no es de izquierdas: lo es una política fiscal redistributiva que tenga más margen para las políticas sociales”, dijo, antes que recordarle a Salgado que los niveles de presión fiscal de España “son similares a los que tienen los países bálticos”. “Las economías que están saliendo más rápido de la crisis -Alemania y Francia- son las que tienen más musculatura fiscal; no es casual que Irlanda y España sean los que tienen más dificultades”, atacó.

Lejos de la política, el debate también empieza a calar. La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) mostró ayer su “preocupación y malestar” por la posible subida impositiva apuntada por Salgado. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en cambio, se mostró a favor de aumentar el IRPF “a los tramos más altos”, en línea con lo sugerido estos días por José Blanco, y abogó por “replantear la estructura fiscal” en el marco de los Presupuestos, para introducir una mayor progresividad.

España no es una excepción: los países más afectados por la crisis y con mayores déficit, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, han aprobado ya subidas de impuestos, principalmente para las rentas altas. Sin embargo, las rebajas impositivas son uno de los aspectos centrales de la campaña electoral en Alemania, y se plantean también en otros países como Dinamarca.

Las comunidades pondrán una vez más a prueba la política económica del Gobierno. La liberalización de los servicios exigida por Bruselas tiene difícil acomodo en España. La nueva ley de Comercio aprobada ayer por el Consejo de Ministros sólo tendrá los efectos deseados si las autonomías deciden desmontar el marasmo regulatorio con el que controlan a las empresas del sector.

La nueva ley lanzada por el Ministerio de Industria suprime, con «carácter general», el régimen de autorización especial para los establecimientos comerciales. Y elimina (como pedía la Comisión Nacional de la Competencia) la definición de gran establecimiento comercial (los que superan los 2.500 metros cuadrados). Es decir, limpia la norma del Estado a los ojos de Bruselas.

Sin embargo, inmediatamente después argumenta que «teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto ambiental y urbano de los distintos tipos de establecimiento, se considera que, aunque en general no resulte justificada la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse regímenes de autorización especiales».

En otras palabras, las comunidades podrán argüir razones de «medio ambiente, el entorno urbano y la ordenación de territorio» para poner límites a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial, no sólo a los híper como sucedía hasta ahora. La única condición es que todos los procesos de licencias se unifiquen en uno y que se «identifique» de forma «clara y previsible» en las futuras normas regionales las razones que mueven a imponer límites a la libertad de empresa.

Las comunidades tienen la «competencia exclusiva» en comercio interior y, por tanto, serán sus ejecutivos quienes regulen los procedimientos de autorización del comercio. La ley de Miguel Sebastián les ofrece la llave para mantener, bajo una nueva cara, el control político del mercado de la distribución.

Andalucía, Canarias, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña ya preparan sus reformas.

El anteproyecto de la Generalitat, por ejemplo, se ha puesto como objetivos «delimitar la localización de los grandes proyectos comerciales de manera estratégica» y «reducir la movilidad y la contaminación inherente a determinados tipos de establecimientos» –como adelantó EXPANSIÓN el 26 de mayo–.

Esta retórica se traduce en que una tienda de más de 800 metros cuadrados (superficie a partir de la cual necesitarán licencia especial) sólo podrá instalarse en una calle de más de 13,5 metros de ancha. En un puerto, el número de tiendas no podrá superar tres veces al de amarres. En las estaciones de esquí, por cada cama de hotel no podrá haber más de medio metro de uso comercial. En los cruces de infraestructuras, sólo el 1% del suelo estará ocupado por comercios. Cataluña no es una rara avis en este campo.

El síndrome regulatorio sobre el comercio afecta a casi todos los consejeros autonómicos Por eso, como advierte el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, «no hace falta ser un fino jurista para ver que esta reforma comercial terminará en una sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios».

La Comisión Europea, la OCDE y las autoridades de Competencia han cargado históricamente contra el exceso de regulación que pesa sobre el comercio. En total, se calcula que más de 3.000 normas, leyes, reglamentos, requisitos, etc.

El resultado de todo ha sido un mercado fuertemente fragmentado, con barreras a la entrada de nuevos competidores y con nichos muy cerrados que favorecen a las empresas ya implantadas en cada comunidad.

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco han impulsado desde 2004 planes de equipamiento comercial que delimitan y restringen la implantación de cualquier mediana y gran superficie. A todo ello, se une 17 sistemas de horarios comerciales diferentes –la nueva Ley de Comercio minorista no afecta a esto–.

la Justicia europea ya sancionó en 2007 a España por la regulación comercial de Cataluña. Pesa otra amenaza sobre la andaluza. Además, se han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra los impuestos verdes a la distribución que poseen Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra.

La Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al pequeño comercio, calificó ayer la ley de «acertadísima». En cambio, para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución «se ha perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural».

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) argumenta que «esta norma pierde una buena oportunidad de ayudar a reducir el coste de la regulación».

De todas formas, Obama advirtió sobre los problemas aún existentes. “De ninguna manera hemos salido de los problemas ahora. Pero estamos empezando a ver por primera vez rayos de esperanza”, apuntó en un discurso en la Universidad Georgetown de Washington.

Se registran las primeras “señales de un avance económico”, añadió el mandatario, que hizo referencia explícitamente al paquete coyuntural estatal de 787.000 millones de dólares. Para Obama, esto generó que se evitaran los despidos previstos en los colegios o la policía. Además indicó que las empresas agropecuarias y las compañías de energía ecológica comenzarán a incorporar nuevas fuerzas.

Asimismo, Obama destacó que se debe garantizar que no se repita una crisis económica y financiera de este tipo.

En su discurso, el mandatario citó los recientes indicadores económicos, que apuntan a que los bancos están volviendo a prestar dinero y que los propietarios de casas están aprovechando las bajas tasas de sus hipotecas para sanear sus finanzas.

El presidente de Estados Unidos mencionó el paquete coyuntural de del gobierno, así como a los demás programas para reanimar el sector bancario, castigado por la peor crisis desde la Gran Depresión en los años 30.

“En su conjunto, estas acciones están empezando a generar señales de progreso económico”, señaló Obama, aunque advirtió que 2009 “seguirá siendo un año difícil”.

Por su parte, Bernanke también mostró una postura optimista hoy martes durante una intervención pública en Atlanta, Georgia, donde destacó “señales de que el agudo retroceso de las actividades económicas se está volviendo más lento”.

Si la situación se tranquiliza, sería el primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, matizó, no tendrá lugar un crecimiento sostenido mientras el sistema financiero y los mercados crediticios no se estabilicen, pese a que hubo avances en ese frente, destacó Bernanke.

El hecho de que la contracción del crecimiento se esté ralentizando se debe, según los últimos datos, al mercado inmobiliario y al consumo privado, entre otros factores, según Bernanke.

“Soy optimista con vistas a nuestra economía”, dijo el presidente del banco emisor estadounidense a los estudiantes. La crisis actual es uno de los episodios económicos más difíciles de la historia reciente. “Pero las bases de nuestra economía son robustas y no hay problemas que no podamos superar con juicio, paciencia y constancia”, añadió.

Bernanke dijo ya hace unas semanas que veía “brotes verdes” en medio del desierto panorama económico.

Sin embargo, los datos conocidos hoy sobre las ventas del comercio minorista en el país no fueron muy alentadoras: en marzo, el volumen cayó un 1,1 por ciento, frente a la sorpresiva subida del 0,3 por ciento en febrero.

Los analistas esperan que la economía estadounidense no caiga de forma tan catastrófica en el primer trimestre como en los últimos tres meses de 2008, cuando se desplomó un 6,3 por ciento, como nunca lo había hecho en el último cuarto de siglo.

En la sesión protocolaria de la Fed el 18 de marzo, el banco emisor destacó sus perspectativas de que la contracción coyuntural se convertiría en estancamiento en la segunda mitad de este año y que en 2010 volvería, poco a poco, a la senda de crecimiento.

La carta, enviada ayer a los principales asesores del presidente estadounidense Barack Obama y a los líderes por la mayoría y la minoría en el Senado, tiene un contenido similar a las preocupaciones que ya han mostrado otros socios comerciales de Estados Unidos, incluidos Canadá y la Unión Europea.

“La responsabilidad común compartida por los dos países, que son la primera y la segunda economía del mundo, es resistir juntos al proteccionismo”, dijo en conferencia de prensa el jefe de la Secretaría de Gabinete, Takeo Kawamura.

La carta. Kawamura dijo que la carta fue enviada por Ichiro Fujisaki, el embajador japonés en Washington, a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y al responsable del Consejo Económico Nacional, Lawrence Summers, y también al líder por la mayoría en el Senado Harry Reid y al líder por la minoría Mitch McConnell.

La profundización de la crisis financiera global y la incapacidad para completar la largamente aplazada Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio para incrementar el intercambio global de mercancías han generado temores de que los países bloqueen las importaciones para proteger empleos.

Ayer, el Senado de Estados Unidos votó a favor de atenuar la cláusula del “Compre Estadounidense” en su plan de estímulo de 900.000 millones de dólares, que originalmente permitía que sólo se usaran hierro, acero y productos manufacturados hechos en Estados Unidos en los proyectos de obras públicas financiados por la iniciativa.

La votación a favor de la enmienda se produjo luego de que Obama expresara su preocupación acerca de la posibilidad de una guerra comercial. La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense ya había incluido una cláusula de “Compre Estadounidense” en el plan de estímulo. Japón es el cuarto exportador a Estados Unidos, después de China, Canadá y México.

Quejas de Australia.

Australia condenó hoy las cláusulas del “Compre Estadounidense” en el plan de estímulo de Washington, advirtiendo que las medidas para proteger a las siderúrgicas estadounidenses conducirían a una guerra comercial con represalias. El ministro australiano de Comercio, Simon Crean, dijo que el Senado de Estados Unidos había tomado la decisión incorrecta cuando votó a favor de mantener las cláusulas del “Compre Estadounidense” en los proyectos de estímulo. “Este es el curso de acción incorrecto, ellos tienen que revertir su decisión”, dijo Crean en un comunicado. “Llevará a medidas de represalia, a una guerra comercial”.

Constituye, además, el mayor descenso de la tasa interanual de inflación armonizada registrado en la historia de este indicador, a excepción de julio de 2001, cuando bajó en 1,3 puntos respecto al mes anterior.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, calificó de “excelente” el descenso del IPCA y dijo que, junto con la bajada de los tipos de interés y del euribor, “contribuirá a cambiar la actual situación de apatía de la sociedad por una de mayor optimismo”.

“El dato de la inflación es excelente y se une a otros como la evolución de los tipos de interés o del euribor que van moviendo un poco el cotarro”, dijo Solbes, quien consideró que datos como estos “son lo que necesita el país para cambiar la actual situación de apatía en la que se encuentra la sociedad por una de mayor optimismo”. Solbes explicó que la evolución del precio del petróleo es responsable del 50% de la caída de la tasa interanual del IPCA de octubre, mientras que el otro 50% lo atribuyó a componentes como los alimentos. El vicepresidente segundo auguró un descenso “significativo” del diferencial de inflación con la Unión, que en septiembre se situó en un punto, lo que, a su juicio, indica que “estamos en la buena senda de ir bajando precios”, y que el BCE tendrá más margen para reducir tipos de interés y generar más actividad económica. Añadió que si los precios son más bajos, “los ciudadanos tendrán más recursos y aumentarán el gasto”.

Por su parte, el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que la bajada de la inflación en octubre es “normal”, debido al descenso del precio del petróleo, pero subrayó que su nivel todavía es “muy elevado” si se compara con el crecimiento económico. Montoro destacó que esa bajada de la inflación se corresponde con una recesión económica, “que es la tendencia que debe preocupar”.

Con la recesión, explicó, las rentas “no evolucionan positivamente” y el consumo desciende, por lo que es preciso hacer una política presupuestaria para contener la inflación.

La tasa de mora superó en agosto por segundo mes consecutivo la cota del 2 por ciento, tras llegar en julio al 2,14 por ciento y rebasar ese dígito por primera vez en diez años, con un avance de más de medio punto porcentual respecto al mes anterior.

Según los datos publicados, este nuevo salto en la morosidad se debió en gran medida, igual que ocurrió en julio, a las entradas en mora de las cajas, que registraron una tasa del 2,90% y una cartera dudosa de 25.467 millones de euros, que en julio era de 22.289 millones y en junio, de 16.634 millones.

A continuación se situaron las cooperativas de crédito, que también superaron el 2 por ciento y alcanzaron el 2,05%, con créditos dudosos por valor de 1.946 millones de euros, para una cartera total de 94.924 millones.

Por último, la mora marcada en agosto por los bancos que operan en España rozó también el 2%, al situarse en el 1,99%, con un volumen de créditos dudosos equivalente a 15.946 millones -lejos de los 25.467 millones de las cajas- para una cartera total de 800.316 millones, también inferior a la de sus máximas competidoras.

En volumen absoluto, las entidades financieras que pueden conceder créditos en España sumaban a finales de agosto un total de 43.359 millones de euros en créditos dudosos, para una cartera total de 1,77 billones de euros, ligeramente superior a la de julio, que fue de 1,76 billones, debido a las dificultades para obtener financiación en un mercado que lleva más de un año prácticamente cerrado.

La subida de agosto es la decimocuarta consecutiva y se produce en un momento en que el Euribor, el indicador que más se utiliza en España para fijar el tipo de interés de las hipotecas, se situaba de media en el 5,323%.

Los síntomas de enfermedad crecen para la economía española. El Gobierno, que hasta ahora había abanderado el mensaje de optimismo,  ha decidido rebajar también sus expectativas. El doctor económico del Ejecutivo, el vicepresidente Pedro Solbes, recomienda ahora reposo hasta que pase la tormenta internacional y se subsanen los desperfectos internos.

En el nuevo contexto, Solbes ha decidido dar un giro y situar sus previsiones en la banda de los más pesimistas. “El FMI –que diagnostica un avance del PIB del 1,8%– queda un poco alto con los datos actuales”, explicaba ayer Solbes. El PIB nacional crecerá un 1,6% este año y un exiguo 1% el que viene, frente al 2,3% previsto por el Gobierno para ambos ejercicios en abril. Esta es, por tanto, la tercera vez en un año que el Ejecutivo recorta a la baja el cuadro económico para 2008, desde el 3,3% inicial.

Tanto Solbes como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega evitaron la palabra tabú: crisis. Aunque el símil futbolístico de Solbes no suena muy bien: “Estamos rozando el larguero. No llegaremos a la recesión en ningún caso. A crecimientos negativos en algún trimestre, no sabemos…”. En cualquier caso, desde la última recesión en 1993, la economía española no registraba un crecimiento tan bajo como el previsto ayer por Solbes para este año y el que viene.

No más medidas de choque.

El “margen de maniobra para hacer frente a la desaceleración” tantas veces proclamado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha agotado. El brillante superávit fiscal se ha esfumado en seis meses, como consecuencia del desplome inmobiliario y el parón del consumo.

Las arcas públicas ya no reciben ingresos con la alegría de hace unos meses y Solbes ya adelantó ayer que en el próximo ejercicio los números rojos del Estado alcanzarán el 0,34% del PIB (3.865 millones de euros).

Con este entorno de debilidad económica, que no se superará, según el Gobierno, hasta el segundo semestre de 2009, Solbes advierte que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio serán “claramente austeros en todas sus partidas, excepto en aquellas que puedan relanzar más la economía y las dedicadas a la protección social”.

“Las medidas de carácter discrecional las realizamos con la deducción de los 400 euros y no hay margen de maniobra para más”, sentenció Solbes.

Su contundencia choca con el reiterado compromiso de Zapatero de no renunciar a una sola de sus políticas sociales. Y también dilapida parte las aspiraciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos para rascar al Estado un nuevo compromiso de financiación que amplíe los recursos actuales. “Nadie va a tener el 100% de lo que quiere”, aclaró Solbes, porque es una negociación “multilateral” y porque el dinero “habrá que negociarlo en su momento” en función de las “disponibilidades presupuestarias”.

Nos encontramos ante “la situación económica más compleja de la última década, pero España está mejor preparada que nunca”, reitera el titular de Economía. El encarecimiento del crudo, el euribor y la crisis financiera son los factores que explican, según el Gobierno, su drástico cambio de parecer. La deuda de las familias y las empresas, la inflación o el desplome inmobiliario no aparecieron en la comparecencia de Solbes.

El mercado Forex se mueve al ritmo que le marca el petróleo y la renta variable. Se balancea al compás de los vaivenes de las commodities y las bolsas e intenta, pese a todo, encontrar el equilibrio. Pero es difícil tarea cuando la volatilidad espera a la vuelta de la esquina. Así, en raras ocasiones una sesión se parece a la anterior en los momentos que corren. Si ayer era el euro el que escalaba posiciones en su cruce con el dólar, hoy es éste último el que le come terreno a la divisa comunitaria…un balanceo. Pero en ese ir y venir, el euro intenta encontrar un soporte en la cota de los 1.58 dólares.

Hoy la cosa se le complicaba a la divisa comunitaria al conocerse los decepcionantes datos macroeconómicos publicados en la zona euro. El dólar ha sabido en esta ocasión sacar partido de estas referencias y vestirse de verde en su principal cruce.

A lo largo de la jornada se ha contado con escasos datos macro. Desde Europa se han publicado las cifras de la balanza comercial en la zona euro peores de lo esperado y desde Alemania los precios de producción han dado otra sorpresa negativa por inflacionistas.

Sin embargo, el rebote del petróleo se le está atragantando al dólar que, después de apreciarse algo más de un 0,2% frente a la moneda única se desinflaba.

Así, cuando quedaba algo más de una hora y media para el cierre de los mercados del Viejo Continente, el euro se depreciaba un leve 0,03% frente al billete verde y se cambiaba en 1,5849 dólares. El Banco Central Europeo (BCE) fijaba el cambio oficial en 1,5816 dólares.

Mientras en el mercado Forex el dólar intentaba ganar fuelle, en el de bonos los precios están más planos y, en consecuencia, las rentabilidades han parado el impulso alcista. El Treasury a 10 años americano no ha podido con el nivel psicológico del 4% y está en el 3,977%. El Bono a 2 años americano está plano en el 2,469%. En Europa, pasa lo mismo, rentabilidades estancadas. El Bund a 10 años alemán se sitúa en el 4,440% y el Schatz a 2 años en el 4,372%.

Especialmente malo es el dato en comercio, cuya actividad bajó en marzo un 6,6%, arrastrada, sobre todo, por la caída de la venta de vehículos y combustible. Las empresas de tecnología de la información mantuvieron el tipo y su cifra de negocio se redujo apenas un 0,5%. Aun así, en el primer trimestre, la actividad en servicios aumentó un 2,6% respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto al empleo, las cifras tampoco son halagüeñas. Los ocupados en el sector servicios aumentaron un 1%, el menor incremento desde 2003. Las compañías englobadas en tecnologías de la información lograron incrementar en un 2,6% el número de empleados en marzo respecto al mismo mes del año anterior. En especial destaca el sector informático, que registró un aumento del 4,8%.

Las compañías que prestan servicios a otras empresas -asesorías jurídicas, agencias de publicidad o servicios de investigación, entre otras- son las que más dificultadas tuvieron para crear nuevos puestos de trabajo. Un dato significativo es la caída de la ocupación, del 9,1%, en las empresas dedicadas a selección y colocación de personal, lo que ilustra el momento delicado por el que atraviesa el mercado laboral.

El bajo dinamismo del sector servicios en empleo es preocupante por su importancia en el conjunto de la economía española. Según los datos de contabilidad nacional, más del 43% de los ocupados en España se concentra en esta actividad.

Todas las comunidades, a excepción de la Valenciana, lograron crear empleo en el sector servicios. El número de ocupados en esta región se redujo un 1% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Por contra, la mejor evolución fue para Asturias, donde los trabajadores del sector servicios aumentaron un 2,8%. De hecho, el principado es el único territorio que alcanzó tasas de actividad positiva en la cifra de negocios, con un aumento del 1,1%.

Si bien el crecimiento es débil, las demás comunidades sufrieron importantes caídas en los importes facturados por sus empresas del sector servicios. Destaca Navarra, cuya activididad en el sector terciario se desplomó un 10,1% en marzo. Es la única comunidad que sufrió caídas de dos dígitos. Le sigue la Comunidad Valenciana, con una reducción del 8,71% y Cataluña (7,7%). Junto a Asturias, Extremadura y Aragón fueron las comunidades que mejor afrontaron la desaceleración que sufre la economía.

Los problemas de índole económica se mantienen en segundo lugar con un 36,9%, es decir, 3,2 puntos más respecto al barómetro de febrero pasado. Desde su aparición en el sondeo de mayo del 2007, este renglón ha subido de manera progresiva en la lista de inquietudes hasta situarse en el segundo puesto.

TERRORISMO.

El terrorismo de ETA repite en el tercer lugar, con un notable incremento de 5,5 puntos. Es el primer sondeo que se realiza tras el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco, el 7 de marzo. Vivienda e inmigración continúan, respectivamente, en el cuarto y quinto lugar de las preocupaciones, con ligeras variaciones respecto al sondeo del mes anterior.

El 37% de los encuestados considera que la situación económica es “mala o muy mala” frente al 16,2% que la ve “buena o muy buena”. Y el pesimismo aumenta: el 34,4% (9,3 puntos más que en el sondeo de febrero) cree que será peor dentro de un año, frente al 12,2% que opina lo contrario. Una percepción positiva de los encuestados es que, tras el 9-M, la situación política ha mejorado (22,6% frente al 15,9% de febrero), pero aún son más quienes la ven “mala o muy mala”.

Esta reducción se debió a que el aumento de la renta disponible bruta (del 5,8 por ciento) fue menor que el que experimentó el gasto en consumo final (del 6 por ciento), según la Estadística sobre Cuentas no financieras trimestrales de los sectores industriales -que incluye hogares, sociedades no financieras, administraciones públicas e instituciones financieras.

Así, en 2007 el ahorro de los hogares alcanzó los 68.908 millones de euros, lo que unido a los 4.415 millones de transferencias de capital percibidas no permitió financiar la inversión que hizo el sector, que aumentó el 6,7 por ciento respecto a 2006, hasta los 102.591 millones de euros.

De esta forma, el sector incrementó su necesidad de financiación hasta los 29.268 millones de euros, el 2,8 por ciento del PIB.

Según el INE, y dentro de los recursos de renta de los hogares, el saldo de rentas primarias creció el 6,7 por ciento, resultado del aumento de la remuneración de asalariados (7,1%), del excedente de explotación de la renta mixta (7,7%), y de la reducción del saldo neto de rentas de la propiedad (3,5%).

Del resto de los sectores institucionales, el INE destaca que la renta de las Administraciones Públicas creció a un ritmo del 10,5 por ciento por el aumento del 9,7 por ciento de los impuestos netos percibidos y, sobre todo, por los de renta y patrimonio, que aumentaron el 18,3 por ciento.

El gasto en consumo final de las administraciones aumentó el 8,3 por ciento, lo que facilitó que el ahorro alcanzara los 23.398 millones, cantidad suficientes para financiar la inversión del sector, que en 2007 obtuvo, por tercer año consecutivo, capacidad de financiación que, en el citado año alcanzó los 23.398 millones, el 2,2 por ciento del PIB.

En el caso de las sociedades no financieras, su renta disponible se redujo el 13,3 por ciento a pesar del aumento del 7,4 por ciento del excedente de explotación.

Esta disminución se debió a los saldos negativos de las rentas netas de la propiedad (12.562 millones) y de transferencias (1.015 millones), además del aumento del 24 por ciento en el pago del impuesto de sociedades.

La inversión del sector aumentó el 13,9 por ciento con respecto a 2006 lo que propició el aumento de su necesidad de financiación, que se situó en 110.970 millones de euros, el 10,6 por ciento del PIB.

En cuanto a las instituciones financieras, presentaron una capacidad de financiación de 16.972 millones de euros, el 1,6 por ciento del PIB.

Como resultado, la economía nacional tuvo en 2007 una necesidad de financiación del exterior de 99.868 millones de euros, el 9,5 por ciento del PIB, 1,4 puntos más que en 2006.

Sólo en el cuarto trimestre de 2007, la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro alcanzó el 20,6 por ciento de su renta disponible, dos décimas más que hace un año.

En los tres últimos meses del año, la renta disponible del sector aumentó el 7 por ciento, lo que supone 12.055 millones de euros más que en el mismo periodo de 2006 y, en términos absolutos, alcanzó los 183.341 millones de euros.