España “necesita acciones adicionales”, afirman los líderes de la eurozona en el comunicado final de la cumbre, en el que reconoce los “importante pasos” que ha acometido España recientemente, pero que en su opinión no son suficientes.

En opinión de los líderes europeos, España debe concentrar sus reformas en el mercado laboral, para dotarlo de “flexibilidad” y de una mayor capacidad de contratación.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa revelan la existencia en España de una tasa del 20,89% de desempleados, un total de 4,8 millones de personas.

En opinión de los líderes de la eurozona, España también debe acometer medidas para mejorar su competitividad, “especialmente extendiendo las reformas en el sector servicios”.

La llamada de atención a España viene precedida de una alabanza de las medidas que ha adoptado recientemente, y que le ha permitido reducir su déficit, reestructurar su sector bancario y reformar sus mercados, así como aprobar una reforma constitucional para hacer obligatorio el equilibrio presupuestario.

Los líderes de la zona euro recuerdan al Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero que es “clave” que cumpla estrictamente con su plan de ajuste presupuestario, especialmente en lo que respecta al gasto autonómico.

“En los dos últimos meses, varios indicadores habían mostrado una cierta mejora”, certifica Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III de Madrid. Pese a todo, la debilidad de la recuperación había polarizado el pronóstico de los expertos, que no se ponían de acuerdo sobre si esta vez se había salido de la recesión. Unas dudas alimentadas porque Rodríguez Zapatero ya había anunciado en otoño que la economía “estaba a punto de comenzar a crecer”. Al final, el cuarto trimestre de 2009 se saldó con un retroceso de una décima en el PIB respecto al trimestre anterior. Entre enero y marzo, la décima cayó del lado positivo, según la primera estimación del Banco de España. Y el vaticinio de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, resultó certero.

“Acertar en si el PIB avanzó o no una décima es como pedirle al hombre del tiempo que nos diga si el 23 de junio a las 10.05 va a llover en una calle de Barcelona”, ejemplifica Espasa, quien recalca que los dos resultados (+0,1% o -0,1%) están dentro del margen de error en que incurre cualquier cálculo de probabilidades que se haga sobre la evolución de la tasa trimestral del PIB. Aun así, este catedrático de la Carlos III, cree muy probable que los datos confirmen la primera estimación del Banco de España. “Los últimos datos de producción industrial son esperanzadores, ahí sí que podría hablarse de un brote verde”.

“El índice de producción industrial de marzo ha sido buenísimo, ni los más optimistas preveíamos algo así”, coincide José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, quien destaca que la mejora no sólo se ha notado en la fabricación de automóviles, dopada por las subvenciones a la compra de turismos, sino que se ha extendido a otras ramas (industria alimentaria, textil, fábricas de papel) muy vapuleadas por la crisis. Y ha alcanzado incluso a la industria auxiliar de la construcción, que ya no cae a plomo.

La producción industrial registró en marzo la primera subida interanual (5,4%) desde que comenzó la crisis. Es uno de los índices más seguidos por los expertos para tomar la temperatura al crecimiento económico. Y, sin embargo, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato el pasado miércoles, no cosechó ni una línea en los principales periódicos (incluido éste). La tempestad en los mercados de deuda pública lo inunda todo.

Los datos de la industria se suman a otros (consumo de energía eléctrica, ventas de comercios, exportaciones, pernoctaciones en hoteles) que cuentan la misma historia. Juan Rubio-Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Duke (Estados Unidos), resalta que “la serie más positiva es la de la afiliación a la Seguridad Social, que frena su evolución negativa”. Es una señal de que la destrucción de puestos de trabajo (dos millones en menos de dos años) es cada vez menor. “Quien niegue los síntomas de crecimiento es que está ciego”, recalca Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Dicho esto, todos los expertos creen que se ha prestado demasiada importancia a si los pronósticos del Gobierno eran o no acertados. “Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas del PIB”, abunda Juan José Méndez, del Centro de Predicciones Económicas. Méndez admite que hay una “mejora del ritmo de crecimiento”, pero señala también “un desfase con relación a la eurozona, o más aún, con Estados Unidos”.

“Lo que los mercados están mirando es la capacidad de crecimiento a medio plazo y si seremos capaces de ajustar el déficit”, coincide Manuel Balmaseda, que dirige el servicio de estudios de la multinacional Cemex. Balmaseda opina incluso que dar por terminada la recesión es prematuro: “En Estados Unidos, que llevan tres trimestres con crecimientos superiores al 0,5%, tienen en cuenta otros factores y aún no creen que haya acabado”.

“Se ha confundido la discusión, nos hemos centrado en qué pasa hoy y lo importante es lo que ocurrirá el día después de la crisis, no hemos interiorizado que nos queda mucho trabajo por hacer en los próximos cinco o seis años”, insiste Josep Oliver. Una “asimetría”, en palabras del catedrático de Economía, que se ha manifestado en todo su esplendor en las últimas semanas.

De golpe, el castigo de los mercados a la deuda pública ha traído al presente más acuciante retos para los que se exige soluciones inmediatas. Ahora, un periodo de uno o dos años para reconducir el déficit o consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico se antoja un mundo a los ojos de los inversores. “Tras la crisis griega, es cierto que ha habido mucha especulación sobre determinados países como España, pero también es cierto que si no hay argumentos en los que apoyar las apuestas a la baja, al especulador que lanza el ataque nadie le seguiría”, advierte Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Las reticencias de Alemania a acudir al rescate de Grecia han exacerbado las dudas sobre qué pasaría si otro país de la zona euro pasara dificultades similares. Y, en las últimas semanas, España ha sido protagonista de datos, previsiones y artículos en la prensa internacional, que pasados por el tamiz de la especulación, arrojan un resultado desasogante.

Porque al mismo tiempo que varias estadísticas de la economía real daban el banderazo de salida a la recuperación, el mercado laboral daba fe de que el impacto brutal de la crisis en el empleo sigue ahí. “No somos del todo conscientes de que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron casi 1,4 millones de empleos, es una destrucción de puestos de trabajo de una magnitud histórica”, recuerda Josep Oliver. Hace poco más de una semana, el Instituto Nacional de Estadística confirmó que la tasa de paro supera ya el 20% de la población activa, un dato que compromete cualquier pronóstico de crecimiento económico vigoroso en los próximos años y de recuperación de los ingresos públicos vía impuestos. Más aún cuando los vaticinios del Gobierno sobre el mercado laboral -que la tasa de paro ha alcanzado su nivel máximo, que se creará empleo a partir del verano-, no convencen. “Lo más probable es que la tasa de paro quedará estancada alrededor del 19,7% este año y el próximo”, sostiene Antoni Espasa.

El Instituto Flores de Lemus tampoco predice creación de empleo hasta 2011, un pronóstico en el que coincide con el servicio de estudios del Banco de España. Las últimas proyecciones del organismo supervisor español, divulgadas hace poco más de un mes, son similares a las de los servicios de estudios privados y coinciden a grandes rasgos con lo que el FMI y la Comisión Europea publicarían poco después: Salgado y su equipo habrían hecho un vaticinio ajustado sobre la evolución del PIB este año (un -0,3% en tasa interanual) y del déficit (un recorte del 11,2% al 9,8% del PIB). Pero a partir de 2011, según esta visión, la estimación oficial patina.

Donde el Gobierno ve crecimientos del PIB cercanos al 2% el próximo año y al 3% en 2013, el resto ven un avance anémico, que dificulta el recorte del déficit, como también se aprecia en todas las previsiones menos la del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor?s llevó esta línea argumental al extremo para rebajar la calificación de la deuda soberana española, lo que puso a los títulos del Tesoro en la línea de fuego de los especuladores. Y las dudas sobre la solvencia del Estado español -pese a que el nivel de deuda pública, aunque creciente, es inferior al de la mayoría de países europeos-, se extendieron como una mancha de aceite. Artículos en The New York Times, Financial Times o el Wall Street Journal, ponían altavoz a la incertidumbre.

En suma, en la semana en la que se ha anunciado que la economía española salía de la recesión, la Bolsa perdía más de un 10% y el diferencial de los títulos españoles con los bonos alemanes a 10 años, la referencia para estimar el sobrecoste de colocar la deuda pública, llegaba a su máximo en más de una década. Hasta los gestos delatan qué es ahora lo importante, qué es lo prioritario. Elena Salgado se perdió este viernes buena parte de la primera conferencia de prensa programada tras la publicación de los datos sobre la salida de la recesión, absorbida por los trabajos previos a la reunión del Eurogrupo, que debatió el plan de rescate a Grecia unas horas más tarde.

“Creo que las reacciones de los mercados en los últimos días se corresponden más a un efecto contagio que a una lectura real de la economía española”, opina el profesor Juan Rubio-Ramírez, coordinador para la fundación Fedea de un índice que trata de sintetizar los datos más recientes sobre crecimiento económico. “En pocas palabras, España no es Grecia, no va a desembocar en una situación de bancarrota, al menos a corto plazo”. Otra cosa, sostiene el profesor de la Universidad de Duke, son “compromisos de gasto a largo plazo, como las pensiones y la sanidad”, en su opinión “claramente insostenibles”.

“No es la solvencia del Estado español lo que se ponía en duda en la primera línea del informe de Standard&Poor?s, sino las consecuencias de un crecimiento muy débil para el pago de la deuda privada. Las familias y empresas españolas han acumulado un nivel de deuda enorme y la mayoría está en manos de acreedores extranjeros”, puntualiza Oliver. Sin embargo, Francisco Pérez, del Ivie, cree que aquí, si el ajuste de precios en el sector inmobiliario se acelera, puede haber una tabla de salvación. “No es lo mismo endeudarse para comprar activos financieros dudosos o para financiar el consumo, que para invertir que es lo que ha hecho la economía española, aunque sea cierto que mucho ha ido al ladrillo”.

Si la desconfianza sobre la deuda pública española sigue creciendo no sólo se encarece el coste de los títulos del Tesoro, también será mucho más difícil refinanciar la deuda acumulada por las empresas o las cédulas hipotecarias en las que los bancos y cajas españoles titulizaron los préstamos de las familias. Según Méndez, las dudas sobre el recorte del déficit aumentan “cuando el ritmo de crecimiento económico es bajo y no hay claras posibilidades de estimularlo”, una trampa en la que podría haber caído la economía española. En ese escenario, la lógica de los mercados financieros impone el recorte del gasto público: no hay miramientos para los riesgos de una recaída por la retirada de estímulos públicos y el debate sobre quién originó la crisis y quién se lleva las consecuencias queda arrinconado.

“El programa de ajuste que ha presentado el Gobierno español es cuantioso y creíble, pero debe aplicarse ya”. Es lo que afirmó esta semana una portavoz del FMI, es lo que ha dejado entrever el comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, es lo que repitió este mismo viernes un informe del banco de inversión Goldman Sachs. Otra vuelta de tuerca que los mercados traducirán en más presión.

“Estoy convencido de que habrá más precisión en las medidas de ahorro, de que sindicatos y patronal llegarán a un acuerdo sobre la reforma laboral, de que habrá cambios en la función pública para hacerla más eficaz, cualquier otro camino nos pondría en una situación muy difícil”, señala Oliver. Balmaseda pone la cosa más cruda: “A medio plazo, soy optimista sobre la economía española, pero antes habrá que elegir si hacemos nosotros el ajuste, con nuestras prioridades, o dejamos que nos lo haga el Fondo Monetario Internacional, como ha ocurrido con Grecia”.

Tras el crash de 1929, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de Herbert Hoover, entonces presidente de Estados Unidos, de retirar las ayudas públicas a la economía sólo unos meses después agravó la crisis económica y dio pie a la Gran Depresión. Es pronto para calibrar las consecuencias de la tardanza y las exigencias alemanas respecto al plan de rescate a Grecia o de la resistencia del Banco Central Europeo a fabricar dinero para comprar deuda pública. Lo que sí queda claro es que han acelerado una nueva fase de la Gran Recesión de 2009, la crisis fiscal. Y que a España le ha cogido a contrapié.

Francisco Pérez presta una metáfora: “Este río ya no se puede cruzar por un puente, sólo quedan unas pocas piedras y hay que saltar con cuidado”. En esa travesía, la ansiada salida de la recesión es ya sólo un bastón en el que apoyarse.

Pero no es una fecha tope, ya que a la vez el acuerdo incluye que «se deberán tener en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros». En sus conclusiones sobre la estrategia de salida de los planes de relanzamiento económico y la vuelta al equilibrio presupuestario, el Ecofin considera que además de la supresión de las incitaciones económicas y fiscales, se necesita un esfuerzo importante en las políticas de saneamiento de las finanzas publicas, para frenar el crecimiento de la deuda y volver a tener unas cuentas sanas.

Por otro lado, la mejora de las finanzas públicas debe ir a la par con la intensificación de las reformas estructurales, que debería favorecer el potencial de crecimiento de la producción.

El ministro sueco, que presidía la reunión, Anders Borg, explicó que «la recuperación por ahora es frágil y necesita de apoyos, pero también tenemos que preparar las estrategias de salida de esta situación». El Ecofin cree que la actividad económica ha dejado de caer de manera brusca, los mercados financieros se han estabilizado y renace la confianza.

Por lo tanto, aprobó que esa estrategia de salida de los estímulos se realice de manera coordinada, junto a la supresión en el momento oportuno de los estímulos económicos. Teniendo en cuenta los desafíos futuros, el Ecofin acordó que esos planes de saneamiento deben ser ambiciosos y superar «por lo menos el 0,5% del PIB por año». El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que sustituyó a la ministra Elena Salgado, explicó a sus colegas que «España ya esta tomando las medidas adecuadas para corregir la situación», refiriéndose a los Presupuestos que presentó ayer Salgado.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, ha reflexionado sobre la necesidad de que el Ejecutivo y a las comunidades autónomas lleven a cabo la reforma impositiva con el objetivo de igualar la presión fiscal española, con una media del 31%, a la de los vecinos de la Unión Europea, donde se sitúa en torno al 50%. “No se puede tener una presión fiscal como Marruecos con unos servicios sociales como Suecia”, ha comentado Castro en una entrevista a la cadena Ser, en la que ha señalado que la decisión del Gobierno de destinar 1.800 millones de euros a las comunidades en compensación por la supresión del impuesto de sociedades no es una solución.

El Ejecutivo, no obstante, tiene ante sí un dilema de difícil solución. Necesita estimular la economía para salir de la recesión, pero a la vez se ve obligado a embridar un déficit que galopa hacia niveles nunca vistos, del 10% del PIB. Y subir impuestos no ayuda precisamente a estimular la actividad económica. “Hay que seguir haciendo un esfuerzo fiscal generoso” para reactivar la economía, aseguró Salgado, que a renglón seguido avanzó el debate central del próximo curso político: “Hay que poner en consideración todas las figuras impositivas, sin apriorismos, teniendo en cuenta que la prioridad es recuperar el crecimiento”.

A la salida de la Comisión de Economía del Congreso, Salgado optó por marcar territorio y desautorizó al número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, que la semana pasada planteó una subida de impuestos para las rentas altas. Blanco “dijo que era una reflexión personal y creo que no es oportuno manifestarme sobre una reflexión personal”, subrayó la ministra, antes de aclarar que en España “las rentas altas ya pagan más impuestos”.

Hacienda se resiste a adelantar qué figuras pueden verse afectadas y ayer se limitó a remitirse a las palabras de Salgado: “Todo, absolutamente todo está en revisión”, aunque “ni tan siquiera hemos hablado aún de subidas”, declaró.

Pero el Ejecutivo ya ha echado a andar ese camino, con la subida de impuestos al tabaco y las gasolinas y el anuncio de la eliminación parcial de la deducción por vivienda. Sobre la mesa están también la posible supresión parcial de la deducción de 400 euros, el cheque-bebé y la posibilidad de cambios en el IRPF y sociedades. Junto con los cambios en el sistema fiscal, Salgado explicó que prepara un Presupuesto “muy centrado en recuperar el empleo y el crecimiento” y con medidas de austeridad, como la contención de la oferta de empleo público. El Ejecutivo negocia además con los sindicatos una mínima subida salarial para funcionarios.

Economía ya ha descubierto incluso parte del argumentario con el que justifica la subida fiscal. Por un lado están las exigencias de Europa: “A medio plazo las cuentas públicas deben volver a los límites impuestos por Bruselas”. Por otro, el hecho de que la crisis haya provocado el desplome de la presión fiscal. Salgado explicó que ese indicador -que mide el peso de los ingresos públicos en la riqueza de la economía- bajó el año pasado al 32,8% del PIB, cinco puntos menos que en 2007, con lo que se sitúa “entre los más bajos de Europa”. “Los ingresos públicos han caído mucho respecto a los niveles anteriores a la crisis”, justificó.

Los cambios en el modelo tributario serán una de las claves en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y pondrán a prueba los apoyos del Gobierno. La polémica ya está en marcha: el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, acusó al Ejecutivo de “preparar una subida de impuestos a las rentas medias”. El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre calificó los posibles incrementos como un “culebrón de verano” y una “broma pesada o de muy mal gusto”, y recordó que el Gobierno tiene un compromiso con la federación nacionalista catalana para no subir los impuestos directos a lo largo de este periodo de sesiones. Y Joan Ridao, de ERC, criticó al Ejecutivo por “especular con subidas impositivas o reformas fiscales, con el riesgo de que eso provoque la desconfianza de la ciudadanía”.

Prácticamente sólo Joan Herrera (ICV) aplaudió esa iniciativa, antes de recordar que es lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno socialista en los últimos años “con la política de cheques universales, la supresión del impuesto sobre el patrimonio y las rebajas de impuestos para las rentas altas”. “Bajar los impuestos no es de izquierdas: lo es una política fiscal redistributiva que tenga más margen para las políticas sociales”, dijo, antes que recordarle a Salgado que los niveles de presión fiscal de España “son similares a los que tienen los países bálticos”. “Las economías que están saliendo más rápido de la crisis -Alemania y Francia- son las que tienen más musculatura fiscal; no es casual que Irlanda y España sean los que tienen más dificultades”, atacó.

Lejos de la política, el debate también empieza a calar. La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) mostró ayer su “preocupación y malestar” por la posible subida impositiva apuntada por Salgado. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en cambio, se mostró a favor de aumentar el IRPF “a los tramos más altos”, en línea con lo sugerido estos días por José Blanco, y abogó por “replantear la estructura fiscal” en el marco de los Presupuestos, para introducir una mayor progresividad.

España no es una excepción: los países más afectados por la crisis y con mayores déficit, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, han aprobado ya subidas de impuestos, principalmente para las rentas altas. Sin embargo, las rebajas impositivas son uno de los aspectos centrales de la campaña electoral en Alemania, y se plantean también en otros países como Dinamarca.

El estudio analiza 21 de las 46 cajas de ahorros españolas y concluye que, si se comparan los resultados de 2008 con los de otro informe realizado con los datos de 2004, crece la inversión social en términos cualitativos, al pasar de 667 millones a 1.654 millones de euros, pero disminuye el porcentaje sobre beneficios.

Por ejemplo, Caja Madrid ha pasado del 26,9% al 8,7% de sus beneficios, mientras que La Caixa ha disminuido el peso de la obra social desde el 37,6% al 18,7%. Otro dato: la suma de los beneficios de las dos entidades representa el 58% de las 21 cajas analizadas. Sin embargo, el total de gasto en obra social se reduce a un 43% (el 28% de La Caixa y el 15% de Caja Madrid).

Según datos de la CECA, las 46 entidades españolas dedicaron el pasado año 2.060 millones de euros a actividades de interés social. De esa cantidad, el 80% corresponde al gasto realizado por las cajas de ahorro incluidas en la muestra de Consumer Eroski (1.654 millones de euros).

El listado lo componen Caja Cantabria, Caja Rioja, BBK, Kutxa, Caja Vital, Caixanova, Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Caja Sur, Unicaja, CAI, Ibercaja, CAM, Caja Murcia, Caja España, Caja Duero, Caja Madrid, Cajastur, La Caixa, Bancaja y Caja Navarra.

Segmentos.

La dotación para cultura se ha reducido de forma considerable en comparación con los datos de hace cinco años –del 50% al 33%– a favor de la atención social y sanitaria, que pasa del 24% al 39%, con un aumento del 63%.

En el apartado sanitario, los centros hospitalarios son los que se llevan la mayor parte de las ayudas de las cajas, mientras que en la parte social destacan los proyectos con discapacitados, tercera edad e infancia.

Por entidades, La Caixa es la que se centró más en este epígrafe, ya que destinó el 64% de su obra social para actividades de estas características –en concreto, más de 297 millones de euros–. En proporciones similares se mueven Caja Madrid –el 60%, 150 millones de euros– y la Kutxa –un 57%, 46 millones de euros–.

Las comunidades pondrán una vez más a prueba la política económica del Gobierno. La liberalización de los servicios exigida por Bruselas tiene difícil acomodo en España. La nueva ley de Comercio aprobada ayer por el Consejo de Ministros sólo tendrá los efectos deseados si las autonomías deciden desmontar el marasmo regulatorio con el que controlan a las empresas del sector.

La nueva ley lanzada por el Ministerio de Industria suprime, con «carácter general», el régimen de autorización especial para los establecimientos comerciales. Y elimina (como pedía la Comisión Nacional de la Competencia) la definición de gran establecimiento comercial (los que superan los 2.500 metros cuadrados). Es decir, limpia la norma del Estado a los ojos de Bruselas.

Sin embargo, inmediatamente después argumenta que «teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto ambiental y urbano de los distintos tipos de establecimiento, se considera que, aunque en general no resulte justificada la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse regímenes de autorización especiales».

En otras palabras, las comunidades podrán argüir razones de «medio ambiente, el entorno urbano y la ordenación de territorio» para poner límites a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial, no sólo a los híper como sucedía hasta ahora. La única condición es que todos los procesos de licencias se unifiquen en uno y que se «identifique» de forma «clara y previsible» en las futuras normas regionales las razones que mueven a imponer límites a la libertad de empresa.

Las comunidades tienen la «competencia exclusiva» en comercio interior y, por tanto, serán sus ejecutivos quienes regulen los procedimientos de autorización del comercio. La ley de Miguel Sebastián les ofrece la llave para mantener, bajo una nueva cara, el control político del mercado de la distribución.

Andalucía, Canarias, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña ya preparan sus reformas.

El anteproyecto de la Generalitat, por ejemplo, se ha puesto como objetivos «delimitar la localización de los grandes proyectos comerciales de manera estratégica» y «reducir la movilidad y la contaminación inherente a determinados tipos de establecimientos» –como adelantó EXPANSIÓN el 26 de mayo–.

Esta retórica se traduce en que una tienda de más de 800 metros cuadrados (superficie a partir de la cual necesitarán licencia especial) sólo podrá instalarse en una calle de más de 13,5 metros de ancha. En un puerto, el número de tiendas no podrá superar tres veces al de amarres. En las estaciones de esquí, por cada cama de hotel no podrá haber más de medio metro de uso comercial. En los cruces de infraestructuras, sólo el 1% del suelo estará ocupado por comercios. Cataluña no es una rara avis en este campo.

El síndrome regulatorio sobre el comercio afecta a casi todos los consejeros autonómicos Por eso, como advierte el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, «no hace falta ser un fino jurista para ver que esta reforma comercial terminará en una sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios».

La Comisión Europea, la OCDE y las autoridades de Competencia han cargado históricamente contra el exceso de regulación que pesa sobre el comercio. En total, se calcula que más de 3.000 normas, leyes, reglamentos, requisitos, etc.

El resultado de todo ha sido un mercado fuertemente fragmentado, con barreras a la entrada de nuevos competidores y con nichos muy cerrados que favorecen a las empresas ya implantadas en cada comunidad.

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco han impulsado desde 2004 planes de equipamiento comercial que delimitan y restringen la implantación de cualquier mediana y gran superficie. A todo ello, se une 17 sistemas de horarios comerciales diferentes –la nueva Ley de Comercio minorista no afecta a esto–.

la Justicia europea ya sancionó en 2007 a España por la regulación comercial de Cataluña. Pesa otra amenaza sobre la andaluza. Además, se han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra los impuestos verdes a la distribución que poseen Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra.

La Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al pequeño comercio, calificó ayer la ley de «acertadísima». En cambio, para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución «se ha perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural».

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) argumenta que «esta norma pierde una buena oportunidad de ayudar a reducir el coste de la regulación».

“Los clubes de fútbol son considerados por los delincuentes como vehículos perfectos para el lavado de dinero”, afirmó el Grupo de Tareas de Acción Financiera (FATF, por su sigla en inglés) de la OCDE.

Aunque otros deportes como el criquet, el rugby, las carreras de caballos o el automovilismo también están amenazados en este sentido, el fútbol es “un obvio candidato a investigar el lavado de dinero a través del deporte” porque supera a todos los demás a escala global.

En un caso, indicó el informe, los investigadores frustraron un intento de lavar dinero a través de la compra de un famoso club del fútbol italiano con fondos aportados por una asociación delictiva que operaba en la región central de ese país. “Continúan los procedimientos por lavado de dinero, venta ilegal, extorsión, competencia desleal y otros delitos”, aseguró el informe, sin nombrar al club.

Basado en 20 casos de blanqueo de dinero en el fútbol, el informe concluyó que la estructura, el modo de financiación y la cultura del deporte son conductores de delitos financieros. Además, citó dos ejemplos de evasión impositiva que involucraron a futbolistas en Reino Unido, uno ligado a derechos de imagen y el otro a una contratación que fue ocultada a las autoridades fiscales.

Flujo de dinero.

Impulsadas por los lucrativos derechos de televisión, las cifras que mueve el fútbol han crecido de manera impresionante, volviendo vulnerables a los clubes frente a masivas intervenciones del sector privado.

Las increíbles cifras pagadas por jugadores alcanzaron nuevas alturas el mes pasado cuando el Real Madrid pagó al Manchester United unos 94 millones de euros por el traspaso del extremo portugués Cristiano Ronaldo. Pese a la gran escala del deporte, con 38 millones de jugadores registrados y 5 millones entre árbitros y autoridades, muchos clubes están administrados por “amateurs” en la materia y pueden ser fácilmente adquiridos por inversores dudosos, destacó el informe.

El masivo flujo de dinero que se mueve en “refugios” fiscales, los enormes e irracionales pagos por transferencias, las infladas sumas que ganan los agentes y las redes de apuestas, pueden ayudar a los delincuentes a intentar pasar sus ilícitas ganancias como si fueran legales.

La imagen del fútbol también juega su papel. Los clubes cada vez son menos propensos a blanqueos de dinero por miedo a perder patrocinadores, mientras que los delincuentes pueden usar la propiedad de un club para forjar vínculos de negocios legales y obtener lucrativos contratos de construcción.

El informe cita además varios ejemplos de clubes que se encuentran en dificultades financieras cuyos déficits fueron ocasionados por administraciones de presuntos delincuentes.

Los supuestos inversores pueden recuperar su dinero “lavado” al vender artículos deportivos y servicios del club a precios inflados, o también a través de la venta de derechos mediáticos, entradas, jugadores y mercadotecnia.

Las transferencias internacionales de futbolistas jóvenes también pueden atraer a traficantes de personas, remarcó el informe. El informe recomienda generar una mayor y mejor conciencia al respecto del tema, así como mejorar la gobernabilidad y la transparencia financiera como una manera de luchar contra el delito en el fútbol.

A pesar del repunte, Trichet ha mostrado desde Varsovia su confianza en que el programa diseñado para incrementar los créditos contribuya a “inspirar confianza” a los mercados de la zona euro. En su opinión, hay que “responder con fuerza a los retos”, aunque ha subrayado que nunca se deben olvidar los principios que rigen las políticas macroeconómicas: equilibrio presupuestario y lucha contra la inflación.

Desde el mínimo histórico diario que marcó el 19 de mayo en el 1,595%, el euríbor ha seguido una trayectoria errática con más subidas que bajadas, que los expertos explican como una simple desaceleración más que como un frenazo. Tras ocho meses seguidos de vertiginosos descuentos, que comenzaron con la quiebra de Lehman Brothers y el cambio de rumbo en la política monetaria del BCE, ha pasado del 5,248% de octubre al 1,644% con el que cerró el mes de mayo.

En cualquiera de los casos, las rebajas para una hipoteca media de 150.000 euros contratada hace un año que se revise en julio y a la que se aplique la tasa del mes anterior, en este caso junio, superarán de media los 300 euros mensuales y más de 3.600 al año.

En una entrevista en «La Vanguardia», Salgado ha constatado que todo indica que lo peor se dio en el primer trimestre, aunque ha reconocido que esto no quiere decir que la recuperación sea aún una realidad. «Para empezar a crecer, lo primero es no continuar cayendo, y esto es lo que creemos que está empezando a suceder».

Preguntada por la reforma laboral, Salgado ha afirmado que «sí la habrá» y ha recordado que buscará el acuerdo entre sindicatos y empresarios. No obstante, hace hincapié en que la reforma el mercado de trabajo no es la más importante. «Ahora lo fundamental es evitar caer en tentaciones proteccionistas que impidan avanzar en una economía más abierta». Para la ministra, la reforma estructural más importante será la transposición «ambiciosa» de la directiva de servicios porque implica a tres niveles de la administración y se modificarán 40 leyes y 500 decretos.

«Ahora lo fundamental es evitar caer en tentaciones proteccionistas que impidan avanzar en una economía más abierta»

Tenemos margen de endeudamiento.

La ministra de Economía y Hacienda afirma que a España le queda un margen de endeudamiento superior a los 150. 000 millones de euros si se tienen en cuenta las previsiones de la Comisión Europea, que calcula que la deuda española llegará a finales de 2010 al 62% del PIB, mientras que ahora está en torno al 45%, y cada punto del PIB se estima en unos 10. 000 millones.

Salgado prevé que todas las actuaciones que desarrollará el Gobierno para sacar a España de la crisis situarán la deuda en el entorno del 60% del PIB a finales del año que viene. A pesar de este margen, la nueva titular de Economía ha constatado que no habrá más planes de estímulo de los ya previstos para detener la crisis. «Lo que hagamos a partir de ahora será pensando en el futuro, en ese cambio de modelo», ha indicado.

El fonde de recapitalización no es urgentePreguntada por la situación de algunas entidades financieras, en especial de las cajas, la vicepresidenta del Gobierno ha declarado que no ve urgente el fondo de recapitalización. «En este momento no hay casos que entendamos que necesitan de una tercera opción (un fondo de dotaciones públicas)». La primera y segunda opción son soluciones autónomas y el Fondo de Garantía de Depósitos.

La ministra ha avanzado que su gabinete ve necesario que el marco general esté definido por un mismo margen normativo. «Nos gustaría que los detalles de la ley que regulará este fondo de recapitalización estuvieran definidos antes de verano; en cualquier caso será consensuado con los grupos parlamentarios», ha sostenido.

Salgado ha recordado que será el Banco de España el que decida en qué casos debe aportarse la ayuda pública.

Chrysler ha pasado a la historia. Por primera vez uno de los tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) se ha acogido a la protección contra la bancarrota, figura jurídica equivalente al concurso de acreedores español, la antigua suspensión de pagos.

La empresa, que fue definida ayer como “un icono de la industria de Estados Unidos” por el presidente (Barack Obama), ha tomado esta decisión después de haber sido incapaz de lograr que sus acreedores aceptaran perdonarle parte de la deuda.

Chrysler acumula un pasivo de unos 7.000 millones de dólares (5.294 millones de euros), con 46 acreedores -básicamente bancos y hedge funds- y su intención era reducir ese importe hasta los 2.250 millones, pagándolo íntegramente en metálico. Esta deuda se contrajo, principalmente, para financiar la compra de la empresa a Daimler en 2007. Además de este importe, Chrysler debe 10.600 millones a un fondo de pensiones y otros 4.000 millones al Gobierno de EEUU desde el pasado diciembre.

La propuesta de renegociación del pasivo, que contaba con el respaldo del Ejecutivo de Obama y con el de la italiana Fiat (con quien Chrysler ha llegado a una alianza), fue aceptada por cuatro bancos: JPMorgan, Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Estas entidades concentran el 70% del pasivo.

Sin embargo, la propuesta debía ser ratificada por el cien por cien de los acreedores. Varios fondos se negaron a ratificarla por entender que perjudicaba sus intereses en beneficio de otros grupos, como los trabajadores, que, dentro de ese mismo plan, iban a recibir en torno al 55% del capital de Chrysler a cambio de renunciar a una serie de beneficios sociales y laborales.

Suspensión controlada.

Ante la falta de acuerdo, Chrysler se acogió a la protección contra la bancarrota, con el respaldo del Gobierno. La operación fue anunciada por el propio Obama en un discurso televisado a la nación. La bancarrota será controlada con financiación del Gobierno para hacer frente a las actividades ordinarias de Chrysler mientras dura todo el proceso judicial.

Así, el Ejecutivo aportará 3.500 millones de dólares a Chrysler, que tiene intención de seguir adelante con su alianza con Fiat. Este pacto, sin embargo, tendrá que ser autorizado por el juzgado.

Chrysler y el Gobierno pedirán al tribunal que permita la escisión de la empresa en dos sociedades, una que agrupará los activos más sólidos (las marcas Jeep y Dodge, entre ellos) y otra, las deudas.

La primera, la que la Administración bautiza ya como la nueva Chrysler, será la que canalizará la alianza con Fiat. Ésta tendrá el 20% del capital, ampliable al 35% hasta el 1 de enero de 2013. El Departamento del Tesoro de EEUU tendrá alrededor del 8% del capital, mientras que el Gobierno de Canadá recibirá en torno al 2%. Los empleados se harán con el 55% y Cerberus, que tenía el 80% antes de la crisis, pierde toda su participación.

La segunda sociedad se quedará con las deudas y será la que intentará renegociar una quita con los acreedores, si lo acepta el juzgado.

Obama aseguró ayer que espera que el proceso pueda resolverse de forma rápida, entre 60 y 90 días, lo que sería un récord para el proceso judicial estadounidense. El presidente responsabilizó de la bancarrota a los hedge funds que se negaron a refrendar el pacto para reducir la deuda y les acusó de ser unos “especuladores”.

Cambios directivos.

Cuando salga de la bancarrota, la nueva Chrysler tendrá un consejo de diez miembros, seis a propuesta del Gobierno, tres de Fiat y uno de la plantilla. El consejo elegirá al presidente y al consejero delegado. El actual de Chrysler, Robert Nardelli, dejará el cargo cuando finalice la bancarrota. En ese momento, el Gobierno prestará otros 4.500 millones a Chrysler.

El consejero delegado de Fiat, Sergio Marchione, calificó ayer la alianza con la empresa estadounidense de “histórica”.

El acuerdo también implica que GMAC, la financiera de General Motors, se encargue de canalizar los créditos para los coches que venden Chrysler y Fiat en EEUU. General Motors está a la espera de que sus acreedores también acepten su plan para capitalizar deuda.

Más de 80 años de historia.

Chrysler, fundada hace 84 años por Walter Chrysler, es la tercera empresa del motor de EEUU. La compañía, controlada por el fondo Cerberus, es un símbolo de Detroit, cuna automovilística de EEUU. Chrysler posee la única fábrica de coches que queda hoy en Detroit ciudad.

Unión fallida con Daimler.

La empresa, que pasó una reestructuración profunda en los 70 y que perteneció a Daimler hasta 2007, tiene 30 fábricas en EEUU y 54.000 empleados. El año pasado vendió 1,45 millones de vehículos en EEUU, un 30% menos. Chrysler no facilita cifra de ingresos ni de beneficios.

Primera bancarrota de Detroit.

Esta es la primera vez que uno de los grandes de Detroit se acoge a la protección contra la bancarrota.

El fallo beneficia en un principio a los contribuyentes, ya que no contempla ningún límite de renta a la hora de conceder la deducción de los 400 euros. De esta forma, aquellos contribuyentes de escasos ingresos, situados por debajo de 11.700 euros, y que no están obligados a presentar declaración, al reportarles 400 euros menos, habrá una parte que les resulte a ingresar. Por ejemplo, imaginemos que algunas de estas personas al presentar su declaración les saliera a devolver 300 euros y cuando se corrige, como le quitan la deducción, le sale a ingresar 100 euros más los intereses de demora, por lo que no cobrará nada. El otro error del borrador afecta a las deducciones en vivienda habitual en declaración conjunta

Por tanto, los contribuyentes que confirmen los borradores con errores deberán anular su declaración y presentar una nueva si no quieren  tener que pagar la cantidad adeuda.

Sin embargo, cuando la Agencia rectifique, cerca de seis millones de personas verán la palabra “ingresar” en lugar de “devolver” en su borrador. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), un total de 5.917.000 contribuyentes no se beneficiarán de los 400 euros, de los 18,8 millones que  este año tendrán que realizar su declaración de Renta.

La deducción de los 400 euros es aplicable sólo a los trabajadores, empresarios y  profesionales pero hasta un límite máximo. Los más beneficiados serán aquellos  contribuyentes que tengan rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas de más de 11.700 euros. En caso contrario, sólo podrán deducir  importes menores de 400 euros, de manera progresiva cuanto menor sean sus  ingresos de trabajo o de actividades económicas.

Nervios e inquietud.

Fuentes económicas han manifestado que la Agencia Tributaria está enviando una carta a los mileuristas y pensionistas que tienen errores en los borradores. En dicha misiva se les pide que acudan a una oficina de Hacienda y presenten dicha carta adjuntando el número de teléfono de la persona afectada. “No se les dice nada más ni se da ninguna explicación, sino sólo que se les llamará por teléfono, lo cual genera bastante inquietud, principalmente entre los pensionistas”, afirman las fuentes.

La semana pasada, Gestha denunció un segundo error en los borradores remitidos por Hacienda. Este sindicato estima que 1,3 millones de borradores con derecho a deducción en vivienda habitual en declaración conjunta contienen “graves incorrecciones”, ya que dicha deducción con financiación ajena está “mal calculada”, lo que puede suponer para los contribuyentes un “pago indebido” de hasta 621 millones.

A modo ilustrativo, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ejemplifica que si lo amortizado por la pareja fuera de 10.000 euros, el borrador sólo recogería la cantidad de 5.000 euros de base de deducción para la pareja en tributación conjunta. Así, explica que la base máxima de la deducción por vivienda habitual de 9.000 euros es única tanto en declaración conjunta como individual.

Corbacho respondió así a la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho, quien en la sesión de control al Gobierno en el Senado le preguntó por las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para los 1,5 millones de parados que han dejado de cobrar la prestación por desempleo.

El titular de Trabajo dijo a Sánchez-Camacho que espera contar con el apoyo de las comunidades que gobierna el PP para encontrar una solución para ese colectivo.

Corbacho recordó que en España hay 2,6 millones de parados que están protegidos por la cobertura que paga el Estado y que, en el caso de las prestaciones contributivas, supone una nómina mensual de 2.700 millones de euros.

Al respecto, la senadora del PP acusó al Gobierno de intentar trasladar a las comunidades autónomas el pago de la protección a los parados, cuando carecen de posibilidades económicas y de financiación para hacerlo.

También denunció que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha recortado el gasto sanitario de las comunidades, así como las partidas para la dependencia.

El ministro le recordó que en España hay tres administraciones (la central, la autonómica y la municipal), razón por la que están trabajando con las comunidades -que pagan rentas de inserción a los desempleados- para ampliar la cobertura a los que han agotado su protección.

De todas formas, Obama advirtió sobre los problemas aún existentes. “De ninguna manera hemos salido de los problemas ahora. Pero estamos empezando a ver por primera vez rayos de esperanza”, apuntó en un discurso en la Universidad Georgetown de Washington.

Se registran las primeras “señales de un avance económico”, añadió el mandatario, que hizo referencia explícitamente al paquete coyuntural estatal de 787.000 millones de dólares. Para Obama, esto generó que se evitaran los despidos previstos en los colegios o la policía. Además indicó que las empresas agropecuarias y las compañías de energía ecológica comenzarán a incorporar nuevas fuerzas.

Asimismo, Obama destacó que se debe garantizar que no se repita una crisis económica y financiera de este tipo.

En su discurso, el mandatario citó los recientes indicadores económicos, que apuntan a que los bancos están volviendo a prestar dinero y que los propietarios de casas están aprovechando las bajas tasas de sus hipotecas para sanear sus finanzas.

El presidente de Estados Unidos mencionó el paquete coyuntural de del gobierno, así como a los demás programas para reanimar el sector bancario, castigado por la peor crisis desde la Gran Depresión en los años 30.

“En su conjunto, estas acciones están empezando a generar señales de progreso económico”, señaló Obama, aunque advirtió que 2009 “seguirá siendo un año difícil”.

Por su parte, Bernanke también mostró una postura optimista hoy martes durante una intervención pública en Atlanta, Georgia, donde destacó “señales de que el agudo retroceso de las actividades económicas se está volviendo más lento”.

Si la situación se tranquiliza, sería el primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, matizó, no tendrá lugar un crecimiento sostenido mientras el sistema financiero y los mercados crediticios no se estabilicen, pese a que hubo avances en ese frente, destacó Bernanke.

El hecho de que la contracción del crecimiento se esté ralentizando se debe, según los últimos datos, al mercado inmobiliario y al consumo privado, entre otros factores, según Bernanke.

“Soy optimista con vistas a nuestra economía”, dijo el presidente del banco emisor estadounidense a los estudiantes. La crisis actual es uno de los episodios económicos más difíciles de la historia reciente. “Pero las bases de nuestra economía son robustas y no hay problemas que no podamos superar con juicio, paciencia y constancia”, añadió.

Bernanke dijo ya hace unas semanas que veía “brotes verdes” en medio del desierto panorama económico.

Sin embargo, los datos conocidos hoy sobre las ventas del comercio minorista en el país no fueron muy alentadoras: en marzo, el volumen cayó un 1,1 por ciento, frente a la sorpresiva subida del 0,3 por ciento en febrero.

Los analistas esperan que la economía estadounidense no caiga de forma tan catastrófica en el primer trimestre como en los últimos tres meses de 2008, cuando se desplomó un 6,3 por ciento, como nunca lo había hecho en el último cuarto de siglo.

En la sesión protocolaria de la Fed el 18 de marzo, el banco emisor destacó sus perspectativas de que la contracción coyuntural se convertiría en estancamiento en la segunda mitad de este año y que en 2010 volvería, poco a poco, a la senda de crecimiento.

De las cifras publicadas en el Boletín Oficial del Estados (BOE) recogidas por Crédito y Caución, en el primer trimestre del presente ejercicio se ha registrado una “estabilización” en las insolvencias. Por sectores, los datos que maneja esta empresa apuntan a un descenso del 10% en los concursos de acreedores de empresas dedicadas a la construcción, mientras que negocios como de juguetes, electricidad y bienes de equipo registran los mayores repuntes.

Según Crédito y Caución, de enero a marzo se estableció un nuevo récord. No obstante, “comienza a apreciarse una estabilización de los niveles de concursalidad trimestral cerca de los 1.400, lo que sitúa las previsiones para 2009 en el entorno de los 5.000 procesos”.

La nueva reforma de la Ley Concursal que se aplica ahora a empresas y personas insolventes permitirá, según Crédito y Caución, a «disminuir la concursalidad, incentivar la negociación previa y evitar la liquidación de empresas viables en dificultades”.

La norma afectará a todos los países de la UE, como ocurre en la actualidad. Formará parte del cambio de base de la contabilidad nacional, que ahora se denomina SEC-95 (Sistema Europeo de Cuentas). Son ajustes que los institutos de estadística realizan para incorporar nuevas actividades y criterios.

En el caso de la economía ilegal, algunas estimaciones sitúan su valor en dos o tres puntos del PIB. Es decir, una vez que se incluyan esas actividades, el volumen del PIB de los países de la UE subirá en torno a ese porcentaje. Ello tendrá implicaciones, por ejemplo, en la contribución que los países hacen al Presupuesto de la UE en base al denominado cuarto recurso (renta nacional bruta). Al elevarse el PIB, la contribución aumentará, aunque en otras ocasiones en que se ha producido una revisión, los efectos han sido neutros. En la actualidad, la contabilidad nacional se calcula con la base 2000. La siguiente será la base 2008, que incluirá, además de la economía ilegal, datos que España ya calcula, como precios de importación y exportación.

La media mensual del euribor se sitúa en el 1,91% a falta de sesión para el cierre del mes. El indicador terminará marzo en la tasa mensual más baja de todos los tiempos. El anterior mínimo data de junio de 2003 (2,104%).

Así, los clientes que revisen su hipoteca con la tasa de marzo notarán un notable descenso de la letra mensual, ya que el euribor cerró marzo de 2008 en el 4,590%.

Si el euribor cierra marzo alrededor del 1,9%, la rebaja para las hipotecas contratadas hace un año que se revisen en abril será de unos 2.500 euros para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años (la cuota mensual pasará de 841 a 628 euros) y de hasta 5.000 euros para un préstamo de 300.000 euros (cuota mensual de 1.682 a 1.257 euros).

El cierre de hoy es un nuevo mínimo histórico para el euribor, algo que no es noticia desde que el pasado 13 de marzo marcara un nuevo mínimo en el 1,923%. Desde entonces, el índice ha registrado diez mínimos históricos en once jornadas. La excepción se produjo el día 24, cuando cerró plano en el 1,857%.

La racha bajista podría continuar si el próximo jueves el BCE decide una nueva rebaja de los tipos, algo que el presidente del organismo, Jean-Claude Trichet, no ha descartado.

En esta semana, el Ibex 35 acumula una subida del 2,82% y a pesar de que en la sesión de cierre cedió el 1,84%, lo que le impidió cerrar por encima de los 8.000 puntos.

En las cuatro últimas sesiones, este índice chocó literalmente con una barrera situada ligeramente por encima de los 8.100 puntos, lo que animó a muchos inversores a soltar lastre para abandonar un movimiento en el que entraron muy poco convencidos.

Los analistas estaban, y están, muy divididos sobre la capacidad del mercado para consolidar ese rebote, hasta el punto de que algunos de ellos todavía dudan de su vigencia y esperan nuevos recortes. Para la mayoría, el rebote es válido y los 6.700 puntos del Ibex 35 han terminado por ser el “suelo” que se estaba buscando. La magnitud del rebote -el Ibex 35 ha subido un 21,17% entre el mínimo y el máximo relativos-, para unos, significa que el mercado estaba sobrevendido y, para otros, es tan sólo un alarde de volatilidad que, tarde o temprano, pasará factura.

Dejando a un lado esas opiniones, lo cierto es que el ambiente de fondo ha cambiado sustancialmente para los inversores, sobre todo después de anunciarse el ambicioso plan de compra de activos tóxicos de la banca de Estados Unidos. El diseño del plan, que da entrada al capital privado, gustó en Wall Street y la Bolsa reaccionó con fuerza. El problema es que ahora se diseñan unas normas de supervisión más estrictas para el conjunto del sector financiero, y eso provocó algunas reticencias en la Bolsa de Nueva York en la sesión de cierre.

La mejor situación en que quedará el conjunto del sector financiero tras la adquisición de los activos tóxicos es un paso muy importante en la superación de la actual crisis y los mercados de valores lo han tenido en cuenta a lo largo de esta semana. La cuestión ahora está en saber cuándo ese cambio de escenario se empezará a trasladar a la economía real, en este momento el principal problema para los inversores, pendientes de cómo cada una de las sociedades cotizadas capea este temporal.

El dinero que ha acudido al mercado en las últimas sesiones apenas ha variado respecto de las semanas anteriores, aunque en los dos últimos días, quizá como fruto del agotamiento de la orientación alcista, en el Mercado Continuo el negocio total llegó a caer por debajo de los 2.000 millones de euros. Las operaciones del “mercado abierto”, con 1.754 millones el jueves y 1.822 el viernes, parecían indicar que la inversión se había retirado.

Ayer el avance fue de un 1%. Empujado sobre todo por Gas Natural que ganó casi un 7%, también pusieron de su parte Grifols (4,7%) e Inditex, los resultados que presentó ayer la firma textil le dieron alas para subir un 4,7%. Entre los perdedores, sólo cinco valores: Telecinco, Acerinox, Indra, Mapfre y Abertis.

En el resto del continente, la jornada también tuvo un tono alcista, aunque con menos fuerza que en España. Sólo Londres retrocedió posiciones. Nueva York, por su parte, se sumó a la corriente alcista al comienzo del día, con lo que reforzó el optimismo europeo. Pero a media sesión se dio la vuelta y entró en terreno negativo.

“Santander nos sugirió ordenar el reembolso. Han dado la vuelta a la tortilla para tenernos cautivos durante dos años y medio”, explica con resignación José, toda una vida de trabajo a sus espaldas y el 80% de los ahorros –cerca de 800.000 euros- comprometidos en los casos Madoff y Santander Banif Inmobiliario.

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, José afirma que podría vivir tranquilo durante el resto de su vida. Pero ahora se prepara para escalar el ‘Tourmalet’ con el convencimiento de que Santander ha provocado el colapso del fondo por interés propio. “Yo he visto circulares en la banca privada en la que se recomendaba a los clientes no salir del fondo, pero luego me han llamado los gestores para decirme que ordenara el reembolso. ¿Cómo se explica esto? Pues para tener cautivos a inversores con alto poder adquisitivo durante casi tres años”, apunta José. En estos momentos, sólo tiene claro que le resultará casi imposible recuperar los 450.000 euros que invirtió en el fondo.

A José Antonio Herce todo le resulta muy extraño, lo mismo que a los casi setenta partícipes que acudieron ayer a la asamblea informativa que celebró Adicae en Madrid. “Me enteré en torno a diciembre de que los activos que constituían el fondo iban a sufrir una nueva tasación, y luego recibí unas recomendaciones del banco hace unos días para salir” puntualiza José Antonio.

Falta de información.

Lo peor es que todo me pilló de sorpresa y apenas tuve tiempo para reaccionar, afirma Herce, arquitecto de profesión y conocedor del mercado inmobiliario. “Yo creo que los alquileres se están defendiendo mejor, aunque era razonable que en viviendas y centros comerciales hubiese una bajada de rentabilidad, pero como en todos los fondos. Otra cosa es haber llegado a esta situación” puntualiza.

Vagamente, indica Herce, “me decían que, como yo tenía el dinero desde hace mucho tiempo, el saldo final era positivo, pero no se atrevían a decirme pues mira, se pierde esto o lo otro”. Cliente de Banif desde hace cuatro años, y con 60.000 euros enganchados entre él y su hermano, tiene la sensación de que “no se nos ha informado razonablemente y se nos ha instado a salir”.

La falta de información es una espinita clavada en las entrañas de Ana, diez años en Banif y 50.000 euros invertidos en el fondo, “los ahorros de mi vida”. El pasado veinte de enero, dice Ana, los gestores del banco le aseguraron que no pasaba nada, que todo iba bien. Es más, cuando estalló el caso Madoff, apunta, no tuvo miedo porque “era el Santander, cómo vas a pensar que pueda suceder algo así”. Califica la situación de “vergonzosa”.

Más que de falta de información, el problema para Pepe es de transparencia. “En ningún caso dijeron que el valor del fondo estaba vinculado a los inmuebles sino a los alquileres, porque si no me habría salido”. Dice que Santander también le ha llamado repetidas veces para que venda, pero él se niega. ¿Cómo voy a vender a ciegas?, argumenta. Además, se queja de el banco apalanca el dinero durante 24 meses, y “van liquidando como van queriendo”. Pero es que cada vez que liquidan hay pérdidas, y entonces,” voy a tener un agujero que igual se va al 50% o 60%”, apunta indignado. Pero algo ha sacado en claro. “En diciembre vi que todo esto era una basura, saqué la liquidez de Banif y me fui a otra entidad. Sólo me quedé con el fondo”

¿Por qué tanta insistencia de Santander en la venta? Pepe lo tiene claro: “La gestora me insistía una y otra vez en que vendiese, y yo les decía, no voy a vender. En el fondo, ellos sabían que insistiendo tanto iba a pasar lo que ha pasado. Y su tocayo José insiste en que si las peticiones hubiesen sido menos, Santander habría tenido que cubrirlas con efectivo. La idea de una liquidación ordenada del fondo resuena en sus cabezas.

Para Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, parece claro que el fondo va hacia una liquidación encubierta que le resulta cómoda a Santander, “porque si se aprueba la suspensión, de aquí a mayo se paga el 10% a quienes hayan pedido el reembolso antes del 28 de febrero y a partir de ahí, se irán enajenando los inmuebles sacando las rentabilidades sobre las cantidades oportunas”. Pero en su opinión, y en caso de que haya una liquidación, los partícipes necesitan saber cómo, a quién y a qué precio se venden los inmuebles.

Con todo, mañana volverá a salir el sol para José, Ana, Pepe y José Antonio. Lo mismo que para los más de 50.000 afectados por la suspensión del Santander Banif Inmobiliario. Casi todos comentaban ayer la jugada con rabia y muchos prometían dar batalla. Saben que en la unión está la fuerza. “Me quedo con tu teléfono por si te enteras de algo”, decía uno de los inversores al despedirse de otro afectado. Quién sabe, lo mismo surge hasta una buena amistad.

Lejos queda la cota de los 1,60 dólares que llegó a romper el euro frente al dólar en abril del año pasado. En estos momentos, con un sector financiero que sobrevive con respiración asistida, el petróleo batiéndose por alcanzar los 40 dólares el barril y la desconfianza llevando la batuta resulta complicado volver a aquellas cifras.

Los inversores prefieren pecar de prudentes. Apuestan por monedas ‘refugio’ y se conforman con no perder lo invertido. Además, a las monedas de altos tipos de interés aún les queda recorrido bajista.

Las ventas a corto dan paso a la consolidación de posiciones y, con la renta variable en mínimos, en el mercado la aversión al riesgo se hace más que palpable.

Ni siquiera la inesperada mejora del índice Zew, que mide la confianza empresarial en Alemania, lograba un cambio de tendencia en el mercado Forex. El indicador del sentimiento económico alemán correspondiente al mes de febrero ha mejorado hasta los -5,8 puntos, desde los -31 registrados el mes anterior. La estimación del consenso del mercado era de una lectura de -25 puntos.

El oro, en máximos.

Mientras el euro se desinflaba, el oro llegaba a marcar máximos anuales. El metal precioso volvía a hacer gala de su atractivo ‘refugio’ y, en su escalada, superaba los 960 dólares la onza.

Así, cuando quedaba apenas una hora para el cierre de los mercados del Viejo Continente, el euro se depreciaba cerca de un punto y medio porcentual frente al billete verde y se cambiaba en 1,26 dólares. El Banco Central Europeo (BCE) fijaba el cambio oficial en 1,2634 dólares.

También el avance del INE mejora en unas tres décimas porcentuales la previsión que se hacía en esta página de coyuntura nacional el 25 de enero. Cuando dispongamos de la información detallada, el próximo día 18, podremos ver dónde radican las diferencias. En todo caso, sorprende que, siendo los indicadores españoles de producción, de demanda y sobre todo de empleo los que más caen entre las grandes economías europeas, su PIB sea el que menos lo hace. El PIB alemán cayó un 2,1% en este trimestre; el francés, un 1,2%; el italiano, un 1,8%; el inglés, un 1,5%, y el del conjunto de la zona euro, también un 1,5%. En el mismo sentido, parece poco lógico que, siendo la economía española la que tiene todas las cartas para ser la más vapuleada por la crisis (la más expuesta a la restricción del crédito, dada su enorme dependencia de él, y una de las más afectadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria), haya sido de las últimas de la zona euro en caer en recesión técnica (dos trimestres consecutivos con retrocesos del PIB).

Respecto al IPC, sí que dimos en el blanco con nuestra previsión, aunque fue por casualidad. La inflación bajó del 1,4% al 0,8% (gráfico superior izquierdo), como preveíamos, pero ahí acaban todas las coincidencias. A nivel de grupos de productos, las desviaciones fueron importantes, aunque se compensaron. Descendieron menos de lo previsto los precios de la energía, pero lo hicieron más los de los bienes industriales no energéticos (BINE), al tiempo que los aumentos de los alimentos y de los servicios fueron significativamente menores.

Comparando el comportamiento del IPC con el de un año antes (que es lo que explica la variación de la inflación interanual), se observa que todos los grupos de productos se han comportado de forma menos inflacionista (gráfico superior derecho). Así, de las seis décimas en que se ha reducido la inflación, la tercera parte se debe a la energía; otra tercera parte, a los BINE, fundamentalmente al vestido y calzado (las rebajas este año han sido superiores a las del pasado año), y la otra tercera parte se lo reparten los alimentos y los servicios, destacando la rúbrica de turismo y hostelería. Por ello, la inflación subyacente ha descendido cuatro décimas, hasta el 2%.

Aparte de la caída del precio del petróleo y resto de materias primas, la causa que explica esta moderación de la inflación es la debilidad de la demanda. Podemos decir, por tanto, que ahora sí que empieza a ser genuina la desaparición del diferencial de inflación con la zona del euro (de hecho, este diferencial ya es negativo desde diciembre), en cuanto que no es debida sólo a la caída de los precios del petróleo.

Tras incorporar los datos de enero a los modelos de previsión, las perspectivas para lo que resta del año apenas cambian. Empeoran ligeramente las previsiones para el grupo de energía, debido a un cierto repunte del precio del petróleo y del dólar frente al euro respecto a los niveles prevalecientes cuando se hicieron las anteriores previsiones, pero mejoran las del resto de los grupos. Concretamente, en el mes de febrero en curso, la inflación se mantendría en la misma tasa que en enero, un 0,8%, pero en marzo recobraría la tendencia a la baja hasta llegar a una tasa negativa de -1% en julio; posteriormente se orientaría de nuevo al alza, para cerrar el año con un 1,4% en diciembre. La media anual se situaría en un 0,1%. Si el precio del petróleo se mantiene cerca de los niveles actuales, lo más probable es que la inflación sea incluso menor de la que pronostican los modelos univariantes, pues el efecto de la debilidad de la demanda posiblemente no lo estén recogiendo todavía en toda su magnitud

La resistencia del Gobierno a modificar la revisión del crecimiento de la inflación para este año (que ha mantenido anclada en el 2%), contrasta con el diagnóstico de los analistas, que no descartan el riesgo de deflación.

Las empresas deberán asumir un gasto equiparable al margen de diferencia que existe entre el crecimiento oficial del IPC y el avance real de los precios. Los datos del Gobierno se enfrentan con previsiones como las de la Comisión Europea –que estima que los precios se moderarán hasta el 0,6%– y Funcas –que prevé que incluso caigan hasta el 0,1%–.

Ayer mismo, los sindicatos y la patronal del sector del Vidrio y Cerámica dieron a conocer que el incremento salarial para 2009 se realizará sobre la inflaciónprevista del 2% más el 0,5%. Esta revisión afectará a 48.00 trabajadores y a unas 2.500 empresas.

La escasa reacción del Gobierno a la evolución real del IPC ha sentado como un jarro de agua fría entre las compañías, que también están alzando la voz la alarma ante la falta de medidas estructurales en el mercado laboral.

La patronal ha amenazado al Ejecutivo con no avanzar en el diálogo social si no plantean reformas del mercado laboral que aumenten la flexibilidad y que equiparen la indemnización por despido al nivel del resto de los países de la Unión Europea.

El baile descompasado entre la evolución de los salarios y la inflación real se enfrenta al criterio de los expertos, que llevan tiempo reclamando que la productividad sea la clave a la hora de negociarse los incrementos salariales año a año.

Aunque el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, hizo una llamada generalizada a la “moderación de sueldos”, su negativa a publicar una previsión de inflación para 2009 más realista puede llevar a que muchas empresas aceleren los despidos para evitar gastos adicionales que no pueden permitirse, según los analistas.

El Plan contempla medidas industriales y de impulso a la demanda correspondientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, medidas laborales (Trabajo e Inmigración), medidas de impulso a la logística (Fomento), medidas de impulso al I+D+i (Ciencia e Innovación) y medidas financieras (Economía y Hacienda).

En el ámbito industrial, el PIA incluye los 800 millones de euros en ayudas presupuestados en el Plan de Competitividad, que comenzarán a llegar a las empresas solicitantes en marzo próximo, según los planes del Gobierno.

También recoge una apuesta por el vehículo-híbrido eléctrico, con el objetivo de que en 2014 circulen por las carreteras españolas un millón de automóviles de este tipo. Para ello, se pondrá en marcha el Proyecto Movele, una prueba piloto consistente en la introducción de 2.000 vehículos eléctricos en entornos urbanos en 2009 y 2010, así como en la instalación de 500 puntos de recarga.

DIEZ MILLONES PARA EL COCHE ELECTRICO.

El proyecto cuenta con un presupuesto de diez millones de euros, de los que ocho millones corresponderán a la adquisición de vehículos, 1,5 millones a la creación de infraestructuras de recarga y 500.000 euros para asistencia técnica, gestión y comunicación.

En el ámbito de impulso a la demanda, el PIA incluye el Plan VIVE, dotado con 1.200 millones de euros, 700 para este año y los 500 restantes para 2010. El Plan Integral destina asimismo 40 millones a internacionalización de las empresas del sector.

Por lo que respecta a las medidas laborales, que deben aprobarse en el marco de la Mesa para el Diálogo Social, se establece la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social en 2009 y de forma excepcional, así como la ‘puesta a cero’ de la prestación por desempleo para los trabajadores afectados por ERE que posteriormente sean despedidos.

También se incluyen medidas en el ámbito de la formación para el empleo, la reducción de la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales y el control de los procesos y el gasto de la prestación por incapacidad temporal, al objeto de combatir el absentismo injustificado.

950 MILLONES EN ACTUACIONES LOGISTICAS.

En lo relativo a la logística, la dotación del PIA asciende a 950 millones de euros, destinados a potenciar el transporte ferroviario de mercancías, al desarrollo de un plan sectorial de mercancías por carretera y a la implantación de las denominadas “autopistas del mar”.

En cuanto a la innovación, las ayudas directas al I+D+i en el sector del automóvil sumarán 320 millones de euros en un período de dos años. A esta cifra se añaden cien millones de euros correspondientes a las deducciones fiscales por esta actividad.

Por último, en el ámbito financiero, el programa incluye las líneas ICO-Pyme e ICO-Liquidez, con un coste previsto de financiación de 650 millones de euros en 2009, así como los créditos que pueden solicitarse al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo de vehículos eficientes, para lo que la institución europea cuenta con un fondo de 8.000 millones de euros.

SEGUNDO MAYOR PLAN DE EUROPA.

Industria sostiene que este plan ocupa el segundo puesto en Europa por su dotación económica, sólo por detrás de Francia, que ha destinado 9.220 millones al sector del automóvil, y por delante de Alemania (2.000 millones) y Reino Unido (3.000 millones).

En lo referente a medidas para impulsar la demanda, el Plan VIVE (incluido en el PIA) representa una ayuda en la financiación de 2.000 euros por coche, por detrás de la ayuda directa de 2.500 euros en Alemania, pero por encima de las subvenciones directas de 1.000 euros en Francia y en Reino Unido.

Las ayudas a la demanda suponen el 0,109% del PIB español, frente al 0,06% en Francia y el 0,013% en Alemania. Además, las ayudas a la demanda y a la inversión representan el 0,38% del PIB nacional, en comparación con el 0,161% de Reino Unido, el 0,08% de Alemania y el 0,472% de Francia. El plan español representa un coste de 26.062 euros por trabajador, el segundo mayor de Europa.

La carta, enviada ayer a los principales asesores del presidente estadounidense Barack Obama y a los líderes por la mayoría y la minoría en el Senado, tiene un contenido similar a las preocupaciones que ya han mostrado otros socios comerciales de Estados Unidos, incluidos Canadá y la Unión Europea.

“La responsabilidad común compartida por los dos países, que son la primera y la segunda economía del mundo, es resistir juntos al proteccionismo”, dijo en conferencia de prensa el jefe de la Secretaría de Gabinete, Takeo Kawamura.

La carta. Kawamura dijo que la carta fue enviada por Ichiro Fujisaki, el embajador japonés en Washington, a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y al responsable del Consejo Económico Nacional, Lawrence Summers, y también al líder por la mayoría en el Senado Harry Reid y al líder por la minoría Mitch McConnell.

La profundización de la crisis financiera global y la incapacidad para completar la largamente aplazada Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio para incrementar el intercambio global de mercancías han generado temores de que los países bloqueen las importaciones para proteger empleos.

Ayer, el Senado de Estados Unidos votó a favor de atenuar la cláusula del “Compre Estadounidense” en su plan de estímulo de 900.000 millones de dólares, que originalmente permitía que sólo se usaran hierro, acero y productos manufacturados hechos en Estados Unidos en los proyectos de obras públicas financiados por la iniciativa.

La votación a favor de la enmienda se produjo luego de que Obama expresara su preocupación acerca de la posibilidad de una guerra comercial. La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense ya había incluido una cláusula de “Compre Estadounidense” en el plan de estímulo. Japón es el cuarto exportador a Estados Unidos, después de China, Canadá y México.

Quejas de Australia.

Australia condenó hoy las cláusulas del “Compre Estadounidense” en el plan de estímulo de Washington, advirtiendo que las medidas para proteger a las siderúrgicas estadounidenses conducirían a una guerra comercial con represalias. El ministro australiano de Comercio, Simon Crean, dijo que el Senado de Estados Unidos había tomado la decisión incorrecta cuando votó a favor de mantener las cláusulas del “Compre Estadounidense” en los proyectos de estímulo. “Este es el curso de acción incorrecto, ellos tienen que revertir su decisión”, dijo Crean en un comunicado. “Llevará a medidas de represalia, a una guerra comercial”.