Fraudes con viviendas de VPO.
01 - Noviembre - 2007 por JM | Noticias Economicas | |
El Departamento de Vivienda ha recuperado entre 2006 y lo que va de año un total de 37 pisos protegidos tras descubrir que sus dueños estaban haciendo un uso fraudulento de ellos. En siete casos llegó hasta la expropiación, mientras que en el resto los propietarios los devolvieron y pagaron la sanción correspondiente. En todos los casos, el Gobierno descubrió que el dueño de la vivienda de protección oficial (VPO) poseía además otro piso en el mercado libre, lo que supone una flagrante ilegalidad y el principal motivo para su retirada.
El consejero Javier Madrazo precisó ayer que durante este bienio se han inspeccionado un total de 24.000 pisos de protección oficial, lo que representa el 53% del parque de vivienda protegida, abriéndose diligencias sobre un total de 2.525 y sancionándose 262 casos.
La tipología de infracciones resulta variopinta y abarca desde mantener la vivienda vacía hasta que sea ocupada por personas diferentes a las autorizadas. Las sanciones han reportado cerca de un millón de euros para el departamento. La media por cada infracción asciende a 2.238 euros.
El Ejecutivo ha recuperado además otras 275 viviendas protegidas mediante la vía del tanteo y retracto, es decir, que los dueños se la han ofrecido primero al Gobierno, como es su obligación, antes de comprar otra en el mercado libre. El viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, destacó la importancia de la lucha contra el fraude en un campo tan sensible para los ciudadanos como los pisos públicos, que son financiados por todos los contribuyentes. Resaltó que las 37 viviendas que ha obligado a devolver es el mismo número que las recobradas por el Estado por ese método desde 1978.
En esta línea, Madrazo anunció que para el primer trimestre de 2008 estará listo el servicio público de inspección, actualmente integrado por funcionarios e inspectores de firmas privadas. El objetivo es contar con un servicio íntegramente público, formado por unos 15 funcionarios. Las irregularidades en el uso de la VPO en la comunidad autónoma se sitúan en cerca del 9%. “La mayor parte de las viviendas se utiliza bien”, puntualizó el consejero, quien advirtió de que los inspectores seguirán trabajando a fondo para reducir ese porcentaje al mínimo.