La nueva ley de Comercio.
11 - Julio - 2009 por Txema | Noticias Economicas | | Envia un comentario
Industria pasa la pelota a las comunidades, que deberían desmontar el sistema planificado que pesa sobre el sector. Pero la ley les da barra libre para seguir controlando a las empresas.
Las comunidades pondrán una vez más a prueba la política económica del Gobierno. La liberalización de los servicios exigida por Bruselas tiene difícil acomodo en España. La nueva ley de Comercio aprobada ayer por el Consejo de Ministros sólo tendrá los efectos deseados si las autonomías deciden desmontar el marasmo regulatorio con el que controlan a las empresas del sector.
La nueva ley lanzada por el Ministerio de Industria suprime, con «carácter general», el régimen de autorización especial para los establecimientos comerciales. Y elimina (como pedía la Comisión Nacional de la Competencia) la definición de gran establecimiento comercial (los que superan los 2.500 metros cuadrados). Es decir, limpia la norma del Estado a los ojos de Bruselas.
Sin embargo, inmediatamente después argumenta que «teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto ambiental y urbano de los distintos tipos de establecimiento, se considera que, aunque en general no resulte justificada la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse regímenes de autorización especiales».
En otras palabras, las comunidades podrán argüir razones de «medio ambiente, el entorno urbano y la ordenación de territorio» para poner límites a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial, no sólo a los híper como sucedía hasta ahora. La única condición es que todos los procesos de licencias se unifiquen en uno y que se «identifique» de forma «clara y previsible» en las futuras normas regionales las razones que mueven a imponer límites a la libertad de empresa.
Las comunidades tienen la «competencia exclusiva» en comercio interior y, por tanto, serán sus ejecutivos quienes regulen los procedimientos de autorización del comercio. La ley de Miguel Sebastián les ofrece la llave para mantener, bajo una nueva cara, el control político del mercado de la distribución.
Andalucía, Canarias, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña ya preparan sus reformas.
El anteproyecto de la Generalitat, por ejemplo, se ha puesto como objetivos «delimitar la localización de los grandes proyectos comerciales de manera estratégica» y «reducir la movilidad y la contaminación inherente a determinados tipos de establecimientos» –como adelantó EXPANSIÓN el 26 de mayo–.
Esta retórica se traduce en que una tienda de más de 800 metros cuadrados (superficie a partir de la cual necesitarán licencia especial) sólo podrá instalarse en una calle de más de 13,5 metros de ancha. En un puerto, el número de tiendas no podrá superar tres veces al de amarres. En las estaciones de esquí, por cada cama de hotel no podrá haber más de medio metro de uso comercial. En los cruces de infraestructuras, sólo el 1% del suelo estará ocupado por comercios. Cataluña no es una rara avis en este campo.
El síndrome regulatorio sobre el comercio afecta a casi todos los consejeros autonómicos Por eso, como advierte el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, «no hace falta ser un fino jurista para ver que esta reforma comercial terminará en una sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios».
La Comisión Europea, la OCDE y las autoridades de Competencia han cargado históricamente contra el exceso de regulación que pesa sobre el comercio. En total, se calcula que más de 3.000 normas, leyes, reglamentos, requisitos, etc.
El resultado de todo ha sido un mercado fuertemente fragmentado, con barreras a la entrada de nuevos competidores y con nichos muy cerrados que favorecen a las empresas ya implantadas en cada comunidad.
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco han impulsado desde 2004 planes de equipamiento comercial que delimitan y restringen la implantación de cualquier mediana y gran superficie. A todo ello, se une 17 sistemas de horarios comerciales diferentes –la nueva Ley de Comercio minorista no afecta a esto–.
la Justicia europea ya sancionó en 2007 a España por la regulación comercial de Cataluña. Pesa otra amenaza sobre la andaluza. Además, se han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra los impuestos verdes a la distribución que poseen Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra.
La Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al pequeño comercio, calificó ayer la ley de «acertadísima». En cambio, para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución «se ha perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural».
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) argumenta que «esta norma pierde una buena oportunidad de ayudar a reducir el coste de la regulación».