En la actualidad, el Estatuto de los Trabajadores recoge tres motivos, muy genéricos, por lo que un empresario puede despedir de forma objetiva, es decir con una causa justificada, a un trabajador por motivos económicos, de organización o técnicos. Lo que demandan los autónomos es que estas causas genéricas se concreten más. “Muchas empresas no están bien. Hay que clarificar las causas y no dejarla al arbitrio de los jueces”, ha afirmado Amor en la presentación del observatorio del trabajo autónomo.

Para un trabajador, la diferencia entre un despido procedente o justificado y uno improcedente se sitúa básicamente en la indemnización. Mientras el primero conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidad, el segundo contempla una de 45 días o 33 días, según el tipo de contrato, por año y sitúa el límite en 42 mensualidades o 24, respectivamente.

A pesar de esta importante diferencia de indemnización entre las rescisiones con causa justificada y las que no, lo cierto es que los despidos improcedentes son la vía mayoritaria utilizada por las empresas, incluso en una crisis como la actual.

Además, de este cambio, ATA también reclamó al Gobierno que los autónomos puedan decidir cada año si permanecen o abandonan el régimen fiscal de módulos, un sistema por el que el autónomo tributa una cantidad fija en función de parámetros como los trabajadores o los metros cuadrados del negocio independientemente del volumen de los ingresos.

“Ha comenzado un entierro masivo de los muertos organizado por las autoridades estatales bajo fuertes medidas de seguridad. No se permitió que ningún residente estuviera cerca de la fosa común durante el entierro, y la zona fue acordonada por los soldados”, aseguró un residente, Fidelis Tawkek.

“Hay una presencia militar muy fuerte en la zona, y se han desplegado tres camiones de soldados y dos vehículos blindados para impedir una escalada de violencia”, afirmó Shamaki Gad Peter, de la ONG local Liga por los Derechos Humanos, quien añadió que los residentes han contado 202 cadáveres.

Según Peter, los ataques estuvieron “bien coordinados y fueron indiscriminados, se lanzaron de manera simultánea y las mujeres, los niños y los discapacitados fueron asesinados a machetes y después quemados”, informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.

“Cientos de pastores de la tribu fulani –un grupo étnico nómada– invadió nuestra aldea, Dogo Nahawa, y dos aldeas vecinas. Mi esposa y dos de mis hijos fueron asesinados en el ataque”, aseguró Peter Gyang a IRIN. “Los atacantes comenzaron a disparar para que la gente saliera asustada de sus casas, y entonces comenzaron a atacarlos con los machetes antes de prenderles fuego”, añadió.

Otro habitante de la aldea, Yusuf Alkali, afirmó que los ataques son una represalia por las muertes producidas en enero, cuando cientos de pastores de la tribu fulani fueron asesinados. “Es obvio que los ataques se realizan en venganza por el ataque contra los asentamientos de los fulani durante la violencia que se produjo en enero a manos del grupo berom”, afirmó.

La disminución de la tierra cultivable, la manipulación de las líneas de demarcación y la impunidad han incrementado el riesgo de violencia, lo que convierte al estado de Plateau en una región vulnerable a situaciones de enfrentamientos recurrentes, de acuerdo con el Gobierno y con diferentes organizaciones.

Además, los acusados de violencia sectaria no suelen ser juzgados, de acuerdo con la ONG Human Rights Watch (HRW). La Policía local afirmó que la mayor parte de las 300 personas que fueron arrestadas después de las muertes producidas en enero aún permanecen bajo custodia policial en Jos y Abuya.

La mayor parte de los cerca de 20.000 desplazados durante la violencia en enero han comenzado a dejar los nueve campamentos que se crearon para albergarlos. El director de la Cruz Roja en Jos, Auwalu Mohamed, subrayó que “el número de desplazados en estos campos se ha reducido significativamente, y ahora ya no tenemos más de 6. 000″. Los trabajadores humanitarios ya intentan calcular el número de desplazados por la violencia producida ayer.

Todos los departamentos estatales han permanecido cerrados al público (incluyendo la Acrópolis y todos los museos) , aunque ha habido funcionarios y trabajadores que no han querido perder el salario de este día y han acudido a sus puestos.

La policía ha disparado botes de gas y se ha enfrentado a los manifestantes al finalizar una marcha en la que 50.000 personas se manifestaron pacíficamente contra los recortes que el país va a acometer para hacer frente a su crisis de deuda. La violencia ha durado unos 30 minutos, cuando grupos de jóvenes lanzaron piedras, pintura roja y botellas de plástico cerca del parlamento heleno, informa Ap. La policía ha detenido al menos a dos personas, mientras muchos escaparates de comercios han sido destrozados.

Los manifestantes han atacado con especial saña a la Oficina Estadística, acusada de haber escondido a la UE la verdadera situación de las cuentas públicas griegas.

El resto de protestas han sido, sin embargo, pacíficas. Los sindicatos han organizado las protestas en medio del parón general de 24 horas que ha afectado a los vuelos, las escuelas o los servicios públicos. La Unión Europea ha hecho una vaga promesa de apoyar a Grecia, que tiene más de 53.000 millones de deuda para pagar este año, pero el gobierno del primer ministro George Papandreou ha presentado garantías específicas para conseguir la confianza del mercado. El gobierno heleno dice que no necesita ser rescatado y que sus propios planes de recorte surtirán efecto.

«Que paguen los ricos»

A la huelga se han unido los periodistas y los técnicos de televisión. Los sindicatos -que representan a dos millones de trabajadores en el sector público y privado- han protestado contra las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno socialista de Giorgios Papandreu en manifestaciones en las grandes ciudades, al grito de «Que la crisis la paguen los ricos». Yanis Papagopulos, el presidente de Confederación de Trabajadores Griegos, insiste en que «los griegos son conscientes de la mala situación económica, pero las medidas no son justas, pedimos una distribución justa para que los trabajadores y los pensionistas no paguen por una crisis que no han creado ellos».

Esta manifestación ha sido el primer pulso entre el gobierno de Papandreu y el mundo laboral tras anunciarse el programa de estabilidad que congela los sueldos de los empleados públicos, recorta el 10% de los gastos estatales (reduciendo el gigantesco sector público) y comienza la necesaria reforma fiscal y del sistema de pensiones, revolucionando de hecho la totalidad de las relaciones laborales helenas. Los sindicatos, junto con el Partido Comunista y el de la Izquierda Radical, por su parte, se muestran opuestos a estas medidas. Consideran que pagarán la crisis, una vez más, los trabajadores, los funcionarios y los jubilados la crisis y no las personas mas pudientes. Temen la recesión, perder beneficios sociales y que no se creen nuevos empleos. Y han oído que las medidas adicionales que posiblemente tendrá que tomar el gobierno incluyen el despido libre y el que no haya convenios colectivos, además de un retraso en la edad de jubilación que les hará trabajar mas años.

La policía ha disparado botes de gas y se ha enfrentado a los manifestantes al finalizar una marcha en la que 50.000 personas se manifestaron pacíficamente

El vicepresidente del Gobierno, Thodoros Pangalos, ha insistido en que el gobierno no temía la huelga y continuaría con sus medidas y reformas. El gobierno se ha comprometido a reducir en un 4% su déficit público que alcanza el 12,7% del PIB y lucha políticamente a diario para mejorar la credibilidad del país, atacada en los mercados internacionales y en la Eurozona. Las acusaciones de supuesta falsificación de datos en los últimos años ha empeorado la situación del país con el mayor déficit y la mayor deuda pública de la zona euro. La huelga ocurre justo en el momento que expertos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional se encuentran en Atenas como observadores para vigilar la aplicación del plan de austeridad del gobierno.

Al clima pesimista existente se ha añadido la noticia de que la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch bajó este martes, por segunda vez desde principios de diciembre pasado, la calificación de los cuatro mayores bancos comerciales de Grecia.

Han sido congelados los bienes de Bradley, los cuales podrían utilizarse para compensar a las víctimas de sus abusos

Algunos muestran a niños de escasa edad a quienes Bradley les grita mientras comete actos sexuales, incluyendo una niña que llegó a su consulta para tratarse un problema de la garganta y a la cual penetra con un dedo.

Un pediatra ha sido arrestado como presunto autor de un delito de pederastia por abusar sexualmente de más de 100 niños, han confirmado fuentes judiciales de la localidad de Dewes, en Estados Unidos

Según el Gran Jurado del condado de Sussex, Earl Bradley, de 56 años, violó a 102 niñas y a un niño y filmó en vídeo muchos de sus actos.

Además, en diciembre de 2009, a Bradley se le había acusado de violar ya a nueve niñas, han señalado las fuentes.

Los cargos se han dado a conocer después de que las autoridades confiscaran documentos y vídeos que ahora están bajo análisis de la policía local y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

También han sido congelados los bienes de Bradley, los cuales podrían utilizarse para compensar a las víctimas de sus abusos, ha indicado el fiscal del condado.

Según el portal en Internet delawareonline, se trata de una de las denuncias de abuso sexual más atroces presentadas contra un médico en la historia de Estados Unidos. Y ha añadido que los vídeos revelan imágenes de ‘depravación increíble’.

Algunos muestran a niños de escasa edad a quienes Bradley les grita mientras comete actos sexuales, incluyendo una niña que llegó a su consulta para tratarse un problema de la garganta y a la cual penetra con un dedo.

Además de Bradley, la clínica donde trabajaba el pediatra y donde habría cometido los crímenes deberá también enfrentarse a la acusación particular, así como a Bradley Family, una corporación en la que manejaba sus inversiones, según han indicado las fuentes.

En su informe anual, la agencia de Naciones Unidas indica que la introducción de duras medidas contra la llamada “droga de violación”, el Rohypnol, arrojó buenos resultados.

Sin embargo, otras sustancias utilizadas para cometer violaciones no tienen controles internacionales tan estrictos y la agencia quiere que los gobiernos tomen acciones al respecto.

El posesor Hamid Ghodse, director del Centro para Política de Medicamentos de la St George University de Londres y uno de los autores del informe, señala que “estas drogas son utilizadas para reducir drásticamente la resistencia de las víctimas a actividades sexuales no deseadas hasta el punto de que pueden olvidarse de lo que sucedió”.

El corresponsal de la BBC, Andy Tighe, apunta que en el Reino Unido una de esas sustancias, la ketamnina, fue clasificada como droga prohibida en 2006, mientras que el solvente GBL, gamma-butyrolactona, pasó a ser una de las llamadas “drogas legales” incluida en la lista el año pasado.

Resalta Tighe, sin embargo, que ambas sustancias también tienen usos legítimos, lo que hace más difícil mantenerlas fuera del alcance de redes criminales.

Farmacias ilegales.

El informe también indicó que los traficantes de drogas recurren cada vez más al uso de farmacias ilegales ubicadas en cualquier parte del mundo.

Informe de la JIFA

Las órdenes son enviadas por internet o a través de centros de llamadas telefónicas, sin que haya necesidad de una receta médica o una autorización de por medio.

India es considerado como una de los principales países desde donde se originan estas transacciones.

En ese sentido, el informe pide a los gobiernos que tomen acciones individuales para impedir que la tecnología moderna de comunicaciones sea usada para fines delictivos.

La agencia, que tiene su base en Viena, señaló que el extendido abuso de fármacos con receta como la morfina, la codeína y la metadona es “un problema oculto”.

Añade que en algunos países, hay más personas que están abusando de ese tipo de drogas “legales” que la suma de los consumidores de heroína, cocaína y éxtasis.

Reveló que, sólo en Estados Unidos, 6,2 millones de personas utilizaron ese tipo de sustancias en 2008, siendo el segundo caso de mayor consumo después del cannabis.

En su informe anual la JIFE también señaló que la producción potencial de cocaína en América del Sur disminuyó 15% en 2008, aplaudiendo los progresos de Colombia, pero a al vez encendiendo la señal de alarma sobre Perú y Bolivia.

Por otra parte también señaló que en México los grupos delictivos organizados ampliaron el control que ejercen sobre las operaciones de tráfico de drogas en todo el continente. Los carteles mexicanos han llegado a controlar toda la cadena de abastecimiento de drogas ilícitas, desde su envío desde América del Sur hasta su distribución en Estados Unidos.

Así, según destacaron la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, durante la presentación del convenio de colaboración, se evitará que los reclusos salgan a la calle sin permiso y conduzcan ilegalmente, y se mejorará su reinserción. Poco a poco la iniciativa se irá extendiendo a los 69 centros que dependen de la Administración General del Estado.

Los internos se prepararán para examinarse de la parte teórica en los propios centros y acudirán a las autoescuelas (siempre que su perfil penitenciario lo permita) de cara al examen práctico. El 77% de los presos conducían cuando estaban en libertad y de ello un tercio circulaba sin carné. Por lo que la cifra de personas que cumplen condena y que no circulaban sin permiso ronda los 20.000. Los penados que tengan medios económicos abonarán el importe de las clases, pero los insolventes obtendrán ayudas. El 32,8% de quienes nunca pisaron una autoescuela nunca intentó sacarse el carné por falta de recursos económicos. El 51,4% por falta de formación escolar o por problemas con el idioma,

Mercedes Gallizo aseguró que con esta iniciativa se evitarán muchos casos de reincidencia y se ganará en seguridad en las carreteras. Según datos de Instituciones Penitenciarias actualmente 2.982 presos cumplen actualmente condena por algún delito contra la seguridad vial, y el 33,21% de ellos se encuentra encarcelado por conducir sin carné. Si se consideran otras situaciones penitenciarias como “penados a localización permanente, en libertad condicional o con arrestos de fin de semana”, serían, según las mismas fuentes, 3.215 personas. Sólo el 1,17% de los reclusos por delitos de seguridad vial son mujeres. Y sólo el 14,2% del total son extranjeros.

La firma de este convenio se suma a la que se puso en marcha en noviembre tras la firma del acuerdo entre Prisiones y el Real Automóvil Club de España (RACE) para impartir cursos de seguridad vial en los centros penitenciarios, lo que da muestra de la importancia que el departamento de Gallizo está otorgando a la formación vial de los internos.

Las autoridades estiman que el párroco Samuel Martín gastó 17 mil euros en líneas eróticas y páginas web pornográficas.

Se presentaba como “Héctor, hombre hetero español, al servicio de tu felicidad”.

“Para mujeres y parejas, bien dotado (15 cm). Estoy abierto a todo excepto al sado, no os arrepentiréis, os haré gozar de felicidad como nunca”, decía el anuncio, que ha sido retirado de la red.

Sus tarifas oscilaban entre los 50 euros por 15 minutos de servicio y los 120 euros por hora, señala El Mundo.

La alcaldesa de la localidad de Noez, Yolanda Sánchez, sostuvo que las actividades extrareligiosas del párroco eran “un secreto a gritos”.

El cura, en su homilía del domingo 7 de febrero, confesaba a sus feligreses que había robado dinero de las hermandades.

Fuentes del comité de empresa indicaron a Europa Press, tras la última cancelación de la naviera Viking Line, que, “si las cancelaciones siguen adelante, puede suponer el cierre de Sevilla”.

Las mismas fuentes precisaron que los tres buques -el transbordador para Viking Line y los dos barcos de apoyo a plataforma petrolera encargados por un armador chipriota- suponen la contratación de casi 1.500 trabajadores de la industria auxiliar, que se quedarían sin empleo.

Precisaron que en el caso de Viking Line, queda por terminar de construir del 60 al 70 por ciento de la nave y en él trabajan casi 1.000 trabajadores, que tenían “bastante tarea” hasta abril de 2011, cuando estaba prevista la entrega del pedido.

En el caso del armador chipriota, de los dos barcos encargados, “uno se encuentra en un estado más avanzado de construcción, pues quedaba por terminar el 40 por ciento, mientras que el otro está en el inicio de la construcción”.

“Si siguen adelante las cancelaciones incluso peligra el empleo de la plantilla de astilleros, tanto los 250 trabajadores de plantilla, como los 20 de la industria auxiliar”, añadieron las fuentes, que lamentaron que la planta sevillana “se quedará sin nada, sin trabajo”. Apuntaron que hay algunos proyectos “pero nada concretado”.

Agregaron que el Viking Line “vale 100 millones de euros, pero el armador tiene pagados 46 millones, que habría que devolverle”, mientras que el armador chipriota tiene pagados 26 millones de euros “que también deberían devolverse”.

Los trabajadores esperan que estos anuncios de cancelación “sean una medida de presión de los armadores, pues hasta ahora habían demostrado que querían los barcos y que confiaban en los astilleros”. “No sabemos si es la última gota que colma el vaso o una simple medida de presión”, añadieron.

De esta forma, el resultado del juicio formal coincide con la opinión de las personas de buen juicio (algo que por desgracia no siempre sucede). No en vano, “vendidos” es una expresión empleada por miles de trabajadores y trabajadoras para denunciar la vergonzosa y claudicante línea sindical de UGT y CCOO. Entre gritos de “vendidos” huyeron los delegados de estos dos sindicatos de la empresa Koxka, tras traicionar a la asamblea y a la ética sindical. Y a más de una persona le vendrá a la cabeza este adjetivo tras conocer la millonada destinada a CEN, UGT y CCOO en los presupuestos de Navarra para el 2010.

La Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos UGT y CCOO van a percibir 16,7 millones de euros gracias a los presupuestos de Navarra 2010, aprobados por UPN y PSN. Esta cantidad es mayor que, por ejemplo, todas las ayudas concedidas a las más de diez mil familias navarras que carecen de ingreso salarial alguno

UGT y CCOO tratan de justificar sus ingresos multimillonarios argumentando que reciben dinero público porque realizan un servicio público. Y precisamente esto es parte del problema: la Administración está privatizando numerosos servicios públicos en beneficio de UGT y CCOO, de tal manera que estas dos organizaciones se han convertido en gestores privados del Gobierno de UPN (algo que evidentemente es incompatible con la defensa de los intereses de la clase trabajadora).

Por ejemplo, el dinero que CEN, UGT y CCOO reciben para “programas de prevención de riesgos laborales” es 3,66 veces mayor que el presupuesto de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del propio Gobierno. Lo que no evita que las tasas de accidentes laborales y muertes de trabajadores en Navarra sigan doblando la media europea.

Algo parecido ocurre con las partidas relativas a la igualdad, la conciliación y el empleo femenino. CEN, CCOO y UGT se llevan 760.000 euros, mientras que el Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de oportunidades cuenta tan solo con 75.000 euros, es decir, la décima parte de la cantidad anterior. Mientras tanto, las mujeres siguen soportando más paro, mayor eventualidad, menor sueldo y doble jornada.

En el área de inmigración el despropósito va más allá, ya que las únicas partidas presupuestarias destinadas para la “formación e inserción de inmigrantes” son destinadas en exclusiva a UGT y CCOO. Es decir, toda la gestión de este Servicio referida a este tema es dejada al cien por cien en manos de estos dos sindicatos. Y mientras tanto, los derechos de las personas inmigrantes se conculcan día tras día.

El reciente acuerdo Gobierno-CEN-UGT-CCOO referente a la atención a la dependencia se sitúa en la misma dirección: legitimación de un modelo deficiente para platilla y usuario, a la vez que altamente provechoso para empresas privadas que hacen “el agosto”.

Como muestra tres datos:

Después de cuatro planes de empleo firmados por Gobierno, Patronal, UGT y CCOO en Navarra hay al menos 43.278 personas en paro.

El objetivo del III. Plan era reducir la temporalidad en 6 puntos y en realidad aumentó en 3.

El objetivo del III. Plan era reducir el paro por debajo del 5% de la población activa y hoy casi triplica ese porcentaje.

El IV. Plan está vigente, pero EL VERDADERO PLAN CONSISTE EN DESPIDOS MASIVOS y se está aplicando por parte de la Patronal con la complicidad de UPN, PSN, UGT y CCOO.

Nos preguntamos: ¿Para qué han servido los 1.430 millones de euros invertidos hasta ahora en estos planes de empleo? Esto es un auténtico escándalo. Urge un giro de 180º en la política de empleo del Gobierno de Navarra.

En este sentido, las mismas fuentes apuntaron que los dos reos se encontraban recluidos en la misma celda de la prisión de Sevilla 1, precisando que uno de ellos pertenece al grupo de FIES 3 (Fichero Interno Especial Protección) y estaba interno por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Por su parte, la Guardia Civil ha precisado que los dos reos fugados son R. H. C., cordobés de 28 años que cumplía una condena de siete años y seis meses por robos, con una causa preventiva por homicidio; y M. L. E. , marroquí de 22 años que cumplía condena de tres años y seis meses por robo con violencia, mientras que tenía también una causa preventiva por robo.

Asimismo, quisieron dejar claro que ninguno de los dos reos cumplía condena por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, así como que no pertenecen al grupo de FIES 3 (Fichero Interno Especial Protección).

Según fuentes consultadas por Europa Press, la fuga se habría detectado a primera hora de la mañana de hoy, cuando los funcionarios procedieron a realizar el recuento y constataron que faltaban dos reos. Tras detectarse la huida, se activó el protocolo creado para estos casos, desplegando la Guardia Civil un dispositivo de búsqueda por toda la provincia.

Por el momento, del otro fugado únicamente ha trascendido que se trata de una persona de origen árabe, mientras que se desconocen las circunstancias en las que se habría producido la fuga de los dos reos, que en todo caso se habría llevado a cabo durante la noche.

Según un reporte del rotativo dominicano Listín Diario, la funcionaria explicó que la cifra se basa en un conteo de cadáveres de la capital y zonas vecinas que hizo una compañía estatal, tras recuperar y enterrar los restos humanos en una fosa común al norte de Puerto Príncipe. La suma, agregó, no incluye otras ciudades afectadas, como Jacmel, donde se cree que murieron miles de personas, ni los cuerpos que han sido quemados por los deudos. “Nadie sabe cuántos están enterrados entre los escombros: 200 mil, 300 mil. ¿Quién sabe el total?”, expresó.

La ministra confirmó que equipos de rescate continuaban ayer removiendo escombros de un centro comercial, cercano al lugar donde el sábado por la noche fue rescatado con vida un joven, tras permanecer atrapado 11 días. Ayer, una réplica de 5.5 grados causó pánico en la gente.

En Cité Soleil, soldados estadounidenses y brasileños repartieron comida y agua ayer por la mañana a miles de hombres, mujeres y niños. Unas 200 mil personas han abandonado Puerto Príncipe y la ONU estima que un millón podría dejar las ciudades destruidas para vivir en las zonas rurales que sufren pobreza extrema.

Diferentes organismos internacionales consideraron ayer que la primera etapa de reconstrucción de Haití costará casi 242 millones de dólares. Dicha fase consistirá en demoler casas y edificios dañados, restablecer servicios y generar empleo temporal para los damnificados. Por lo pronto, Haití pidió el envío de hospitales de campaña para atender a miles que ya fueron operados pero no dejan los centros sanitarios porque sus casas fueron destrozadas, lo que aumenta el riesgo de epidemias.

La UNICEF expresó su preocupación por niños y adolescentes víctimas del terremoto que están en la República Dominicana, quienes “una vez que han recibido atención médica podrían ser víctimas de violaciones a sus derechos”. Treinta y tres haitianos indocumentados fueron devueltos por las autoridades dominicanas.

Ayer seguían los preparativos para la conferencia internacional sobre Haití que se celebra hoy en Montreal. El canciller de Canadá, Lawrence Cannon, presidente de la conferencia, dijo en rueda de prensa que la reunión “establecerá una visión clara y común” para la recuperación y reconstrucción a largo plazo de la isla y que también se hablará de la necesidad de una mayor coordinación entre los países que prestan ayuda humanitaria.

En Montreal participarán representantes del Grupo de Amigos de Haití (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Francia, México, Perú, EU y Uruguay) y representantes de Japón, España, la República Dominicana y la Unión Europea.

“El padrón municipal es el registro administrativo en el que constan todos los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, gestión y custodia corresponden a cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos existentes”, asegura Ana Jurado, subdirectora General de Censos y Padrón del Instituto Nacional de Estadística. Tiene reconocido valor científico también para medir la evolución de la población y las migraciones y es la base para elaborar el censo.

No ha habido discusión hasta ahora sobre su funcionamiento y naturaleza. Fue Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas quien dictó en julio de 1997 una instrucción para la inscripción automática de inmigrantes en situación irregular y el PP no ha planteado hasta ahora dudas sobre su naturaleza y funcionamiento. No lo hizo ni siquiera en el reciente trámite de la nueva Ley de Extranjería en las Cortes.

La resolución dictada por Rajoy era tan tajante como que aseguraba que “la misión del padrón es constatar el hecho de la residencia, y no controlar los derechos de los residentes. Y justamente porque ésta es la finalidad del padrón, el artículo 18.2 de la Ley de Régimen Local determina que la inscripción padronal no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función”. Eso decía Rajoy hace 12 años, cuando era ministro.

Sí ha habido responsables políticos que en los últimos años han expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas del padrón y han planteado la necesidad de actualizar su metodología para evitar errores o fraudes.

Por ejemplo, el pasado 17 de junio, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la Comisión Constitucional del Congreso: “No resulta muy difícil empadronarse sin vivir realmente en España; de hecho ocurre con muchísima frecuencia. El empadronamiento se produce hasta por Internet, esa es la realidad, y la conclusión a la que hemos llegado todos después de hacer muchos estudios sobre cómo funcionan los datos que tenemos, que desde luego no son buenos, para reflejar una situación real del fenómeno, tendremos que mejorar esos elementos estadísticos”.

El 9 de octubre de 2008, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo casi lo mismo en el Congreso: “El número de personas empadronadas da cuenta del número de personas que se han empadronado, pero no del número de personas que residen en nuestro país. Una persona puede estar empadronada aquí y ni siquiera haber vivido alguna vez aquí, por una ley que procede de hace muchos años. Deberíamos reflexionar aquí conjuntamente sobre si para poder empadronarse se necesita que una persona vaya físicamente a hacerlo y no lo haga a través de Internet”. De ahí no pasó, admitiendo que es posible que alguien “no haya pisado suelo español” y pueda estar empadronado.

La base legal del padrón es el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local que asegura que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón municipal del municipio en el que resida habitualmente”. Y el 18 aclara expresamente que “la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.

Un informe de los Servicios Jurídicos de la FEMP concluye que “el padrón municipal es una institución de naturaleza estadística”. Añade que “la finalidad básica del padrón no es otra que la de contener la relación de todas las personas que viven efectivamente en el término municipal”.

El Tribunal Constitucional falló en 2003, como consecuencia de un recurso del PSOE, que todas las personas, sean inmigrantes legales o no, tienen derecho en España a asistencia básica, es decir, sanidad y educación. El único sistema de control meramente estadístico y de capacidad es la inscripción en el padrón. Dando por hecho que esa inscripción es posible para residentes legales y para irregulares.

Y sobre la supuesta contradicción entre estar inscrito en el padrón y ser expulsado por estar en situación irregular, el responsable de la Abogacía del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, asegura en el informe emitido esta semana que “la inscripción, tratándose de ciudadanos extranjeros, no acredita la residencia legal de los mismos en el territorio español”.

Es decir, que los municipios pueden conocer sus estadísticas de población con el padrón, pero, al no generar derechos esa inscripción, pueden ser expulsados aunque consten en el padrón. La ley de extranjería precisa que esa inscripción sólo sirve para la prestación de servicios básicos, no para generar derechos de estancia y mucho menos de nacionalidad.

Y el Tribunal Supremo ha fallado en varias sentencias que el empadronamiento no es muestra de arraigo. “No puede afirmarse que el empadronamiento acredite el arraigo”, asegura el alto tribunal en dos sentencias de 2003 y “no puede ser tomado en consideración como acreditativo del arraigo el empadronamiento”, en otra de 2007. Esa reiterada doctrina ha marcado el camino a otras resoluciones de tribunales superiores de justicia para avalar expulsiones de extranjeros irregulares, pese a estar empadronados. Otro ejemplo: el Tribunal Superior de Castilla y León, en una sentencia redactada por el magistrado Francisco Javier Pardo en 2008, asegura tajante que “no es suficiente a los efectos de apreciar el arraigo el mero empadronamiento en un municipio”. Hay sentencias similares en Madrid y Valencia, entre otras comunidades.

Ocasionalmente, algunos tribunales han dado por bueno el empadronamiento para probar el arraigo, pero siempre que esté ligado a otros factores como el puesto de trabajo acreditado.

La otra duda que provoca el registro del padrón es hasta qué punto es una simple inscripción automática o si los ayuntamientos tienen capacidad de poner condiciones o investigar o fiscalizar si se cumplen las exigencias legales. Esa polémica está en el origen de la actuación del consistorio de Vic, avalada por un informe jurídico del despacho de Miquel Roca, que sostenía que los ayuntamientos pueden decidir si el inmigrante es irregular o no. O, mucho más claro, en Torrejón (Madrid) donde se impide inscribirse a extranjeros con visado de turista o a los que señalan como vivienda las que tengan menos de un número determinado de metros cuadrados por persona.

El PP, apoya esta última posición, porque, según su portavoz de inmigración, Rafael Hernando, entiende que con la legislación actual los ayuntamientos tienen margen de comprobación. Por ejemplo, si la ley obliga a empadronar a residentes, no lo puede ser un extranjero que tiene visado de turista.

También, según Hernando, para evitar los “pisos patera” o los falsos domicilios utilizados para empadronamientos masivos. Cita el caso del ayuntamiento de Roquetas (Almería) que detectó cómo una ONG empadronaba en una misma vivienda a centenares de extranjeros irregulares. Explica el portavoz del PP que ese empadronamiento resulta a la larga fundamental como requisito para probar el arraigo y, por tanto, los ayuntamientos deberían establecer ese control.

Esa tesis, no obstante, es rebatida por la doctrina de las reiteradas sentencias citadas.

Esa opinión del PP no la comparte tampoco el jefe de la Abogacía del Estado que sostiene que “en ninguno de los preceptos legales relativos al padrón municipal se impone a los servicios de la corporación local respectiva la comprobación o constatación de la residencia legal del extranjero en territorio español como requisito necesario para su inscripción en el padrón y ello por entender, obviamente, que no es competencia de las corporaciones locales dicha comprobación a los efectos de empadronamiento de personas extranjeras”. Hasta la propia resolución dictada por Rajoy en 1997 como ministro de Administraciones Públicas dice: “El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal. Y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”.

El problema que sí subyace en los empadronamientos es el de la financiación local, ya que los ayuntamientos tienen que asumir como competencias impropias la asistencia a los extranjeros registrados en sus municipios, sin recibir financiación extra del Estado. En cambio, las comunidades sí reciben mayor financiación por incremento de la población empadronada, según el último sistema aprobado, es decir, se benefician de la permisividad en las inscripciones en los municipios.

Ana Jurado, subdirectora General de Censos y Padrón del Instituto Nacional de Estadística, explica que “los datos obligatorios que contiene el padrón municipal se establecen por ley y son nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del documento que lo sustituya”.

Jurado añade en un artículo en la revista Índice que “pocos países en el mundo disponen de registros similares, con la población exhaustiva y actualizada residente en el país, salvo cuando realizan los censos de población, y que permite además disponer de flujos migratorios permanentemente actualizados”.

El modelo más parecido al español sobre el padrón y la inscripción de extranjeros es el de Reino Unido, donde los ilegales pueden estar inscritos en el censo, porque éste pretende saber cuánta gente reside, al margen de su estatuto legal. Tienen acceso a la educación porque Naciones Unidas así lo exige y las escuelas no están obligadas a comprobar si son ilegales. Y, aunque no tienen derecho a atención sanitaria, en la práctica el Gobierno no lo impide.

En Italia, los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse en los padrones municipales. El Paquete de Seguridad redactado por la Liga del Norte y aprobado en agosto de 2009 determina que sólo pueden registrarse los inmigrantes con permiso de residencia que demuestren residir en una vivienda certificada por el municipio con condiciones, entre ellas la surrealista imposición de un antebaño, además de un número mínimo de metros por persona. En Bélgica no hay un sistema unificado de padrón y, como en Holanda, sólo se registra a los legales.

Censo e inmigración en Europa:

- Italia. Los inmigrantes irregulares no pueden inscribirse en el padrón. La ley deja a los sin papeles y sus familias sin acceso a la sanidad y la educación.

- Alemania. Los irregulares no se pueden empadronar. Si lo intentan, el organismo comunica sus datos a la oficina de extranjería. Ni las consultas ni las ONG de médicos están obligadas a denunciar; los hospitales o las escuelas sí.

- Francia. No es necesario estar registrado para acceder a los derechos sociales. En el caso de la asistencia médica, los irregulares están cubiertos por un dispositivo especial que les permite acudir al médico y cuyo coste asumen las autoridades.

- Bélgica. No existe el empadronamiento como en España. Cada comuna tiene un sistema de registro distinto. La norma general es que sólo pueden registrase los inmigrantes legalizados.

- Holanda. No censa a inmigrantes ilegales. Éstos tienen garantizado el uso de servicios médicos de urgencia, pero no los médicos de cabecera. Tienen acceso a la educación hasta los 16 años.

- Reino Unido. Los irregulares pueden estar inscritos en el censo porque este pretende saber cuánta gente reside, al margen de su estatuto legal. Tienen acceso a la educación y, aunque no tienen derecho a atención sanitaria, en la práctica el Gobierno no lo impide.

- Portugal. Los inmigrantes irregulares no figuran en el padrón. Sin embargo, tienen derecho a todas las prestaciones sociales.

Los criminales expulsados son reincidentes, autores de hechos con especial violencia o gravedad, terroristas y presos en prisión preventiva o que concluyen su condena. De las 23.918 infracciones que acumularon los delincuentes, un 46% son contra el patrimonio, un 19% contra las personas, un 8% son hechos contra la salud pública y un 5% son casos de violencia doméstica. El 22% restante pertenecen a tipologías delictivas diversas. Los expulsados tienen prohibida la entrada en España y en los países miembros del espacio Schengen durante 10 años.

La Brigada, creada a finales de 2008, está en comunicación constante y accede a las bases de datos de las autoridades judiciales, la Fiscalía y Prisiones, donde la Brigada ha efectuado 2.022 repatriaciones de presos, un 54% más que el año anterior. Forma parte de la Comisaría de Extranjería y Fronteras y su objetivo es conocer la situación penitenciaria de los reincidentes extranjeros para gestionar, si es necesario, su expulsión con autorización judicial.

La Dirección General ha informado con un ejemplo. La Brigada ha procedido a la expulsión de dos delincuentes, A. F. y M. O., que acababan de salir de prisión. Entre ambos sumaban 41 detenciones por delitos como robo con violencia, falsificación de moneda, amenazas, estafas, violencia doméstica y lesiones.

Es quizás el último superviviente rescatado de entre los escombros en Haití, porque la prioridad del Gobierno, desde ya, es la reconstrucción. Wismond gritó, y unos saqueadores del supermercado fueron los que dieron la voz de alarma. Pero quién sabe si bajo los escombros de Haití hay más personas vivas, que no pueden gritar.

En ese informe, la CNC recomendaba una “revisión integral” de la Ley de Propiedad Intelectual y acusaba a las entidades de gestión de mantener una “posición monopolística” y de aplicar “tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios”.

Dos días después, Ibercrea, la nueva asociación que agrupa a las cuatro entidades de gestión de derechos de autor, tachó de “intrusivo y oportunista” el informe y negó que estas sociedades quieran crear un “monopolio” con la gestión de los derechos de autor.

Según ha señalado hoy a Efe Manuel Medina, presidente de Ibercrea, la reunión del 1 de febrero se había convocado “sobre la base de que el informe no hubiera salido, pero al haberse hecho público ya no tiene sentido celebrarla”.

En realidad, el primero en tomar la iniciativa fue Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que envió un correo electrónico a Ibercrea desconvocando la reunión del 1 de febrero, pero, según Manuel Medina, las sociedades también habían “decidido cancelarla”. Medina insiste en que el contenido del informe de la CNC, al que darán “debida respuesta”, está “lleno de inexactitudes”. “Salió sin haber contado con los interesados, y eso es un procedimiento que podríamos considerar inquisitorial”.

El informe, prosiguió, “no tiene consecuencias jurídicas, pero sí puede tenerlas políticas y hace un daño enorme a la reputación de las entidades de gestión en un momento, además, en el que se están discutiendo en el Congreso las nuevas normas de la propiedad intelectual”. “Parece que la única intención del informe de la CNC es perjudicar a las entidades de gestión”, aseguró.

Las sociedades de gestión se enteraron “a través de una filtración de que ese informe estaba en marcha, y esa fue la razón” por la cual pidieron una entrevista con el presidente de la CNC, pero al haberse hecho público antes, “sin la opinión de los interesados”, la reunión “ya no tiene sentido”, recalcó Medina. Ibercrea tiene previsto contestar al informe de la CNC, porque lo que han dado hasta ahora es tan sólo “una valoración provisional”. “Queremos contestar en la misma proporción y con la misma difusión, pero eso lleva tiempo”, señaló Manuel Medina, quien no quiso fijar de momento fecha para esa respuesta.

Este preacuerdo, que deberá ser sometido al parecer de los afectados en el transcurso de una asamblea convocada para el próximo lunes, no contenta del todo a los sindicatos, en la medida en que no prevé prácticamente readmisiones inmediatas. Sólo será así en una veintena larga de casos, que todavía no habían firmado su marcha de la compañía. Pero garantiza que hasta 150 trabajadores puedan regresar a la empresa, la mayoría dentro de poco más de un año, tras haberse formado y siempre que superen una prueba de acceso.

En este sentido, Seat sí movió ficha respecto de las posiciones iniciales marcadas por su presidente, James Muir, tras dos días de negociación maratoniana y de enorme presión sindical, con la planta de Martorell paralizada y el Gobierno catalán llamando a capítulo. “Estoy satisfecho de que hayamos alcanzado un acuerdo con los tres sindicatos: UGT, CC OO y CGT. Es un buen acuerdo que nos permite volver a afrontar los retos y las tareas de nuestro negocio”, dijo Muir en un comunicado. Ambas partes desarrollarán juntas un concepto de evaluación continua para el futuro.

El preacuerdo deja fuera a los trabajadores (120) que ya han aceptado prejubilarse. También queda fuera todo el personal afectado por los despidos que está fuera de convenio. Entre directivos y mandos intermedios, casi 60 personas.

Un colectivo de 127 empleados tendrá la oportunidad de marcharse ahora, acogiéndose a distintas opciones y a regresar entre febrero y julio de 2011. Desde ahora hasta entonces, estarán obligados a recibir programas de formación específicos.

Los que quieran marcharse sin más serán compensados con hasta 60 días por año trabajado. Los que quieran optar a volver, podrán ser compensados con 20 días por año, formarse y regresar en el mismo régimen que en caso de excedencia forzosa, con pérdida de antigüedad, o bien cobrar una cuantía equivalente a 35 días naturales y, tras formarse, regresar con la misma antigüedad y categoría. Si en ese tiempo un trabajador encuentra otro empleo, se le indemnizará con 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades.

El Centro de Análisis Conjunto de Terrorismo (JTAC, por sus siglas en inglés) modificó el nivel de alerta “sustancial”, vigente desde julio, a grave, con el argumento de una alta probabilidad de atentado terrorista en el país, lo cual contrasta con informaciones de la inteligencia británica.

El ministro de Interior, Alan Johnson, aclaró que la amenaza del terrorismo internacional aumentó, pero los servicios de inteligencia no sugieren un ataque inminente, dijo.

Se plantea un peligro grave para Reino Unido, precisó, pero debo aclarar que no existen indicios de un golpe inmediato.

El presidente del subcomité parlamentario sobre Políticas antiterroristas, el conservador Patrick Mercer, criticó a Johnson la falta de transparencia en las razones que llevaron a las autoridades británicas a incrementar la alerta por terrorismo.

Ante la insistencia de precisiones detalladas, Johnson indicó a la prensa que el JTAC emite un veredicto a partir de un amplio abanico de factores, entre los cuales sobresalen la intención y la capacidad de grupos terroristas para actuar dentro y fuera del país.

Dijo que se adoptaron medidas para proteger a la aviación civil de un presunto ataque con explosivos, desde el fallido atentado contra una nave que volaba en la ruta de Ámsterdam-Detroit, el 25 de diciembre pasado, aunque descartó que el nivel de alerta tuviera conexión con ese incidente.

Aun así, el primer ministro Gordon Brown anunció el miércoles último nuevas medidas de seguridad, incluida la suspensión de los vuelos directos a Yemen, y propuso colocar la lucha contra el terrorismo internacional en la agenda de la Conferencia sobre Afganistán, programada para el 27 y 28 de este mes, en Londres.

Sectores contestatarios, por su parte, muestran descontento por los procedimientos que emplean la policía y otros órganos de seguridad en la persecución y búsqueda de sospechosos, con vigilancia extrema, allanamientos y controles desmedidos.

Varias decenas de fotógrafos británicos protestaron este sábado por el exceso en la aplicación de las leyes antiterroristas mediante detenciones, interrogatorios y registros indiscriminados que impiden el libre ejercicio de la profesión, afirmaron los manifestantes.

El Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres) arrestó a unas 36 mil personas entre abril y junio de 2009 bajo el amparo de la legislación antiterrorista vigente en Reino Unido, a lo que se suman las denuncias de presiones y chantaje de la inteligencia británica a los ciudadanos musulmanes residentes en el país.

Un discurso el jueves de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, mostró falta de respeto por China, que no puede aceptar condiciones en materia de “seguridad nacional” o “estabilidad social”, dijo el presidente de la Asociación de Medios Online de Pekín, Min Dahong.

El tema de internet se ha sumado a desequilibrios comerciales, desacuerdos sobre políticas monetarias, a la venta de armas estadounidenses a Taiwán y a las tensiones por los derechos humanos en el Tíbet, en disputas que han afectado las relaciones entre la primera y la tercera economía del mundo.

“Cómo desarrolla China el internet y la forma en que es manejado es asunto del pueblo de China”, dijo Min en una entrevista con Xinhuanet.com, administrada por el Estado.

“Sobre el tema de internet, China no necesita ninguna lección de Estados Unidos sobre qué hacer y cómo hacerlo”, indicó.

El discurso de Clinton criticó las políticas sobre la red online de China e Irán, entre otros, y exigió que Pekín investigue las quejas de Google Inc sobre hackeo y censura.

Google, el gigante mundial de las búsquedas, dijo que podría cerrar su sitio en internet en idioma chino y sus oficinas en el país asiático, después de un ciberataque ordenado por China que también afectó a otras firmas y activistas de derechos humanos que usan el servicio Gmail.

Los sitios en internet Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados en China, que usa un filtro para evitar que los usuarios vean páginas web internacionales con contenidos que se oponen al gobernante Partido Comunista.

“El discurso de Hillary (Clinton) del 21 de enero insinuando que China no provee libertad de información y expresión es de hecho irrespetuoso”, declaró Min.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (UDC), considera demagógico atribuir a Anglada una influencia en la política local, mientras que el portavoz socialista, Josep Burgaya, niega rotundamente que el edil ultra marque la agenda política “porque no tiene ni el monopolio ni el conocimiento real de la inmigración”. El tercer brazo del equipo de gobierno, ERC, asegura que gobiernan sin dejarse llevar por los extremismos de “los que reclaman liquidar los inmigrantes y los que abogan por abrir completamente las puertas”, en referencia a PxC e ICV respectivamente.

En las direcciones de los partidos implicados, las reacciones a la negativa a empadronar inmigrantes han sido más que tímidas. CiU declinó comentarla, el PSC la calificó de discutible y ERC asegura que “no la ve bien”. Además de polémico y de dudosa legalidad, el acuerdo del Ayuntamiento de Vic supone una ruptura con la política de integración de la inmigración que llevó a cabo durante 17 años el alcalde de Unió Jacint Codina.

La inmigración como arma electoral.

El anuncio de la PxC de concurrir a las elecciones autonómicas dará muy probablemente al traste con el pacto tácito de los partidos catalanes de no utilizar la cuestión de la inmigración como arma electoral. Ésta es la principal baza de que dispone Anglada y ya sabe que funciona porque lo ha comprobado en Manlleu (Barcelona), El Vendrell (Tarragona) y Cervera (Lérida). Anglada considera que puede obtener entre cuatro y ocho diputados en las próximas elecciones autonómicas, pero al margen de cuál sea el resultado, es innegable su progresiva ascensión en la escena política a partir de un discurso xenófobo.

Su irrupción en el Ayuntamiento de Vic con cuatro concejales en las elecciones de 2007, los mismos que el PSC, llevó al alcalde, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, a formar un gobierno de concentración, con la presencia de cuatro de los seis que obtuvieron representación, todos a excepción de la PxC y de la CUP. Pero unos meses después, el alcalde echó del gobierno local a ICV por discrepancias irreconciliables y actualmente suman mayoría absoluta CiU, el PSC y ERC, con 14 de los 21 escaños.

El alcalde de Vic, que reside en Barcelona, no esconde que la PxC supo aprovechar el “malestar” de la sociedad en temas de inmigración y cree que fue un castigo a las “políticas demasiado benévolas” llevadas a cabo por su antecesor. “Acoger, incorporar a los inmigrantes, pero también exigirles”, reza Vila d’Abadal.

87 nacionalidades en Vicefecto boca-oreja, muchos ciudadanos del Magreb se instalaron allí a partir de mediados de la década de 1990. Los últimos años, los latinoamericanos, colombianos y ecuatorianos principalmente, han ido ganando terreno y ya son la segunda mayor comunidad. También es destacable la colonia asiática.

Debido a esa realidad, Vic ha abierto camino en muchas ocasiones en las políticas de integración de la inmigración. El conocido como “modelo Vic de escolarización”, iniciado en Manlleu en 1992 y adoptado en Vic en 1997 a raíz de la fusión de cuatro escuelas públicas, fue pionero en Cataluña en el reparto equitativo de alumnos inmigrantes en aulas públicas y concertadas para evitar guetos. Más tarde se ha extendido a gran parte de Cataluña. Recientemente también abrió las puertas, de forma ya más controvertida, a la creación de espacios de bienvenida educativos, a los que son enviados los alumnos inmigrantes antes de acceder a la escuela para facilitarles ciertos conocimientos de la lengua y el entorno que se encontrarán al llegar a las aulas.

Mientras tanto, la negativa de Vic a empadronar a los inmigrantes que no estén regularizados ha sido recibida con mucha prudencia por sus municipios vecinos. Tan sólo el alcalde de Tona (Barcelona), Josep Salom (CiU), ha aplaudido abiertamente la medida y no descarta adoptarla. Menos explícito, pero dejando la puerta abierta al debate sobre si hace falta endurecer la normativa, ha sido el alcalde de Calldetenes (Barcelona), Jaume Mas (ERC).

Radicalmente en contra se ha mostrado el alcalde del municipio barcelonés de Torelló, Miquel Franch (PSC). Acusa al equipo de gobierno de Vic de precipitarse y de actuar de espaldas a las normativas vigentes y de las asociaciones municipalistas.

Miquel Arisa (PSC), alcalde de Centelles (Barcelona), considera la medida “más bien desacertada” y reconoce no entender los motivos de Vic para llevarla a cabo. No teme posibles repercusiones para su municipio y asegura que ellos continuarán con el sistema actual de empadronamiento. Ni un ápice del procedimiento se cambiará tampoco en Roda de Ter (Barcelona), según confirma su alcalde, el independiente Antoni Llach. Un procedimiento, subraya, pactado a principios de 2009 en una reunión con alcaldes de la comarca, entre ellos el del mismo Vic, que ahora se ha desmarcado.

- Redifusiones. Tras la programación de prime time, TVE emitirá en radiodifusión La noche en 24 horas, el programa que dirige y presenta Vicente Vallés de lunes a viernes en el Canal 24 Horas a las 22.30. El programa repasa las noticias del día y ofrece también una tertulia. Y después se emitirá otra redifusión: el programa del canal Teledeporte Deporte noche, que conduce Julián Reyes, se volverá a emitir en el late night de TVE-1. El programa repasa la actualidad deportiva de cada jornada, y “presta especial atención a los deportes minoritarios, a los deportistas olímpicos y paralímpicos y a las jóvenes promesas”, informa la cadena.

- Horario estelar. A partir del 1 de enero, todos los programas que se emitan de lunes a viernes en el horario estelar o prime time de la cadena empezarán a la misma hora (que aun está por determinar) y, dada la desaparición de los cortes publicitarios, terminarán antes. Este cambio se debe también a la intención de establecer horarios “más racionales”, según informó el lunes Eva Cebrián, directora de Programas de la cadena pública, durante un pleno de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.

- Estrenos. Además de Un país para comérselo, el programa en el que Imanol Arias y Juan Echanove recorrerán la gastronomía española, la cadena estrenará Volver, un espacio en el que personajes de la vida cultural, musical y social española regresarán al pueblo donde pasaron su infancia y juventud. “De la mano del viajero visitaremos rincones del pueblo desconocidos para todos y conoceremos las costumbres más pintorescas del lugar. El protagonista también revivirá momentos que marcaron su vida”, informa la cadena.

- Cine. TVE, que emitirá un máximo de 52 películas internacionales de estreno y reforzará la programación de cine español y europeo. Versión española, que salta de La 2 a TVE-1, se emitirá los sábados a las 22.30. Cine de Barrio seguirá en su horario habitual, pero con una novedad: la incorporación de la periodista Inés Ballester, que “acompañará como colaboradora” a Carmen Sevilla. Además, La 2 emitirá de lunes a viernes una película en prime time.

- La 2. Además del anunciado nuevo magazine diario Para todos La 2 -que presentará Montse Tejera y que se emitirá de 13.30 a 15.30 en directo desde Sant Cugat, Barcelona-, la cadena incorpora otra novedad: el informativo En la 2, que, siguiendo la intención de racionalizar los horarios, se emitirá de lunes a viernes de 19.00 a 21.00. La periodista Mara Torres, presentadora hasta ahora del informativo nocturno La 2 noticias, conducirá este nuevo espacio.

La normativa recoge una modificación del artículo 4 de la Ley Antitabaco por el que quedaba prohibido que este tipo de establecimientos vendieran tabaco. Así, los locales de venta de prensa podrán vender tabaco de nuevo, una sustancia que causará seis millones de muertes en 2010.

“Con esta modificación se pone fin a cuatro años de discriminación injusta, en febrero de 2006 ya se modificó la ley antitabaco para permitir la venta de este producto en quioscos de prensa, pero inexplicablemente se dejó fuera a los locales de venta de prensa”, afirman desde la Asociación de Vendedores de Prensa de la Comunidad de Madrid (AVECOMA). De hecho, muchos quiscos habían sustituido la venta directa por máquinas expendedoras.

“Con esta modificación se pone fin a cuatro años de discriminación injusta, en febrero de 2006 ya se modificó la ley antitabaco para permitir la venta de este producto en quioscos de prensa, pero inexplicablemente se dejó fuera a los locales de venta de prensa”, han afirmado desde la Asociación de Vendedores de Prensa de la Comunidad de Madrid (AVECOMA).

Desde la Asociación se justifica su reivindicación por la caída de las ventas y el cierre continuo de locales de venta de prensa, 4.000 puntos en los últimos tres años, según sus datos. “Esto hizo que algunas organizaciones de vendedores de prensa se volvieran a plantear la recuperación de la venta de tabaco como un objetivo, ya que lograrlo podía ayudar a superar esta difícil situación”, añadieron.

En 2010 se prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados.

La Comisión Europea ha instado a conseguir una ‘Europa libre de humo’ antes de 2012. España modificó la normativa en 2006 y durante el próximo año la endurecerá: quedará prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes.

Actualmente está permitido fumar en restaurantes y bares de menos de 100 metros cuadrados, que suponen el 80%, con lo que los efectos prácticos de la Ley son muy limitados.

La nueva ley incrementará el número de adolescentes fumadores en España.

La entrada en vigor  de la Ley Ómnibus aumentará el “descontrol” sobre la venta de tabaco a menores e incrementará el número de adolescentes fumadores, según informó hoy el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

El 70 por ciento de los estudiantes de enseñanza secundaria, es decir, menores de 18 años, admiten que es “fácil” o “muy fácil” adquirir cigarrillos, según datos del CNPT. En este sentido, el artículo 46 de la Ley Ómnibus “facilitará aún más la accesibilidad de los menores al tabaco”, ya que el aumento del número de puntos de venta traerá consigo “más descontrol por definición”, explicó a Europa Press el portavoz del CNPT, Rodrigo Córdoba.

En referencia al impulso económico que supondrá la venta de tabaco para los vendedores de prensa, el portavoz del CNPT señaló que “en ningún caso los beneficios marginales de los quiosqueros, vendedores de prensa y otros sectores que participan en la distribución del tabaco deben estar por encima de la protección de la salud de los menores”.

Esta medida es un paso atrás en la prevención del tabaquismo, subrayó Córdoba, porque “lo lógico en una estrategia preventiva sería reducir el número de puntos de venta en lugar de aumentarlos”, añadió. Por este motivo, desde el CNPT se ha propuesto al Gobierno que la venta de tabaco se reduzca “única y exclusivamente a los estancos”.

“Del mismo modo que 20.000 farmacias son capaces de suministrar fármacos a 46 millones de españoles, los 16.050 estancos que hay España pueden suministrar tabaco de sobra a los más de 10 millones de fumadores de este país”, argumentó Córdoba.

“De momento no hay predisposición política para llevar a cabo esta medida, pero las autoridades deben empezar a planteárselo porque ya se ha visto que los mandos a distancia en las máquinas expendedoras no reducen el descontrol que hay en la venta de tabaco a menores, que es prácticamente un autoservicio”, afirmó.

Después de este ERE la empresa hizo un segundo ERE, esta vez temporal, días sueltos que va cogiendo a su libre albedrío, además como dispone del beneplácito de los dos sindicatos anteriormente mencionados también dispone de un nuevo convenio laboral con grandes beneficios para la empresa en temas de flexibilidad laboral, prácticamente gozan de carta blanca concedida por los sindicatos CCOO y UGT para que hagan lo que les de la real gana, caiga quien caiga (siempre que no perjudiquen a estos dos sindicatos, claro esta) y le pese a quien le pese.

Pero con todo lo anterior no es suficiente, por lo visto, en lo que se refiere a la vergonzosa actitud de Koxka y la multinacional norteamericana Ingersoll Rand, la ultima “gracia” de la empresa son los despidos improcedentes realizados uno a uno, hoy llegas a trabajar y se te acerca el directivo de turno diciéndote que te vayas a casa, que estas despedido (y ni que decir tiene que CCOO y UGT permanecen mudos ignorando al “afortunado” trabajador), así con el gota a gota van cayendo persona a persona todos los que la empresa considera que puede alejarse algo de la óptica de los dos sindicatos que ella quiere que sean los único que se queden en esta empresa, cosa que pretenden hacer efectiva en las próxima elecciones sindicales, así que van podando poco a poco las cabezas de los que piensan que no votarían a CCOO y UGT para asegurarse esa victoria sindical, unos, y el poder campar a sus anchas, los otros.

Y para colmo del recochineo resulta que el presidente del comité de empresa, Manuel Benitez, que es uno de los máximos responsables de haber despedido a muchísima gente simplemente por su ideología, es concejal de Izquierda Unida en la localidad Navarra de Ansoain, lo que es tremendamente paradójico, que una persona con un comportamiento mas de derechas que el fascista mas recalcitrante que a uno se le ocurra a uno pensar sea de un partido de izquierdas es algo incomprensible, si me dirían que es miembro de Falange Española, pues bien, eso resultaría mas coherente, pero que una persona resulte ser un chaquetero con dos caras dispuesto a sacar tajada de donde sea (cobrar por despedir a sus compañeros y cobrar por ser concejal de Izquierda Unida) puede llegar a ser comprensible, a fin de cuentas gentuza de esta calaña siempre la ha habido y, lamentablemente, siempre la habrá, lo que es incomprensible es como permite Izquierda Unida que semejante personaje milite en su formación, y lo que es aun peor, que sea el representante de la misma en la localidad de Ansoain.

Según señaló en su blog, consultado por Europa Press, Cruise manifestó que “le encanta España” y que “ha estado buscando durante años el proyecto más adecuado para filmar aquí”. Así pues, continuó diciendo, “tener la oportunidad de filmar algunas de las escenas claves de nuestra película en las calles y tejados de las ciudades de Sevilla y Cádiz ha sido muy emocionante y gratificante”.

Además, indicó el actor en su web, “la hospitalidad cálida y la amable bienvenida que me han brindado tanto a mí, como a mi familia y a nuestro equipo ha hecho de esta experiencia algo especialmente memorable”. También quiso agradecer la colaboración del equipo español de la película, sin el cual, apuntó, “no podríamos haber logrado todo lo que hemos hecho”.

Asimismo, el actor hizo un repaso por lugares “fantásticos” que ha visitado durante su estancia en la ciudad de Sevilla. De este modo, dijo que hemos tenido el placer de comer en muchos de sus exquisitos restaurantes y hemos tenido el gusto de visitar la Catedral, el Palacio y muchos de sus edificios históricos y culturales”.

Asimismo, añadió que “hemos disfrutado de las atracciones en la Isla Mágica, y tuvimos la oportunidad de aplaudir el club de futbol de Sevilla por su victoria ante el club Glasgow Rangers”. El actor acabó su texto felicitando a todos la Navidad.

La prorroga ha sido posible tras el cambio de postura de Alemania, Austria y Malta, que en un principio apoyaron eliminarlos. La extensión ha sido aprobada formalmente este martes por los ministros de Medio Ambiente.

España era uno de los Veintisiete, junto a Francia, Italia o Portugal, que apoyaba la prorroga. En el otro bando, los países nórdicos, Reino Unido y Países Bajos reclamaban que se suprima los aranceles alegando que perjudican a distribuidores y consumidores.

A pesar de los recargos, Bruselas sostiene que en el mercado europeo sigue habiendo dumping, la práctica de vender un producto por debajo de su coste. Si bien las medidas han mitigado los efectos del dumping, estas prácticas contrarias a la competencia siguen causando un perjuicio significativo a los fabricantes de la UE. La Comisión Europea ha recomendado una extensión de 15 meses y no de cinco años, el máximo permitido, porque “la investigación ha mostrado que el proceso de ajuste de la industria va por buen camino”.