El estudio pone de manifiesto cómo la falta de financiación obligó a las compañías, especialmente pymes y autónomos, a aplazar la renovación de sus flotas en estos últimos años, alargando la vida de sus vehículos como medida de ahorro, lo que ha contribuido a engrosar la oferta de coches de mayor edad procedentes del canal de empresa en el mercado de segunda mano. De esta forma, la puesta en marcha de medidas para favorecer la renovación de flotas corporativas tendría un efecto positivo sobre el rejuvenecimiento del parque automovilístico español, donde más del 42% de sus coches en circulación supera la década de antigüedad, con los efectos negativos que esto conlleva en términos de medio ambiente y seguridad vial.

En este sentido, los incentivos a la compra de vehículos de empresa contribuirían a mantener la juventud que ha venido caracterizando estas flotas y evitarían que los coches corporativos de mayor edad se incorporaran de nuevo a las carreteras como automóviles de segunda mano. Los datos de Arval muestran que más de la mitad de los coches corporativos (51%) que circulan actualmente por las carreteras tiene una edad inferior a cuatro años. Entre los particulares estos automóviles apenas representan el 20%, porcentaje que se reduce hasta el 17% en términos globales, lo que revela que en este momento son las empresas las que pueden empujar la renovación del parque. De hecho, el canal de empresas marcó, junto con las alquiladoras, la excepción en un mercado en descenso, con un crecimiento del 3,2% hasta septiembre y unas previsiones de subida del 5% para este año y del 9% en 2012.

Beneficios en materia de medio ambiente y seguridad Por otro lado, el informe de Arval muestra que los beneficios de un plan de achatarramiento para empresas también se extenderían al ámbito medioambiental, ya que la entrada de coches más jóvenes reduciría el nivel de emisiones a la atmósfera. A día de hoy, casi un 27% de los vehículos que componen las flotas superan los 200 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, mientras que sólo un 15% se sitúa por debajo de los 120 g/km. Algo similar ocurriría en materia de seguridad, ya que los nuevos modelos incluyen los últimos avances en este sentido. La importancia de esta renovación queda patente al comprobar que un 43% de los coches de empresa carece de control de velocidad y un 28% no dispone de sistemas de estabilidad ESP.

“En los dos últimos meses, varios indicadores habían mostrado una cierta mejora”, certifica Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid. Pese a todo, la debilidad de la recuperación había polarizado el pronóstico de los expertos, que no se ponían de acuerdo sobre si esta vez se había salido de la recesión. Unas dudas alimentadas porque Rodríguez Zapatero ya había anunciado en otoño que la economía “estaba a punto de comenzar a crecer”. Al final, el cuarto trimestre de 2009 se saldó con un retroceso de una décima en el PIB respecto al trimestre anterior. Entre enero y marzo, la décima cayó del lado positivo, según la primera estimación del Banco de España. Y el vaticinio de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, resultó certero.

“Acertar en si el PIB avanzó o no una décima es como pedirle al hombre del tiempo que nos diga si el 23 de junio a las 10.05 va a llover en una calle de Barcelona”, ejemplifica Espasa, quien recalca que los dos resultados (+0,1% o -0,1%) están dentro del margen de error en que incurre cualquier cálculo de probabilidades que se haga sobre la evolución de la tasa trimestral del PIB. Aun así, este catedrático de la Carlos III, cree muy probable que los datos confirmen la primera estimación del Banco de España. “Los últimos datos de producción industrial son esperanzadores, ahí sí que podría hablarse de un brote verde”.

“El índice de producción industrial de marzo ha sido buenísimo, ni los más optimistas preveíamos algo así”, coincide José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, quien destaca que la mejora no sólo se ha notado en la fabricación de automóviles, dopada por las subvenciones a la compra de turismos, sino que se ha extendido a otras ramas (industria alimentaria, textil, fábricas de papel) muy vapuleadas por la crisis. Y ha alcanzado incluso a la industria auxiliar de la construcción, que ya no cae a plomo.

La producción industrial registró en marzo la primera subida interanual (5,4%) desde que comenzó la crisis. Es uno de los índices más seguidos por los expertos para tomar la temperatura al crecimiento económico. Y, sin embargo, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato el pasado miércoles, no cosechó ni una línea en los principales periódicos (incluido éste). La tempestad en los mercados de deuda pública lo inunda todo.

Los datos de la industria se suman a otros (consumo de energía eléctrica, ventas de comercios, exportaciones, pernoctaciones en hoteles) que cuentan la misma historia. Juan Rubio-Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Duke (Estados Unidos), resalta que “la serie más positiva es la de la afiliación a la Seguridad Social, que frena su evolución negativa”. Es una señal de que la destrucción de puestos de trabajo (dos millones en menos de dos años) es cada vez menor. “Quien niegue los síntomas de crecimiento es que está ciego”, recalca Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Dicho esto, todos los expertos creen que se ha prestado demasiada importancia a si los pronósticos del Gobierno eran o no acertados. “Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas del PIB”, abunda Juan José Méndez, del Centro de Predicciones Económicas. Méndez admite que hay una “mejora del ritmo de crecimiento”, pero señala también “un desfase con relación a la eurozona, o más aún, con Estados Unidos”.

“Lo que los mercados están mirando es la capacidad de crecimiento a medio plazo y si seremos capaces de ajustar el déficit”, coincide Manuel Balmaseda, que dirige el servicio de estudios de la multinacional Cemex. Balmaseda opina incluso que dar por terminada la recesión es prematuro: “En Estados Unidos, que llevan tres trimestres con crecimientos superiores al 0,5%, tienen en cuenta otros factores y aún no creen que haya acabado”.

“Se ha confundido la discusión, nos hemos centrado en qué pasa hoy y lo importante es lo que ocurrirá el día después de la crisis, no hemos interiorizado que nos queda mucho trabajo por hacer en los próximos cinco o seis años”, insiste Josep Oliver. Una “asimetría”, en palabras del catedrático de Economía, que se ha manifestado en todo su esplendor en las últimas semanas.

De golpe, el castigo de los mercados a la deuda pública ha traído al presente más acuciante retos para los que se exige soluciones inmediatas. Ahora, un periodo de uno o dos años para reconducir el déficit o consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico se antoja un mundo a los ojos de los inversores. “Tras la crisis griega, es cierto que ha habido mucha especulación sobre determinados países como España, pero también es cierto que si no hay argumentos en los que apoyar las apuestas a la baja, al especulador que lanza el ataque nadie le seguiría”, advierte Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Las reticencias de Alemania a acudir al rescate de Grecia han exacerbado las dudas sobre qué pasaría si otro país de la zona euro pasara dificultades similares. Y, en las últimas semanas, España ha sido protagonista de datos, previsiones y artículos en la prensa internacional, que pasados por el tamiz de la especulación, arrojan un resultado desasogante.

Porque al mismo tiempo que varias estadísticas de la economía real daban el banderazo de salida a la recuperación, el mercado laboral daba fe de que el impacto brutal de la crisis en el empleo sigue ahí. “No somos del todo conscientes de que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron casi 1,4 millones de empleos, es una destrucción de puestos de trabajo de una magnitud histórica”, recuerda Josep Oliver. Hace poco más de una semana, el Instituto Nacional de Estadística confirmó que la tasa de paro supera ya el 20% de la población activa, un dato que compromete cualquier pronóstico de crecimiento económico vigoroso en los próximos años y de recuperación de los ingresos públicos vía impuestos. Más aún cuando los vaticinios del Gobierno sobre el mercado laboral -que la tasa de paro ha alcanzado su nivel máximo, que se creará empleo a partir del verano-, no convencen. “Lo más probable es que la tasa de paro quedará estancada alrededor del 19,7% este año y el próximo”, sostiene Antoni Espasa.

El Instituto Flores de Lemus tampoco predice creación de empleo hasta 2011, un pronóstico en el que coincide con el servicio de estudios del Banco de España. Las últimas proyecciones del organismo supervisor español, divulgadas hace poco más de un mes, son similares a las de los servicios de estudios privados y coinciden a grandes rasgos con lo que el FMI y la Comisión Europea publicarían poco después: Salgado y su equipo habrían hecho un vaticinio ajustado sobre la evolución del PIB este año (un -0,3% en tasa interanual) y del déficit (un recorte del 11,2% al 9,8% del PIB). Pero a partir de 2011, según esta visión, la estimación oficial patina.

Donde el Gobierno ve crecimientos del PIB cercanos al 2% el próximo año y al 3% en 2013, el resto ven un avance anémico, que dificulta el recorte del déficit, como también se aprecia en todas las previsiones menos la del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor?s llevó esta línea argumental al extremo para rebajar la calificación de la deuda soberana española, lo que puso a los títulos del Tesoro en la línea de fuego de los especuladores. Y las dudas sobre la solvencia del Estado español -pese a que el nivel de deuda pública, aunque creciente, es inferior al de la mayoría de países europeos-, se extendieron como una mancha de aceite. Artículos en The New York Times, Financial Times o el Wall Street Journal, ponían altavoz a la incertidumbre.

En suma, en la semana en la que se ha anunciado que la economía española salía de la recesión, la Bolsa perdía más de un 10% y el diferencial de los títulos españoles con los bonos alemanes a 10 años, la referencia para estimar el sobrecoste de colocar la deuda pública, llegaba a su máximo en más de una década. Hasta los gestos delatan qué es ahora lo importante, qué es lo prioritario. Elena Salgado se perdió este viernes buena parte de la primera conferencia de prensa programada tras la publicación de los datos sobre la salida de la recesión, absorbida por los trabajos previos a la reunión del Eurogrupo, que debatió el plan de rescate a Grecia unas horas más tarde.

“Creo que las reacciones de los mercados en los últimos días se corresponden más a un efecto contagio que a una lectura real de la economía española”, opina el profesor Juan Rubio-Ramírez, coordinador para la fundación Fedea de un índice que trata de sintetizar los datos más recientes sobre crecimiento económico. “En pocas palabras, España no es Grecia, no va a desembocar en una situación de bancarrota, al menos a corto plazo”. Otra cosa, sostiene el profesor de la Universidad de Duke, son “compromisos de gasto a largo plazo, como las pensiones y la sanidad”, en su opinión “claramente insostenibles”.

“No es la solvencia del Estado español lo que se ponía en duda en la primera línea del informe de Standard&Poor?s, sino las consecuencias de un crecimiento muy débil para el pago de la deuda privada. Las familias y empresas españolas han acumulado un nivel de deuda enorme y la mayoría está en manos de acreedores extranjeros”, puntualiza Oliver. Sin embargo, Francisco Pérez, del Ivie, cree que aquí, si el ajuste de precios en el sector inmobiliario se acelera, puede haber una tabla de salvación. “No es lo mismo endeudarse para comprar activos financieros dudosos o para financiar el consumo, que para invertir que es lo que ha hecho la economía española, aunque sea cierto que mucho ha ido al ladrillo”.

Si la desconfianza sobre la deuda pública española sigue creciendo no sólo se encarece el coste de los títulos del Tesoro, también será mucho más difícil refinanciar la deuda acumulada por las empresas o las cédulas hipotecarias en las que los bancos y cajas españoles titulizaron los préstamos de las familias. Según Méndez, las dudas sobre el recorte del déficit aumentan “cuando el ritmo de crecimiento económico es bajo y no hay claras posibilidades de estimularlo”, una trampa en la que podría haber caído la economía española. En ese escenario, la lógica de los mercados financieros impone el recorte del gasto público: no hay miramientos para los riesgos de una recaída por la retirada de estímulos públicos y el debate sobre quién originó la crisis y quién se lleva las consecuencias queda arrinconado.

“El programa de ajuste que ha presentado el Gobierno español es cuantioso y creíble, pero debe aplicarse ya”. Es lo que afirmó esta semana una portavoz del FMI, es lo que ha dejado entrever el comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, es lo que repitió este mismo viernes un informe del banco de inversión Goldman Sachs. Otra vuelta de tuerca que los mercados traducirán en más presión.

“Estoy convencido de que habrá más precisión en las medidas de ahorro, de que sindicatos y patronal llegarán a un acuerdo sobre la reforma laboral, de que habrá cambios en la función pública para hacerla más eficaz, cualquier otro camino nos pondría en una situación muy difícil”, señala Oliver. Balmaseda pone la cosa más cruda: “A medio plazo, soy optimista sobre la economía española, pero antes habrá que elegir si hacemos nosotros el ajuste, con nuestras prioridades, o dejamos que nos lo haga el Fondo Monetario Internacional, como ha ocurrido con Grecia”.

Tras el crash de 1929, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de Herbert Hoover, entonces presidente de Estados Unidos, de retirar las ayudas públicas a la economía sólo unos meses después agravó la crisis económica y dio pie a la Gran Depresión. Es pronto para calibrar las consecuencias de la tardanza y las exigencias alemanas respecto al plan de rescate a Grecia o de la resistencia del Banco Central Europeo a fabricar dinero para comprar deuda pública. Lo que sí queda claro es que han acelerado una nueva fase de la Gran Recesión de 2009, la crisis fiscal. Y que a España le ha cogido a contrapié.

Francisco Pérez presta una metáfora: “Este río ya no se puede cruzar por un puente, sólo quedan unas pocas piedras y hay que saltar con cuidado”. En esa travesía, la ansiada salida de la recesión es ya sólo un bastón en el que apoyarse.

Con motivo mañana del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, esta Federación destaca el aumento registrado en las reclamaciones recibidas por su organización, que achaca a la difícil situación económica del país.

Tal es el caso de las casi 4.000 quejas habidas en el sector de la vivienda (31 por ciento más que en 2008), con un importante aumento de desacuerdo sobre las cláusulas de suelo, o las más de 1.700 en los servicios financieros (21% más), sobre todo en relación a las hipotecas.

Según la presidenta de la FUCI, Agustina Laguna, las quejas “no son sino un reflejo fiel de la negativa coyuntura económica que hace que la precaria situación en la que viven miles de consumidores les empuje a dejar de callarse ante situaciones de conflicto, defendiendo así sus intereses económicos y mirando por su bolsillo de una manera muy especial”.

Por otro lado, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes ha exigido a las empresas que mejoren sus servicios de telefonía, electricidad y gas, unos sectores que aglutinan más de la tercera parte de las quejas recibidas durante 2009.

Así, del conjunto de las demandas cursadas a la FUCI, 7.153 estaban relacionadas con la telefonía (motivadas en su mayoría por facturaciones incorrectas, y por problemas en las portabilidades y recepción de mensajes no solicitados); casi 2.000 con las eléctricas por la no comprensión de las facturas y las lecturas “estimadas”, y 1.573 con las empresas de gas por la aplicación de las tarifas en las facturas.

Para Laguna, las cifras “ponen de manifiesto la ardua tarea que queda por hacer en estos sectores que año tras año incrementan el número de reclamaciones por parte de unos consumidores que se sienten indefensos ante grandes compañías que pocas veces dan su brazo a torcer ante sus clientes”.

En la actualidad, el Estatuto de los Trabajadores recoge tres motivos, muy genéricos, por lo que un empresario puede despedir de forma objetiva, es decir con una causa justificada, a un trabajador por motivos económicos, de organización o técnicos. Lo que demandan los autónomos es que estas causas genéricas se concreten más. “Muchas empresas no están bien. Hay que clarificar las causas y no dejarla al arbitrio de los jueces”, ha afirmado Amor en la presentación del observatorio del trabajo autónomo.

Para un trabajador, la diferencia entre un despido procedente o justificado y uno improcedente se sitúa básicamente en la indemnización. Mientras el primero conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidad, el segundo contempla una de 45 días o 33 días, según el tipo de contrato, por año y sitúa el límite en 42 mensualidades o 24, respectivamente.

A pesar de esta importante diferencia de indemnización entre las rescisiones con causa justificada y las que no, lo cierto es que los despidos improcedentes son la vía mayoritaria utilizada por las empresas, incluso en una crisis como la actual.

Además, de este cambio, ATA también reclamó al Gobierno que los autónomos puedan decidir cada año si permanecen o abandonan el régimen fiscal de módulos, un sistema por el que el autónomo tributa una cantidad fija en función de parámetros como los trabajadores o los metros cuadrados del negocio independientemente del volumen de los ingresos.

Todos los departamentos estatales han permanecido cerrados al público (incluyendo la Acrópolis y todos los museos) , aunque ha habido funcionarios y trabajadores que no han querido perder el salario de este día y han acudido a sus puestos.

La policía ha disparado botes de gas y se ha enfrentado a los manifestantes al finalizar una marcha en la que 50.000 personas se manifestaron pacíficamente contra los recortes que el país va a acometer para hacer frente a su crisis de deuda. La violencia ha durado unos 30 minutos, cuando grupos de jóvenes lanzaron piedras, pintura roja y botellas de plástico cerca del parlamento heleno, informa Ap. La policía ha detenido al menos a dos personas, mientras muchos escaparates de comercios han sido destrozados.

Los manifestantes han atacado con especial saña a la Oficina Estadística, acusada de haber escondido a la UE la verdadera situación de las cuentas públicas griegas.

El resto de protestas han sido, sin embargo, pacíficas. Los sindicatos han organizado las protestas en medio del parón general de 24 horas que ha afectado a los vuelos, las escuelas o los servicios públicos. La Unión Europea ha hecho una vaga promesa de apoyar a Grecia, que tiene más de 53.000 millones de deuda para pagar este año, pero el gobierno del primer ministro George Papandreou ha presentado garantías específicas para conseguir la confianza del mercado. El gobierno heleno dice que no necesita ser rescatado y que sus propios planes de recorte surtirán efecto.

«Que paguen los ricos»

A la huelga se han unido los periodistas y los técnicos de televisión. Los sindicatos -que representan a dos millones de trabajadores en el sector público y privado- han protestado contra las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno socialista de Giorgios Papandreu en manifestaciones en las grandes ciudades, al grito de «Que la crisis la paguen los ricos». Yanis Papagopulos, el presidente de Confederación de Trabajadores Griegos, insiste en que «los griegos son conscientes de la mala situación económica, pero las medidas no son justas, pedimos una distribución justa para que los trabajadores y los pensionistas no paguen por una crisis que no han creado ellos».

Esta manifestación ha sido el primer pulso entre el gobierno de Papandreu y el mundo laboral tras anunciarse el programa de estabilidad que congela los sueldos de los empleados públicos, recorta el 10% de los gastos estatales (reduciendo el gigantesco sector público) y comienza la necesaria reforma fiscal y del sistema de pensiones, revolucionando de hecho la totalidad de las relaciones laborales helenas. Los sindicatos, junto con el Partido Comunista y el de la Izquierda Radical, por su parte, se muestran opuestos a estas medidas. Consideran que pagarán la crisis, una vez más, los trabajadores, los funcionarios y los jubilados la crisis y no las personas mas pudientes. Temen la recesión, perder beneficios sociales y que no se creen nuevos empleos. Y han oído que las medidas adicionales que posiblemente tendrá que tomar el gobierno incluyen el despido libre y el que no haya convenios colectivos, además de un retraso en la edad de jubilación que les hará trabajar mas años.

La policía ha disparado botes de gas y se ha enfrentado a los manifestantes al finalizar una marcha en la que 50.000 personas se manifestaron pacíficamente

El vicepresidente del Gobierno, Thodoros Pangalos, ha insistido en que el gobierno no temía la huelga y continuaría con sus medidas y reformas. El gobierno se ha comprometido a reducir en un 4% su déficit público que alcanza el 12,7% del PIB y lucha políticamente a diario para mejorar la credibilidad del país, atacada en los mercados internacionales y en la Eurozona. Las acusaciones de supuesta falsificación de datos en los últimos años ha empeorado la situación del país con el mayor déficit y la mayor deuda pública de la zona euro. La huelga ocurre justo en el momento que expertos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional se encuentran en Atenas como observadores para vigilar la aplicación del plan de austeridad del gobierno.

Al clima pesimista existente se ha añadido la noticia de que la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch bajó este martes, por segunda vez desde principios de diciembre pasado, la calificación de los cuatro mayores bancos comerciales de Grecia.

Este preacuerdo, que deberá ser sometido al parecer de los afectados en el transcurso de una asamblea convocada para el próximo lunes, no contenta del todo a los sindicatos, en la medida en que no prevé prácticamente readmisiones inmediatas. Sólo será así en una veintena larga de casos, que todavía no habían firmado su marcha de la compañía. Pero garantiza que hasta 150 trabajadores puedan regresar a la empresa, la mayoría dentro de poco más de un año, tras haberse formado y siempre que superen una prueba de acceso.

En este sentido, Seat sí movió ficha respecto de las posiciones iniciales marcadas por su presidente, James Muir, tras dos días de negociación maratoniana y de enorme presión sindical, con la planta de Martorell paralizada y el Gobierno catalán llamando a capítulo. “Estoy satisfecho de que hayamos alcanzado un acuerdo con los tres sindicatos: UGT, CC OO y CGT. Es un buen acuerdo que nos permite volver a afrontar los retos y las tareas de nuestro negocio”, dijo Muir en un comunicado. Ambas partes desarrollarán juntas un concepto de evaluación continua para el futuro.

El preacuerdo deja fuera a los trabajadores (120) que ya han aceptado prejubilarse. También queda fuera todo el personal afectado por los despidos que está fuera de convenio. Entre directivos y mandos intermedios, casi 60 personas.

Un colectivo de 127 empleados tendrá la oportunidad de marcharse ahora, acogiéndose a distintas opciones y a regresar entre febrero y julio de 2011. Desde ahora hasta entonces, estarán obligados a recibir programas de formación específicos.

Los que quieran marcharse sin más serán compensados con hasta 60 días por año trabajado. Los que quieran optar a volver, podrán ser compensados con 20 días por año, formarse y regresar en el mismo régimen que en caso de excedencia forzosa, con pérdida de antigüedad, o bien cobrar una cuantía equivalente a 35 días naturales y, tras formarse, regresar con la misma antigüedad y categoría. Si en ese tiempo un trabajador encuentra otro empleo, se le indemnizará con 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades.

La factoría de Ford en Almussafes empezó a operar en 1976 y muchos trabajadores con 34 años de antigüedad rozan la edad para optar a la jubilación anticipada. Unos 1.300 empleados de Ford España cumplirán 60 años antes de 2013. Por eso, los minoritarios proponen una alternativa al ERE que plantea la empresa.

CC OO, CGT y STM, que ocupan 15 de las 33 plazas del comité, sugieren que el expediente se aplique a los mayores de 58 años. Después de dos años en el paro podrían optar a la jubilación definitiva. La propuesta emplaza a la empresa a cubrir hasta el 100% del salario de los trabajadores que se vayan al paro hasta que se jubilen. Según Tomás Jiménez, del STM, “nuestra propuesta resulta más barata para la empresa que el despido de 600 trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado hasta el máximo de un año de salario”.

Gonzalo Pino, secretario general de UGT en Ford, el sindicato mayoritario, comentó que el plan de jubilaciones y relevos por jóvenes empleados en formación ya está pactado con la empresa y no constituye una alternativa al ERE que ha planteado Ford. Pino subraya que la opción de adherirse voluntariamente al ERE no debe cerrarse para trabajadores que no hayan alcanzado todavía los 58 años.

La Generalitat tiene sobre la mesa la propuesta de ERE planteada por Ford España y debe expresar su posición al respecto a partir del 3 de octubre, cuando finaliza el plazo de consultas.

Para reforzar sus argumentos, recordó que en el 2008 la población activa se incrementó en nuestro país en 660.000 personas, mientras que el aumento conjunto en Alemania, Francia e Italia fue de 630.000, lo que ha agravado el deterioro de la tasa de paro española en comparación con la del resto de los socios europeos.

La ecuación es fácil: hay más gente sin empleo y más personas que quieren trabajar. Y es que, ante la inclusión en el paro del cabeza de familia, los hogares tratan de agotar todas las posibilidades, incluida la inmersión en el mercado laboral de los más jóvenes.

Respecto al descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social -perdió 142.244 personas en agosto-, reconoció que se trata de un dato negativo, y que, con la crisis económica «llueve sobre mojado», aunque matizó que si se analiza la serie histórica de ese mes no lo es tanto. En este sentido, apuntó que la pérdida media de afiliados en los últimos ocho agostos fue de 150.000.

En el capítulo del diálogo social, Celestino Corbacho subrayó que el Gobierno «vería con muy buenos ojos» que patronal y sindicatos alcanzaran un acuerdo sobre las bases que deben regir la negociación colectiva. Recordó que en estos momentos hay una gran cantidad de convenios bloqueados por la falta de acuerdo entre empresarios y organizaciones sindicales. En su opinión, supondría una señal muy positiva para los ciudadanos en un momento muy complicado.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, ha reflexionado sobre la necesidad de que el Ejecutivo y a las comunidades autónomas lleven a cabo la reforma impositiva con el objetivo de igualar la presión fiscal española, con una media del 31%, a la de los vecinos de la Unión Europea, donde se sitúa en torno al 50%. “No se puede tener una presión fiscal como Marruecos con unos servicios sociales como Suecia”, ha comentado Castro en una entrevista a la cadena Ser, en la que ha señalado que la decisión del Gobierno de destinar 1.800 millones de euros a las comunidades en compensación por la supresión del impuesto de sociedades no es una solución.

El Ejecutivo, no obstante, tiene ante sí un dilema de difícil solución. Necesita estimular la economía para salir de la recesión, pero a la vez se ve obligado a embridar un déficit que galopa hacia niveles nunca vistos, del 10% del PIB. Y subir impuestos no ayuda precisamente a estimular la actividad económica. “Hay que seguir haciendo un esfuerzo fiscal generoso” para reactivar la economía, aseguró Salgado, que a renglón seguido avanzó el debate central del próximo curso político: “Hay que poner en consideración todas las figuras impositivas, sin apriorismos, teniendo en cuenta que la prioridad es recuperar el crecimiento”.

A la salida de la Comisión de Economía del Congreso, Salgado optó por marcar territorio y desautorizó al número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, que la semana pasada planteó una subida de impuestos para las rentas altas. Blanco “dijo que era una reflexión personal y creo que no es oportuno manifestarme sobre una reflexión personal”, subrayó la ministra, antes de aclarar que en España “las rentas altas ya pagan más impuestos”.

Hacienda se resiste a adelantar qué figuras pueden verse afectadas y ayer se limitó a remitirse a las palabras de Salgado: “Todo, absolutamente todo está en revisión”, aunque “ni tan siquiera hemos hablado aún de subidas”, declaró.

Pero el Ejecutivo ya ha echado a andar ese camino, con la subida de impuestos al tabaco y las gasolinas y el anuncio de la eliminación parcial de la deducción por vivienda. Sobre la mesa están también la posible supresión parcial de la deducción de 400 euros, el cheque-bebé y la posibilidad de cambios en el IRPF y sociedades. Junto con los cambios en el sistema fiscal, Salgado explicó que prepara un Presupuesto “muy centrado en recuperar el empleo y el crecimiento” y con medidas de austeridad, como la contención de la oferta de empleo público. El Ejecutivo negocia además con los sindicatos una mínima subida salarial para funcionarios.

Economía ya ha descubierto incluso parte del argumentario con el que justifica la subida fiscal. Por un lado están las exigencias de Europa: “A medio plazo las cuentas públicas deben volver a los límites impuestos por Bruselas”. Por otro, el hecho de que la crisis haya provocado el desplome de la presión fiscal. Salgado explicó que ese indicador -que mide el peso de los ingresos públicos en la riqueza de la economía- bajó el año pasado al 32,8% del PIB, cinco puntos menos que en 2007, con lo que se sitúa “entre los más bajos de Europa”. “Los ingresos públicos han caído mucho respecto a los niveles anteriores a la crisis”, justificó.

Los cambios en el modelo tributario serán una de las claves en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y pondrán a prueba los apoyos del Gobierno. La polémica ya está en marcha: el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, acusó al Ejecutivo de “preparar una subida de impuestos a las rentas medias”. El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre calificó los posibles incrementos como un “culebrón de verano” y una “broma pesada o de muy mal gusto”, y recordó que el Gobierno tiene un compromiso con la federación nacionalista catalana para no subir los impuestos directos a lo largo de este periodo de sesiones. Y Joan Ridao, de ERC, criticó al Ejecutivo por “especular con subidas impositivas o reformas fiscales, con el riesgo de que eso provoque la desconfianza de la ciudadanía”.

Prácticamente sólo Joan Herrera (ICV) aplaudió esa iniciativa, antes de recordar que es lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno socialista en los últimos años “con la política de cheques universales, la supresión del impuesto sobre el patrimonio y las rebajas de impuestos para las rentas altas”. “Bajar los impuestos no es de izquierdas: lo es una política fiscal redistributiva que tenga más margen para las políticas sociales”, dijo, antes que recordarle a Salgado que los niveles de presión fiscal de España “son similares a los que tienen los países bálticos”. “Las economías que están saliendo más rápido de la crisis -Alemania y Francia- son las que tienen más musculatura fiscal; no es casual que Irlanda y España sean los que tienen más dificultades”, atacó.

Lejos de la política, el debate también empieza a calar. La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) mostró ayer su “preocupación y malestar” por la posible subida impositiva apuntada por Salgado. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en cambio, se mostró a favor de aumentar el IRPF “a los tramos más altos”, en línea con lo sugerido estos días por José Blanco, y abogó por “replantear la estructura fiscal” en el marco de los Presupuestos, para introducir una mayor progresividad.

España no es una excepción: los países más afectados por la crisis y con mayores déficit, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, han aprobado ya subidas de impuestos, principalmente para las rentas altas. Sin embargo, las rebajas impositivas son uno de los aspectos centrales de la campaña electoral en Alemania, y se plantean también en otros países como Dinamarca.

“Cuando hay que arrimar el hombro es ahora (…) No ha habido voluntad de responsabilizarse en la situación y si hay una situación donde se exigía un plus de responsabilidad es ésta y ese plus de responsabilidad no puede ser poner en quiebra el sistema de pensiones y el marco de relaciones laborales, sobre todo cuando el documento final del Gobierno supone todo medidas de apoyo”, manifestó Zapatero, quien señaló que después de la de esta tarde, “es previsible que no haya más reuniones” de la mesa de diálogo social.

El jefe del Ejecutivo subrayó que las propuestas que ha planteado la CEOE “son inasumibles para un Gobierno responsable” y, por contra, defendió la propuesta planteada por el Ejecutivo, que consideró “equilibrada” porque contiene medidas de apoyo tanto para las empresas como para los desempleados, así como una invitación para participar en las reformas necesarias para la construcción de un nuevo modelo productivo.

“La propuesta de la CEOE se sale del marco del acuerdo. No es una propuesta para el diálogo, es una propuesta para el fin del diálogo y para la imposibilidad de un acuerdo (…). El señor Díaz Ferrán y la cúpula de la CEOE han tomado sus decisiones y es su estricta responsabilidad”, añadió el presidente del Gobierno, que insistió en que lo sucedido demuestra una “escasa voluntad” por parte de la CEOE para conseguir un acuerdo.

La CEOE planteó “casi una enmienda a la totalidad”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que el último documento del Gobierno era un documento “muy elaborado, muy trabajado y meditado” pero no cerrado al cien por cien. “Yo expresé en la cena que tuvo con las dos partes que cabía alguna matización, alguna interpretación, sacar algo concreto, pero no replantearse y abrir la negociación con una casi enmienda a la totalidad”, lamentó.

Zapatero, que por contra alabó la responsabilidad de los sindicatos en el proceso de negociación, afirmó que que el Gobierno no ha pedido “ningún sacrificio” a los empresarios y que sólo les ha ofrecido medidas de apoyo hasta donde ha considerado “razonable y equilibrado”. “Los que están sufriendo el sacrificio son las personas que pierden su empleo”, apostilló.

Así, indicó que la rebaja de cotizaciones pedida por la CEOE, que implicaría un coste superior a los 10.000 millones de euros, equivaldría a tres mensualidades de la nómina de las pensiones y pondría en cuestión el equilibrio de la Seguridad Social, “que es el principal activo del Estado de Bienestar”, algo que el Gobierno “nunca” va a aceptar.

También criticó que la CEOE no haya aceptado que algunas medidas de apoyo a las empresas, como la rebaja de cinco puntos en el Impuesto sobre Sociedades, se hayan condicionado al mantenimiento del empleo, cuando la actual situación requiere la creación de puestos de trabajo.

Asimismo, cuestionó la reforma laboral que plantea la organización empresarial, porque ello supondría una pérdida de derechos laborales para los trabajadores. “No vamos a aceptar pérdida de derechos de los trabajadores. Tenemos que salir de la crisis juntos, sin que trabajadores y empleadores pierdan posiciones, apoyando a unos y a otros, pero no debilitando a los trabajadores. Además de injusto, no sirve para nada”, apostilló.

Zapatero aseguró que aunque no haya sido posible el acuerdo social, el Gobierno seguirá su trabajo de lucha contra la crisis, en favor de la recuperación y del nuevo patrón de crecimiento económico “dialogando y comprometiendo a sectores empresariales y a CC.OO. y UGT”.

“Nos hubiera gustado el acuerdo, sin duda, pero los planes del Gobierno y las medidas van a seguir tomándose, con diálogo pero con determinación”, manifestó Zapatero, quien añadió que ni los agentes sociales, ni el Gobierno, ni la sociedad española “pueden estar esperando a algo que parece evidente que, por la actitud del señor Díaz Ferrán y de la patronal, no va a concluir en un acuerdo”.

El estudio analiza 21 de las 46 cajas de ahorros españolas y concluye que, si se comparan los resultados de 2008 con los de otro informe realizado con los datos de 2004, crece la inversión social en términos cualitativos, al pasar de 667 millones a 1.654 millones de euros, pero disminuye el porcentaje sobre beneficios.

Por ejemplo, Caja Madrid ha pasado del 26,9% al 8,7% de sus beneficios, mientras que La Caixa ha disminuido el peso de la obra social desde el 37,6% al 18,7%. Otro dato: la suma de los beneficios de las dos entidades representa el 58% de las 21 cajas analizadas. Sin embargo, el total de gasto en obra social se reduce a un 43% (el 28% de La Caixa y el 15% de Caja Madrid).

Según datos de la CECA, las 46 entidades españolas dedicaron el pasado año 2.060 millones de euros a actividades de interés social. De esa cantidad, el 80% corresponde al gasto realizado por las cajas de ahorro incluidas en la muestra de Consumer Eroski (1.654 millones de euros).

El listado lo componen Caja Cantabria, Caja Rioja, BBK, Kutxa, Caja Vital, Caixanova, Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Caja Sur, Unicaja, CAI, Ibercaja, CAM, Caja Murcia, Caja España, Caja Duero, Caja Madrid, Cajastur, La Caixa, Bancaja y Caja Navarra.

Segmentos.

La dotación para cultura se ha reducido de forma considerable en comparación con los datos de hace cinco años –del 50% al 33%– a favor de la atención social y sanitaria, que pasa del 24% al 39%, con un aumento del 63%.

En el apartado sanitario, los centros hospitalarios son los que se llevan la mayor parte de las ayudas de las cajas, mientras que en la parte social destacan los proyectos con discapacitados, tercera edad e infancia.

Por entidades, La Caixa es la que se centró más en este epígrafe, ya que destinó el 64% de su obra social para actividades de estas características –en concreto, más de 297 millones de euros–. En proporciones similares se mueven Caja Madrid –el 60%, 150 millones de euros– y la Kutxa –un 57%, 46 millones de euros–.

En una entrevista en «La Vanguardia», Salgado ha constatado que todo indica que lo peor se dio en el primer trimestre, aunque ha reconocido que esto no quiere decir que la recuperación sea aún una realidad. «Para empezar a crecer, lo primero es no continuar cayendo, y esto es lo que creemos que está empezando a suceder».

Preguntada por la reforma laboral, Salgado ha afirmado que «sí la habrá» y ha recordado que buscará el acuerdo entre sindicatos y empresarios. No obstante, hace hincapié en que la reforma el mercado de trabajo no es la más importante. «Ahora lo fundamental es evitar caer en tentaciones proteccionistas que impidan avanzar en una economía más abierta». Para la ministra, la reforma estructural más importante será la transposición «ambiciosa» de la directiva de servicios porque implica a tres niveles de la administración y se modificarán 40 leyes y 500 decretos.

«Ahora lo fundamental es evitar caer en tentaciones proteccionistas que impidan avanzar en una economía más abierta»

Tenemos margen de endeudamiento.

La ministra de Economía y Hacienda afirma que a España le queda un margen de endeudamiento superior a los 150. 000 millones de euros si se tienen en cuenta las previsiones de la Comisión Europea, que calcula que la deuda española llegará a finales de 2010 al 62% del PIB, mientras que ahora está en torno al 45%, y cada punto del PIB se estima en unos 10. 000 millones.

Salgado prevé que todas las actuaciones que desarrollará el Gobierno para sacar a España de la crisis situarán la deuda en el entorno del 60% del PIB a finales del año que viene. A pesar de este margen, la nueva titular de Economía ha constatado que no habrá más planes de estímulo de los ya previstos para detener la crisis. «Lo que hagamos a partir de ahora será pensando en el futuro, en ese cambio de modelo», ha indicado.

El fonde de recapitalización no es urgentePreguntada por la situación de algunas entidades financieras, en especial de las cajas, la vicepresidenta del Gobierno ha declarado que no ve urgente el fondo de recapitalización. «En este momento no hay casos que entendamos que necesitan de una tercera opción (un fondo de dotaciones públicas)». La primera y segunda opción son soluciones autónomas y el Fondo de Garantía de Depósitos.

La ministra ha avanzado que su gabinete ve necesario que el marco general esté definido por un mismo margen normativo. «Nos gustaría que los detalles de la ley que regulará este fondo de recapitalización estuvieran definidos antes de verano; en cualquier caso será consensuado con los grupos parlamentarios», ha sostenido.

Salgado ha recordado que será el Banco de España el que decida en qué casos debe aportarse la ayuda pública.

Así lo constata la memoria del año 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), cuya presidenta, María Eugenia Alegret, ha insistido en que la sobrecarga que arrastran los juzgados catalanes exige la creación de 166 nuevas plazas judiciales, 60 de ellas “prioritarias”.

Según se desprende del informe de 2008, la crisis económica ha tenido un severo impacto en las jurisdicciones mercantil, civil y social, aunque de momento no se ha traducido en un aumento de la criminalidad, dado que los juzgados de instrucción, que son los que suelen reflejar las actividades delictivas, apenas han visto crecer sus asuntos.

Concretamente, a lo largo del año pasado se incrementaron en un 148% los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, hasta alcanzar los 11.240 casos, mientras que han crecido un 15% los procesos por impago de arrendamientos.

La estadística judicial refleja también un aumento de la morosidad, que ha crecido un 60% en las facturas de monte inferior a los 30.000 euros, mientras que las demandas por impago de deudas de mayor cuantía se ha duplicado.

Los juzgados sociales también se han visto afectados directamente por la recesión económica, al incrementar su actividad en un 30% debido, principalmente, a que las demandas por despidos improcedentes casi se han duplicado, hasta alcanzar la cifra de 24.647, así como los casos de impagos de salarios.

Otra de las jurisdicciones que muestra una perspectiva del impacto de la crisis es la mercantil, que a lo largo del año pasado recibió 1.044 procesos concursales -las antiguas suspensiones de pagos-, lo que supone aproximadamente el triple que en el 2007.

Catalunya es la comunidad autónoma donde se han presentado más concursos de acreedores, la mayoría de ellos por parte de empresas de los sectores de la construcción, inmobiliario, industria y energía con un máximo de 49 trabajadores.

La memoria advierte de que, si en los meses próximos prosigue el mismo ritmo de entrada de asuntos, serían necesarios cuatro nuevos juzgados mercantiles para la ciudad de Barcelona, que recientemente ya fueron reforzados con otros cuatro juzgados.

De hecho, ha remarcado Alegret, el 88,4% de los órganos judiciales catalanes están sobrecargados de trabajo, un 15% más que en el año 2007, cuando la saturación judicial se cifró en un 73%. Asimismo, los asuntos en trámite aumentaron un 11,8% en el año pasado, pese a que se pudieron resolver 63.000 casos más que en el anterior.

La presidenta del TSJC ha recalcado que la situación actual exige reforzar la jurisdicción social con nuevos jueces, especialmente en la provincia de Tarragona, donde la sobrecarga alcanza el 84%, para hacer frente al incremento de trabajadores afectados por despidos. Para reducir el colapso de los juzgados civiles, Alegret considera que bastaría con refuerzos de personal judicial, ya que lo que se requiere es un mayor número de funcionarios que permitan agilizar los trámites.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió también a abonar a los productores lácteos antes de finales de junio las ayudas que el Gobierno gallego tiene pendientes de pago, que estimó entre 8 y 10 millones de euros. Además, dentro de estas medidas de choque, está previsto concretar en las próximas semanas dos nuevas líneas de actuación por las que la Xunta subsidiará los tipos de interés de los créditos suscritos por titulares de explotaciones lácteas y destinará la “mayoría” de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 que corresponden a Galicia al sector lácteo.

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, se reunirá en los próximos días con representantes de la industria y de los distribuidores para abordar la “entrada masiva de leche, toneladas y toneladas por debajo del coste” procedente de Francia. Además, el máximo mandatario gallego se comprometió a “redoblar” las inspecciones a los distribuidores para ver “cómo se forman” los precios que llegan al mercado.

Núñez Feijóo consideró, tras dos horas de reunión con Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego Galego, que Administración autonómica y sindicatos coinciden en la “identificación plena” y tienen “comunión” en el diagnóstico de la situación “crítica” del sector. Aseguró que mantienen una posición común que llevarán ante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a la que invitó a unirse a las fuerzas políticas gallegas.

Así, Feijóo expresó su deseo de que el Ministerio termine con la “indolencia” que, consideró, muestra ante el sector lácteo y se marcó el objetivo de que el Gobierno central incluya en su agenda a los productores lácteos. “La comunidad autónoma tiene posibilidades, pero no tiene la llave”, indicó. En este sentido, afirmó que será relevante el papel del Gobierno si la Xunta no es capaz de articular un plan a medio plazo que complemente estas medidas de choque, ya que se pueden crear tensiones económicas.

Los representantes de los sindicatos coincidieron en evaluar de forma positiva las medidas, pero reclamaron de la Xunta que actúe en lo que consideran el problema fundamental del sector: el bajo precio al que venden la leche. En este sentido, Carmen Freire, del Sindicato Labrego Galego, aseguró que su organización mantiene la tractorada convocada para el próximo 26 de mayo. “Si no hay otro tipo de medidas vamos a tener que continuar saliendo a la calle porque el precio es la cuestión que tenemos que reconducir”, aseveró.

Desde Unións Agrarias, Roberto García, aseguró que la recuperación del precio de la leche pasa por el control de las empresas de distribución y anunció que su sindicato presentará hoy una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por las prácticas de dumping, en las que se vende la leche por debajo del precio de producción.

Francisco Bello, de Xóvenes Agricultores, destacó la “alta sensibilidad” de la Xunta y confió en que estas medidas de choque, que todavía hay que “desarrollar”, van a “paliar” los problemas del sector y los dotará de “liquidez inmediata”.

El titular de Medio Rural se refirió también a la situación de la fábrica de Leche Pascual en Outeiro de Rei (Lugo), que anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a sus 155 trabajadores y conllevaría el cierre de la planta. Juárez indicó que si la empresa recibió ayudas de la Xunta condicionadas al mantenimiento de la actividad por un periodo que aún no se ha cumplido, se iniciará el procedimiento oportuno, que podrá ir desde la imposición de sanciones hasta la denegación de ayudas.

Chrysler ha pasado a la historia. Por primera vez uno de los tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) se ha acogido a la protección contra la bancarrota, figura jurídica equivalente al concurso de acreedores español, la antigua suspensión de pagos.

La empresa, que fue definida ayer como “un icono de la industria de Estados Unidos” por el presidente (Barack Obama), ha tomado esta decisión después de haber sido incapaz de lograr que sus acreedores aceptaran perdonarle parte de la deuda.

Chrysler acumula un pasivo de unos 7.000 millones de dólares (5.294 millones de euros), con 46 acreedores -básicamente bancos y hedge funds- y su intención era reducir ese importe hasta los 2.250 millones, pagándolo íntegramente en metálico. Esta deuda se contrajo, principalmente, para financiar la compra de la empresa a Daimler en 2007. Además de este importe, Chrysler debe 10.600 millones a un fondo de pensiones y otros 4.000 millones al Gobierno de EEUU desde el pasado diciembre.

La propuesta de renegociación del pasivo, que contaba con el respaldo del Ejecutivo de Obama y con el de la italiana Fiat (con quien Chrysler ha llegado a una alianza), fue aceptada por cuatro bancos: JPMorgan, Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Estas entidades concentran el 70% del pasivo.

Sin embargo, la propuesta debía ser ratificada por el cien por cien de los acreedores. Varios fondos se negaron a ratificarla por entender que perjudicaba sus intereses en beneficio de otros grupos, como los trabajadores, que, dentro de ese mismo plan, iban a recibir en torno al 55% del capital de Chrysler a cambio de renunciar a una serie de beneficios sociales y laborales.

Suspensión controlada.

Ante la falta de acuerdo, Chrysler se acogió a la protección contra la bancarrota, con el respaldo del Gobierno. La operación fue anunciada por el propio Obama en un discurso televisado a la nación. La bancarrota será controlada con financiación del Gobierno para hacer frente a las actividades ordinarias de Chrysler mientras dura todo el proceso judicial.

Así, el Ejecutivo aportará 3.500 millones de dólares a Chrysler, que tiene intención de seguir adelante con su alianza con Fiat. Este pacto, sin embargo, tendrá que ser autorizado por el juzgado.

Chrysler y el Gobierno pedirán al tribunal que permita la escisión de la empresa en dos sociedades, una que agrupará los activos más sólidos (las marcas Jeep y Dodge, entre ellos) y otra, las deudas.

La primera, la que la Administración bautiza ya como la nueva Chrysler, será la que canalizará la alianza con Fiat. Ésta tendrá el 20% del capital, ampliable al 35% hasta el 1 de enero de 2013. El Departamento del Tesoro de EEUU tendrá alrededor del 8% del capital, mientras que el Gobierno de Canadá recibirá en torno al 2%. Los empleados se harán con el 55% y Cerberus, que tenía el 80% antes de la crisis, pierde toda su participación.

La segunda sociedad se quedará con las deudas y será la que intentará renegociar una quita con los acreedores, si lo acepta el juzgado.

Obama aseguró ayer que espera que el proceso pueda resolverse de forma rápida, entre 60 y 90 días, lo que sería un récord para el proceso judicial estadounidense. El presidente responsabilizó de la bancarrota a los hedge funds que se negaron a refrendar el pacto para reducir la deuda y les acusó de ser unos “especuladores”.

Cambios directivos.

Cuando salga de la bancarrota, la nueva Chrysler tendrá un consejo de diez miembros, seis a propuesta del Gobierno, tres de Fiat y uno de la plantilla. El consejo elegirá al presidente y al consejero delegado. El actual de Chrysler, Robert Nardelli, dejará el cargo cuando finalice la bancarrota. En ese momento, el Gobierno prestará otros 4.500 millones a Chrysler.

El consejero delegado de Fiat, Sergio Marchione, calificó ayer la alianza con la empresa estadounidense de “histórica”.

El acuerdo también implica que GMAC, la financiera de General Motors, se encargue de canalizar los créditos para los coches que venden Chrysler y Fiat en EEUU. General Motors está a la espera de que sus acreedores también acepten su plan para capitalizar deuda.

Más de 80 años de historia.

Chrysler, fundada hace 84 años por Walter Chrysler, es la tercera empresa del motor de EEUU. La compañía, controlada por el fondo Cerberus, es un símbolo de Detroit, cuna automovilística de EEUU. Chrysler posee la única fábrica de coches que queda hoy en Detroit ciudad.

Unión fallida con Daimler.

La empresa, que pasó una reestructuración profunda en los 70 y que perteneció a Daimler hasta 2007, tiene 30 fábricas en EEUU y 54.000 empleados. El año pasado vendió 1,45 millones de vehículos en EEUU, un 30% menos. Chrysler no facilita cifra de ingresos ni de beneficios.

Primera bancarrota de Detroit.

Esta es la primera vez que uno de los grandes de Detroit se acoge a la protección contra la bancarrota.

De todas formas, Obama advirtió sobre los problemas aún existentes. “De ninguna manera hemos salido de los problemas ahora. Pero estamos empezando a ver por primera vez rayos de esperanza”, apuntó en un discurso en la Universidad Georgetown de Washington.

Se registran las primeras “señales de un avance económico”, añadió el mandatario, que hizo referencia explícitamente al paquete coyuntural estatal de 787.000 millones de dólares. Para Obama, esto generó que se evitaran los despidos previstos en los colegios o la policía. Además indicó que las empresas agropecuarias y las compañías de energía ecológica comenzarán a incorporar nuevas fuerzas.

Asimismo, Obama destacó que se debe garantizar que no se repita una crisis económica y financiera de este tipo.

En su discurso, el mandatario citó los recientes indicadores económicos, que apuntan a que los bancos están volviendo a prestar dinero y que los propietarios de casas están aprovechando las bajas tasas de sus hipotecas para sanear sus finanzas.

El presidente de Estados Unidos mencionó el paquete coyuntural de del gobierno, así como a los demás programas para reanimar el sector bancario, castigado por la peor crisis desde la Gran Depresión en los años 30.

“En su conjunto, estas acciones están empezando a generar señales de progreso económico”, señaló Obama, aunque advirtió que 2009 “seguirá siendo un año difícil”.

Por su parte, Bernanke también mostró una postura optimista hoy martes durante una intervención pública en Atlanta, Georgia, donde destacó “señales de que el agudo retroceso de las actividades económicas se está volviendo más lento”.

Si la situación se tranquiliza, sería el primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, matizó, no tendrá lugar un crecimiento sostenido mientras el sistema financiero y los mercados crediticios no se estabilicen, pese a que hubo avances en ese frente, destacó Bernanke.

El hecho de que la contracción del crecimiento se esté ralentizando se debe, según los últimos datos, al mercado inmobiliario y al consumo privado, entre otros factores, según Bernanke.

“Soy optimista con vistas a nuestra economía”, dijo el presidente del banco emisor estadounidense a los estudiantes. La crisis actual es uno de los episodios económicos más difíciles de la historia reciente. “Pero las bases de nuestra economía son robustas y no hay problemas que no podamos superar con juicio, paciencia y constancia”, añadió.

Bernanke dijo ya hace unas semanas que veía “brotes verdes” en medio del desierto panorama económico.

Sin embargo, los datos conocidos hoy sobre las ventas del comercio minorista en el país no fueron muy alentadoras: en marzo, el volumen cayó un 1,1 por ciento, frente a la sorpresiva subida del 0,3 por ciento en febrero.

Los analistas esperan que la economía estadounidense no caiga de forma tan catastrófica en el primer trimestre como en los últimos tres meses de 2008, cuando se desplomó un 6,3 por ciento, como nunca lo había hecho en el último cuarto de siglo.

En la sesión protocolaria de la Fed el 18 de marzo, el banco emisor destacó sus perspectativas de que la contracción coyuntural se convertiría en estancamiento en la segunda mitad de este año y que en 2010 volvería, poco a poco, a la senda de crecimiento.

General Motors planteó hace unas semanas la segregación de Opel, pero advirtió que la operación requeriría 3.300 millones de euros en ayudas públicas para garantizar la viabilidad de las plantas europeas, que se distribuyen entre Alemania (cuatro), Reino Unido (dos), Bélgica, Polonia y España (una en cada país). El Gobierno alemán, con la canciller Angela Merkel a la cabeza, rechaza hasta ahora dar dinero porque teme que se desvíe a la matriz de la multinacional, con sede en Detroit.

“Daremos ayudas si los beneficios son mayores que los daños para todo el mundo. Desafortunadamente, aún no hemos llegado a un acuerdo sobre esto”, aseveró el viernes Merkel. Hasta ahora, el Ejecutivo alemán se niega a inyectar capital y sólo está dispuesto a avalar la deuda de Opel, o como mucho, a otorgar créditos bonificados.

La Comisión Europea reclama a los cinco Gobiernos implicados que coordinen su respuesta a la petición de ayuda pública. En España, el Ejecutivo autonómico de Aragón ya ha puesto 200 millones en avales para la planta de Figueruelas, que emplea a 7.500 personas.

El presidente de Mercadona fijó el punto de partida de este proceso en otra sentencia: “El éxito es la semilla del fracaso”. Según reflexionó, la empresa se había dormido y alejado de su modelo en su victoriosa trayectoria. “El éxito nos hizo amuermarnos y la crisis externa nos ha explotado en la cara y nos ha ayudado a despertar”, refirió ayer en su comparencia anual ante los medios con notables cambios en la escenografía y la coreografía, absorbidas por unos mostradores rebosantes de frutas y verdura a granel.

Roig simbolizó en el regreso al granel el desafío de Mercadona: volver al modelo de añadir valor al cliente, eliminando todo aquello que no le aporta nada. Puso ejemplos: abrillantamiento de frutas, paquetes, invención de productos (zumo de tomate con calcio), formatos redundantes (72 formas de tomar leche, 112 de tomar zumo o 100 tipos de café). La apuesta de la compañía, remarcó Roig, es convertirse en prescriptora de los clientes y ejercer en la elección de la mejor opción.

Según explicó, en España existen un millón de marcas y la compañía trabaja con 8.500, de las que, bajo el criterio de “máxima calidad y mejor precio”, hace sus recomendaciones. Mercadona ha retirado desde octubre 800 referencias de sus estanterías (la mitad de ellas de sus propias marcas blancas), bajo ese mismo criterio. Esta política, desveló, ha supuesto un ahorro del 10% para el cliente (100 millones al mes) y un incremento de 60.000 clientes (50 por supermercado). El presidente negó que la medida haya ocasionado algún impacto negativo en los clientes.

La compañía cerró 2008 con un beneficio neto de 320 millones, un 5% menos que en el ejercicio anterior. Roig atribuyó estos resultados a la caída de la previsión de las ventas en un 1%, a las medidas adoptadas para abaratar los productos y a los efectos de la huelga de transporte de junio, en la que Mercadona, aseguró, perdió 15 millones. La empresa realizó una inversión de 600 millones, sus recursos propios pasaron de 1.350 a 1.641 millones y, asimismo, repartió 190 en primas a los trabajadores. En ese período, realizó el 90% de sus compras en España por valor de 14.000 millones, lo que equivale al 1,4% del PIB español.

Mercadona ha fijado sus objetivos para 2009 en disminuir el presupuesto de alimentación para las familias con dos hijos de 600 a 500 euros, un 17% menos (un ahorro de 1.200 euros por familia al año). Ello le supondrá aumentar en un 15% los kilos de mercancía vendida, aunque el beneficio neto se reducirá a la mitad. “Lo importante no es ganar sino mantenerse”, anotó.

Mercadona posee 1.210 supermercados y 61.500 trabajadores. Para 2010, estudia la compra de una empresa en el extranjero.

“Nadie tiene la bola de cristal”, dijo Obama al Times en una nota en su sitio de Internet.

En una entrevista a bordo del avión presidencial Air Force One, el viernes, el presidente dijo que él anticipaba que su administración, que asumió el 20 de enero en medio de la peor crisis económica en décadas, “pondrá en su lugar todos los pilares de la recuperación este año”.

También instó a los estadounidenses a seguir gastando y no “meter el dinero en el colchón”.

Pero no alcanzó a decir cuándo él piensa que la economía podría recuperarse.

“Cuánto pasará hasta que la recuperación realmente se traduzca en mercados laborales más fuertes, dependerá de toda una serie de factores”, dijo Obama.

Los comentarios del presidente no fueron tan optimistas como las proyecciones del presupuesto federal que él presentó recientemente, que sugirieron que la economía empezará a repuntar en el segundo semestre del 2009.

Su plan de presupuesto incluyó una estimación de 250.000 millones de dólares para rescates bancarios adicionales, además de los cientos de miles de millones de dólares ya asignados.

“No tenemos razones para revisar esa estimación que está en el presupuesto”, dijo, cuando le preguntaron si él podía decir con certidumbre que él no pedirá más dinero al Congreso, por encima de esa estimación.

El mandatario instó a los estadounidenses a no desconfiar de todo el sistema financiero, y dijo: “podría haber un puñado de instituciones que tengan más problemas serios, y lo que queremos hacer es cauterizar la herida”.

Cuando le preguntaron si algunas de esas instituciones tendrían que quebrar, Obama enfatizó: “no, no, no, no. Pero lo que tendremos que hacer es, probablemente, tomar acciones más significativas para lidiar con esas instituciones”.

En la nueva sociedad europea “podrían entrar nuevos inversores con participaciones del 25% y hasta 50%”, dijo Car-Peter Forster, director de GM Europa y presidente del consejo de Vigilancia de Adam Opel , quien admitió que “las actividades de Opel en Europa necesitan urgentemente liquidez que cifró en 3.300 millones de euros”. Un dinero que Forster espera provenga del estado alemán o de los Länder donde se encuentran las cuatro plantas alemanas, o de inversores independientes.

El Ejecutivo de Angela Merkel, que ha condicionado cualquier ayuda a un plan de saneamiento y a la segregación de GM, estudiará las propuestas el próximo lunes. Desde Berlín se quiere evitar a toda costa que el dinero de los contribuyentes acabe en la ruinosa compañía estadounidense que el jueves comunicó unas pérdidas en 2008 de casi 31.000 millones de euros.

Según los planes, muy poco concretos, que presentó el Consejo de Vigilancia tras la reunión, Opel necesita ahorrar 1.200 millones de euros, que se pretende conseguir sin cerrar plantas ni despidos forzosos. Pese a que la prensa alemana da por hecho que Bochum es la más amenazada, junto a la de Amberes en Bélgica, el presidente del Comité de empresa, Franz, aseguró que no se prevé ningún cierre. Forster matizó que “están abiertos a la venta de plantas a otros fabricantes” si llegara el caso, en relación a la posibilidad de que Daimler se quede con la factoría de Eisenach, según se ha especulado.

El ‘Frankfurter Allgemeine’ comentaba en su edición del viernes la imposibilidad práctica de que Opel corte el cordón umbilical con su matriz estadounidense, porque la marca alemana ya no tiene los derechos de desarrollo ni las patentes. General Motors se las llevó a EEUU hace cuatro anos, por lo que Opel Europa tiene que pedir permiso y dinero a General Motors para desarrollar un vehículo y pagarle dinero cada vez que construye y vende un coche. Exactamente lo contrario de lo que ocurría antes. El más influyente entre los diarios alemanes añadía que “no se sabe a quien pertenecen las plantas europeas” y citaba a un directivo que aseguraba “operan en leasing”. “Opel ya no es una empresa de producción sino sólo una empresa de comercialización”, concluía el rotativo.

El máximo directivo de GM Europa confirmaba ayer estos extremos al manifestar que “Opel tienen que seguir unido a General Motors para tener acceso a la tecnología, a las patentes y para poder aprovecharse del tamaño del consorcio”.

Los dirigentes de Opel Alemania no pudieron despejar la impresión de caos que produce la compañía de origen alemán. En algún caso hablaron de la unión de las marcas Opel y la británica Vauxhall, en otras de sólo las actividades de Adam Opel en Alemania, y en otras de todas las actividades de GM Europa. Por ejemplo, en la central de Russelheim no pudieron confirmar si la factoría de Zaragoza, dependiente al 60% de EEUU y al 40% de GM Europa se vería afectada por las medidas anunciadas.

¿Es el principio de la esperada y temida oleada nacionalizadora bancaria americana? Ya hasta Alan Greenspan pide expropiar temporalmente los bancos, sanearlos y volverlos a vender rápidamente al sector privado, como en su día se hizo en Suecia. Pero en Estados Unidos sólo decirlo da pavor. A las tremendas caídas de los posibles bancos nacionalizados el viernes pasado, la sesión bursátil de ayer en Wall Street no presagió nada bueno. El Dow Jones, principal indicador de la Bolsa de Nueva York, cayó un 3,41%, retrocediendo hasta niveles de 1997, a pesar de que tanto Citigroup como Bank of America cerrasen en positivo, El tecnológico Nasdaq cedió un 3,71% y el S&P 500 un 3,47%.

El mercado recibía entretanto una corriente alterna de señales: por un lado se desayunó con un extraordinario comunicado conjunto de todos los reguladores del sistema financiero, incluyendo al Tesoro y a la Reserva Federal, donde se garantizaba el apoyo y la capitalización pública del sistema financiero, pero especificando que la intención es que éste permanezca en manos privadas. Por el otro se anunciaba la presentación de un plan de acción que incluye la realización de «stress test» a los veinte primeros bancos de la nación.

Estos «stress test» van a medir la capacidad de supervivencia de cada entidad frente a «situaciones típicas de la Gran Depresión», tales como un incremento del paro, un bloqueo tenaz del consumo, etc. En teoría el Gobierno no divulgará estos datos, pero será difícil mantener la política de manos fuera del sistema bancario si los números dicen que, abandonado a su inercia, éste se hunde

El paso dado por el consejo de control de Saab, que se esperaba desde hace días ante la práctica quiebra de la empresa, confirma además la crítica situación de su casa matriz, el grupo estadounidense General Motors, considerado hasta hace poco el mayor del mundo y al borde también de la bancarrota.

La precaria situación de GM amenaza asimismo a su segunda filial europea, el fabricante Opel, cuyos responsables tratan desesperadamente de buscar vías para desligarse de General Motors y conseguir ayudas estatales para garantizar su supervivencia.

El consejo de control de Saab, empresa fabricante de automóviles de gama alta, anunció su práctica quiebra tras una reunión a primera hora de la mañana, aunque comunicó que continuará con la producción en su planta de Trollhättan, al sur del país y cerca de Gottemburgo.

Poco después de la declaración pública de insolvencia por parte de Saab, General Motors anunciaba mediante un comunicado desde Detroit (EEUU) que daba vía libre al fabricante sueco para buscar un futuro independiente.

“Hemos estudiado todas las opciones posibles y seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar la financiación o incluso vender Saab”, señaló en un comunicado su director gerente, Jan-Ake Jonsson.

Jonsson añadió que “hemos decidido que la reorganización es la mejor vía para crear una unidad independiente, atractiva para posibles inversores”.

Los medios de comunicación suecos coinciden en comentar hoy en ese sentido que la supervivencia de Saab podría estar ligada a una alianza con el fabricante Opel, igualmente filial de General Motors y con problemas financieros que amenazan su futuro.

En venta desde 2008 y deficitaria desde hace años, la firma Saab pasará a partir de ahora a ser gestionada por un administrador de insolvencias elegido por un tribunal.

El nuevo responsable de la empresa se encargará de supervisar su reestructuración y saneamiento, mientras la dirección de Saab subrayó que es intención de la empresa mantener en Suecia las áreas de diseño e ingeniería, así como la fabricación de los vehículos.

El Gobierno de Suecia reiteró esta semana su rechazo a la nacionalización del fabricante de automóviles Saab para evitar su quiebra, pese al riesgo de desaparición de la histórica marca.

La ministra sueca de Industria, Maud Olofsson, señaló que su Gobierno estaría dispuesto a avalar un eventual crédito del Banco Europeo de Inversiones para intentar salvar a Saab, pero descartó la compra del fabricante sueco u otro tipo de ayudas reclamadas también por General Motors.

“El Gobierno ha cerrado la puerta a la posibilidad de adquirir fábricas de automóviles. No es nuestro plan ni nuestra estrategia de negocio, y creemos que no sería una alternativa realista”, declaró la ministra.

Además, la titular sueca de Industria afirmó que se siente “muy decepcionada” con GM y criticó duramente la manera como el mayor grupo mundial de automoción pretende deshacerse de Saab, después de dos décadas como propietario mayoritario.

“No han tomado ninguna responsabilidad como dueños de Saab y ahora pretenden trasladar esa responsabilidad a los contribuyentes suecos”, declaró Olofsson.

Saab, que el pasado año produjo unos 94.000 vehículos, da empleo a unos 4.100 trabajadores en Suecia, la gran mayoría en la fábrica de Trollhättan.

Además de este dinero que saldrá del paquete de rescate de Wall Street, el Departamento del Tesoro se ha comprometido a duplicar sus líneas de crédito para los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Con la opción de absorber hasta 200.000 millones de dólares de las pérdidas acumuladas por las dos instituciones semioficiales intervenidas el año pasado.

No por casualidad, Obama presentó su ofensiva hipotecaria en Arizona, una de las regiones más castigadas por la debacle inmobiliaria con una plusmarca de 150.000 ejecuciones hipotecarias. Según el presidente, su plan de ayuda está diseñado para compradores que han seguido las reglas y ahora no pueden hacer frente a los pagos. A finales de 2008, más del 9 % de los préstamos hipotecarios en EE.UU. registraron alguna demora en su pago o habían sido ejecutados, según datos de la Asociación de Banca Hipotecaria, con una previsión de ocho millones de desahucios hasta 2012.

Las medidas presentadas aspiran a beneficiar entre 7 y 9 millones de hogares con un esfuerzo mucho más agresivo en comparación con la estrategia seguida por la Administración Bush, más partidaria de medias voluntarias por parte de la industria hipotecaria. La Administración Obama también ha confirmado su deseo de reformar las bancarrotas personales para que las autoridades judiciales tengan la opción de reducir hipotecas.

Por otra parte, la Reserva Federal ha recortado ayer las previsiones económicas de Estados Unidos para este año, con una contracción que podría llegar al 1,3 % y una tasa de paro del 8,8 %.

En un discurso en Washington, el presidente de la «Fed», Ben Bernanke, reiteró que el banco central «hará todo lo posible dentro de su autoridad» para salir de la crisis, insistiendo en que es posible revertir las actuales intervenciones para evitar niveles inaceptables de inflación.

La resistencia del Gobierno a modificar la revisión del crecimiento de la inflación para este año (que ha mantenido anclada en el 2%), contrasta con el diagnóstico de los analistas, que no descartan el riesgo de deflación.

Las empresas deberán asumir un gasto equiparable al margen de diferencia que existe entre el crecimiento oficial del IPC y el avance real de los precios. Los datos del Gobierno se enfrentan con previsiones como las de la Comisión Europea –que estima que los precios se moderarán hasta el 0,6%– y Funcas –que prevé que incluso caigan hasta el 0,1%–.

Ayer mismo, los sindicatos y la patronal del sector del Vidrio y Cerámica dieron a conocer que el incremento salarial para 2009 se realizará sobre la inflaciónprevista del 2% más el 0,5%. Esta revisión afectará a 48.00 trabajadores y a unas 2.500 empresas.

La escasa reacción del Gobierno a la evolución real del IPC ha sentado como un jarro de agua fría entre las compañías, que también están alzando la voz la alarma ante la falta de medidas estructurales en el mercado laboral.

La patronal ha amenazado al Ejecutivo con no avanzar en el diálogo social si no plantean reformas del mercado laboral que aumenten la flexibilidad y que equiparen la indemnización por despido al nivel del resto de los países de la Unión Europea.

El baile descompasado entre la evolución de los salarios y la inflación real se enfrenta al criterio de los expertos, que llevan tiempo reclamando que la productividad sea la clave a la hora de negociarse los incrementos salariales año a año.

Aunque el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, hizo una llamada generalizada a la “moderación de sueldos”, su negativa a publicar una previsión de inflación para 2009 más realista puede llevar a que muchas empresas aceleren los despidos para evitar gastos adicionales que no pueden permitirse, según los analistas.